-¿Cuál es hoy el principal déficit del sistema de vivienda en Uruguay?

-El déficit es cuantitativo en parte, pero tiene un componente muy fuerte de déficit cualitativo. Antes de abarcar la cuestión de la vivienda en términos de acciones para resolver los problemas del país en este tema, creo que hay que comprender que el mercado de la vivienda no es un mercado cualquiera. La vivienda no es un bien transable más. Termina siendo, de alguna manera, el punto de partida de la igualdad. No es todo, pero sin vivienda es muy difícil que tengas políticas de salud que funcionen si hay gurises en el barro, es muy difícil resolver los problemas de inseguridad si hay personas hacinadas en un cuarto y es muy difícil tener políticas educativas si hay niños que viven en el barro y sin una vereda por donde caminar. Entonces, la vivienda termina constituyéndose como el punto de partida para muchas cosas. El mercado regula precios, tiene un rol fundamental en la construcción de vivienda, en la generación de empleo y en la reactivación económica, pero es el Estado quien debe planificar la equidad. Y ahí hay dos grandes problemas. Uno se expresa en los más de 600 asentamientos que hay en Uruguay, cuyo 75% está en el área metropolitana, donde hay una pobreza multidimensional más compleja. El otro está en los sectores medios y medios bajos, que son los que hacen todo bien para el sistema, porque trabajan, estudian y cumplen, pero sin embargo no llegan a la vivienda. Tienen esa situación en la que el salario les queda cada vez más lejos de los precios de acceso a la vivienda, al menos de los precios que el mercado hoy da. En definitiva, el déficit es multidimensional y no hay una sola herramienta que logre solucionar de un día para el otro. Algunos factores responden a ausencia de decisiones o a malas decisiones del Uruguay, pero otros responden a los mercados inmobiliarios en el mundo entero. Precisamos al privado y al mercado para que genere más vivienda y stock, pero si el Estado no regula el acceso en las zonas centrales, es muy difícil. 

-¿Qué metas concretas en vivienda se propuso esta administración?

-En principio, nosotros no somos ni queremos ser una administración refundacional. Tomamos todo lo que entendimos que estaba bien hecho, se modificó lo que entendimos que había que modificar y se lanzaron nuevos proyectos, pero sí queremos recuperar la vivienda como derecho. La vivienda como derecho y el acceso al suelo como estrategia territorial y social. Y para eso, lo primero que hicimos fue un plan quinquenal de vivienda y hábitat, que por primera vez aparece la palabra hábitat y eso es así porque no solamente es construir vivienda, sino que también hay que construir ciudad, integración y convivencia. Entonces, este plan quinquenal incorpora la construcción, pero también otros instrumentos, como el alquiler social, el aumento del crédito del Banco Hipotecario y la reformulación del sistema cooperativo para aggiornarlo. El plan también incorpora planes que tienen que ver con la seguridad como el Más Barrio y la transversalización de la pobreza infantil con el programa Crece Desde el Pie. Hay un foco muy puesto en la emergencia, principalmente en niños, niñas y adolescentes y, por otro lado, hay un foco puesto en los sectores medios, aumentando el crédito y generando planes para esas familias.

-Es una política de vivienda bajo un gobierno del Frente Amplio (FA), que mira mucho el aspecto social.

-Sí. De alguna manera, se recupera y se busca hacer un énfasis mayor en este tema. El Plan Juntos empezó en el gobierno de José Mujica, pero el Ministerio de Vivienda de Cabildo Abierto lo mantuvo. La mirada social del Ministerio de Vivienda históricamente existe y es una política de Estado. Lo que se hace son transformaciones, énfasis distintos y colocación presupuestal. El Fideicomiso de Integración Social Urbana (FISU), que se generó en 2023 y se le colocaron recursos en 2024, nosotros no solo lo mantuvimos, sino que pasamos de US$ 350 millones a US$ 700 millones. 

-¿Cuánto condiciona el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) las decisiones de su cartera?

-Nosotros tenemos, como deben tener todos los ministerios, discusiones profundas con el MEF. Porque obviamente cada uno debe ejercer su rol. Gabriel Oddone hace su trabajo. El nuestro es garantizar el acceso a la vivienda a la población. Por eso también se hicieron transformaciones en cuanto al régimen de vivienda promovida. Tanto a la Asociación de Promotores de la Construcción, como a la Cámara de la Construcción o al MEF, les dijimos que estaba bien la ley de vivienda promovida y que fue muy útil para muchas cosas. Se levantaron barrios donde antes no se invertía, el aumento del empleo en la construcción fue notorio, las mejoras laborales en el rubro son claras, al igual que el aumento de stock de vivienda. Ahora, el acceso a los sectores medios no pasó. Fue una ley que terminó siendo muy buena para promover la inversión y el empleo, pero no el acceso a la vivienda. Lo que ocurre ahora es que los proyectos que superan los precios topeados que ponemos para el acceso de medios y medios bajos, que pueden ir con subsidios, van por el lado del MEF. Si el MEF entiende que esto es promoción de inversión y empleo, lo exonera y lo promueve. Lo que queda por debajo del tope lo promovemos nosotros como una política de acceso a la vivienda.

-¿Qué cambiaría estructuralmente del sistema si pudiera rediseñarlo desde cero?

-Hay que tener en cuenta que las herramientas son para un fin. Debemos tener bien claro cuáles son los objetivos y cuáles son los fines. Desde esa perspectiva, todas las normativas y regulaciones tienen que estar siempre bajo la lupa de una posible modificación, sobre todo en tiempos de transformación del mercado de trabajo y de los mercados inmobiliarios, además de las situaciones de pobreza tan distintas que tenemos año tras año. Por ejemplo, el sistema cooperativo viene planteando hace tres períodos que no pueden poner más de un enchufe por cuarto, porque la normativa no los deja, en un mundo en el que hay ceibalitas hace 20 años, donde toda la familia tiene celular y donde se impone el home office. Pensar que todo es letra muerta o tallado en piedra que no se puede modificar, no debería ser nunca parte de la gestión.

-¿Uruguay está preparado para el modelo de vivienda compartida o también llamado renta institucional?

-Uruguay no solamente está preparado para este modelo, sino que se debe generar la normativa y las reglamentaciones para que esto suceda, porque hay un país y un mundo que va hacia la soledad en la tercera edad y la mayoría de las demandas de vivienda colectiva son de la tercera edad. Hay que encontrar la forma de dar un préstamo a personas que ya no tienen la distancia en años para poder pagarlos. Hay que ver si es un préstamo puente, para que después paguen con la propiedad o ver otras opciones. Pero también hay demandas de familias, que lo que le piden al Estado es la normativa, porque dicen que ellos pueden acceder al crédito hipotecario de una vivienda, pero necesitan un marco que les permita construir un edificio para que vivan 20 familias con niños, con un espacio cuidado para todos. 

-¿Existe consenso político en materia de vivienda en el gobierno o hay discrepancias?

-Creo que hay una mirada uniforme, general y de convicción de la vivienda como un derecho social, de la necesidad de encarar las políticas hacia estos dos grandes públicos objetivos. Lo que sí tenemos es una competencia muy compleja y real de la necesidad de mantener ciertos niveles de movimiento de la economía, de inversión y de empleo, que lleva a que no podamos redireccionar algunos de los recursos que genera la producción de vivienda, con una estrategia y una mirada social.

-¿El modelo actual de subsidios es sostenible fiscalmente?

-Es sostenible, pero necesita ajustes de contralor. Con el plan Entre Todos hicimos algunas de esas transformaciones. El subsidio era una contribución económica no revisable por 30 años y eso no podía ser así, porque la situación laboral y personal de una familia cambia en ese tiempo. Eso va a pasar a ser revisable cada cinco años y es uno de los grandes cambios de este plan. Luego, está el subsidio a la permanencia por ley, desde 2017 o 2018, que se aplica preferentemente en el sistema cooperativo donde funciona bien, salvo por los niveles de control real que tiene acceso el Ministerio de Vivienda y es una de las cosas en las que estamos trabajando con el propio sistema cooperativo, para que podamos cruzar información desde el Ministerio con otras instituciones del Estado, para que ese subsidio llegue a las familias que realmente lo necesitan.

-¿Qué error no puede permitirse este gobierno en materia de vivienda?

-Creo que este gobierno no puede permitirse abandonar una mirada fuerte sobre el tema. Sería terrible olvidarnos de los que hacen todo bien, que trabajan, cumplen y pagan. Los monotributistas, por ejemplo, que no tienen aguinaldo, salario vacacional y que si no trabajan no cobran. Entonces, ahí hay desafíos para los cuales el Sistema Público de Vivienda y el Estado deben encontrar respuestas.