El contrato anterior había sido entre la OSE y el Consorcio Infraestructura Arazatí SA, con el objeto de realizar obras en Arazatí (San José). Ese contrato era flagrantemente ilegal al violar el Artículo 47 de la Constitución por darles a privados el manejo parcial del servicio público de abastecimiento de agua para consumo humano.

Esa ilegalidad fue reconocida por el actual gobierno en presentaciones realizadas en el Parlamento. Aun con ese reconocimiento explícito, no se siguió el camino legal de anular el contrato, como dispone el Código Civil, y se fue a una “negociación”.

En diciembre de 2025 finalizaron las negociaciones y se remitió el nuevo contrato al Tribunal de Cuentas. El dictamen del Tribunal en febrero fue categórico. Entre otras ilegalidades, se falló que el nuevo contrato modificó el objeto del original.

Más allá del “blindaje jurídico” del que habló el ministro de Ambiente, y de las pobres excusas del presidente de OSE, ese punto no pudo ser refutado y debiera ser suficiente para dar por terminado el asunto. Pero siempre hay un “pero”, OSE decidió reiterar el gasto, el Tribunal informó a la Asamblea General (Poder Legislativo) y allí quedó todo.

Así, el 5 de marzo, con prensa presente, se firmó el contrato “renegociado”. ¿Qué dice el nuevo contrato? Eso es una incógnita, ya que el mismo no se entregó a la prensa y no ha sido publicado.

Como otras veces, recuerdo el Memo de Intención con HIF de febrero del 24, algo que se firmó a la vista de todos, pero no se conoce lo firmado. Ya está presentada la solicitud de acceso a la información pública para conocerlo y para ello seguiremos, vencidos los plazos, con las instancias judiciales que correspondan.

Igualmente, algunas cosas del contrato se han podido conocer en base a las declaraciones del presidente de OSE y de la cara visible del “consorcio”, el Ing. Ruibal.

Sabemos que una nueva planta potabilizadora agregará hasta 200.000 m3 de agua al sistema metropolitano, algo que los estudios de 2013 de la empresa Aguasur decían que sería necesario para 2045. Eso en base a proyecciones de crecimiento de la población que ahora se sabe eran equivocadas. Eso quedó claro con el censo de 2023.

También sabemos que las obras contratadas por OSE implican un gasto de 213 millones de dólares, ese es el monto del que deberá disponer el contratista para realizar las obras. Sabemos por declaraciones del presidente de OSE que se le pagará al contratista un monto equivalente a 40 millones de dólares anuales por 17 años y medio, son 700 millones de dólares.

Así, el pago final sería 3,28 veces mayor que el costo de las obras.

A modo de comparación, el costo de las obras en el contrato original era de 288 millones de dólares y el pago en 17 años y medio alcanzaba los 855 millones, lo que establece una relación pago/costo de 2,96.

En conclusión, con la “negociación” el consorcio gana casi 11% más por cada dólar de obra.

Pero la pregunta que nadie formula es si esa obra es necesaria y oportuna.

La respuesta: OSE tiene hoy una capacidad de potabilización que supera la demanda del sistema e incrementarla no sería necesario en un escenario de baja poblacional.

Hoy OSE demanda del río Santa Lucía y potabiliza para el sistema metropolitano más de 600.000 m3 de agua diarios. De ellos, solamente se facturan unos 200.000, por lo que el 65% del agua potabilizada a gran costo por OSE se “pierde”.

De los 400.000 m3 perdidos diariamente, se estima que 280.000 son pérdidas físicas (roturas), y los otros 120.000 son consumos no contabilizados, hurtos de agua potable (Art. 340 del Código Penal). Esos hurtos significan más de 40 millones de dólares anuales de pérdida de facturación.

Agregar agua al sistema no es la solución, especialmente cuando eso implica sacar más agua del río. La solución es encarar seriamente la reducción de pérdidas y el control de los hurtos.

Estudios en poder de OSE proponen llevar la red de Montevideo al nivel, no ya de países desarrollados, sino solamente de las redes de OSE del resto del país, cuyas pérdidas son del orden del 30%. Eso permitiría reducir la demanda de agua del Santa Lucía en más de 200.000 m3 diarios, incrementar la facturación y reducir el costo de potabilización.

Los mismos estudios indican que el costo de ese proyecto sería de menos de 40 millones de dólares anuales por 10 años, que OSE dice no tener, pero se comprometió a gastar para la innecesaria potabilizadora.

Quizá más importante, la reducción de costos y el incremento de la facturación autofinanciarían el proyecto a partir del quinto año.

En esto el gobierno no tiene argumentos y evita la discusión, repitiendo slogans. Lamentablemente, así se gasta mal “la plata de los uruguayos”, cuando se dice que es un “deber moral” cuidarla.

(*) Magíster en Ciencias Meteorológicas. Docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa. Integrante del Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable).