La administración encabezada por el doctor Luis Lacalle Pou dejó un conjunto de problemas que hoy pesan. No se trata de una discusión retórica, sino de datos concretos que impactaron en la capacidad del Estado para responder con mayor profundidad a las demandas sociales. Esa situación condicionó la elaboración del presupuesto quinquenal, que es la herramienta central para financiar las políticas públicas que el Frente Amplio comprometió con la ciudadanía.

Aun así, nuestro gobierno ha optado por un camino responsable: ordenar, priorizar y avanzar. En este primer tramo de gestión se han sentado bases importantes: recuperación de capacidades estatales, reasignación de recursos hacia áreas sensibles y definición de políticas que apuntan directamente a fortalecer a los sectores más vulnerables. 

Pero este es el año en el que hay que comenzar a pisar el acelerador con mayor claridad. No porque antes no se haya hecho nada, sino porque los tiempos de la política y los tiempos de la gente no siempre coinciden. 

En ese marco, el Diálogo Social ocupa un lugar central. No es un gesto ni una instancia formal: es el cumplimiento de un compromiso asumido en campaña y respaldado por la ciudadanía en las urnas. A través de este proceso se convocó a organizaciones sociales, al movimiento sindical, a cámaras empresariales y a distintos actores políticos a construir acuerdos en torno a la protección y la seguridad social. 

Con matices, tensiones y debates, el proceso permitió generar insumos y acuerdos relevantes sobre problemas estructurales que el país arrastra desde hace años.

Uno de los ejes más importantes de ese diálogo tiene que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes, donde existe un diagnóstico claro sobre el impacto persistente de la pobreza infantil. En ese sentido, se avanza hacia la construcción de una prestación única que ordene un sistema hoy fragmentado, corrija errores de focalización y aumente de forma significativa los montos de las transferencias. 

En los hogares de mayor vulnerabilidad, esto implicará ingresos más altos, más estables y más fáciles de comprender, fortaleciendo la capacidad de esos hogares para sostener condiciones de vida dignas.

A su vez, se plantea mantener criterios diferenciales según el nivel de vulnerabilidad, reforzando especialmente a la primera infancia. Estas definiciones no son menores: implican poner en el centro a quienes más lo necesitan y reconocer que sin una intervención decidida en estas etapas, las desigualdades tienden a reproducirse.

El Diálogo Social también proyecta una expansión sustantiva del tiempo educativo y de cuidados, con el objetivo de universalizar la atención a los tres años y ampliar las modalidades de tiempo completo en la educación. Esto no solo mejora las trayectorias educativas, sino que también genera condiciones más justas para la inserción laboral, particularmente de las mujeres, avanzando en corresponsabilidad en los cuidados.

Estas medidas no son aisladas. Forman parte de una estrategia integral que busca fortalecer el sistema de protección social, hacerlo más simple, más equitativo y más eficaz. Porque no hay desarrollo posible si no se amplían las herramientas para que las personas puedan construir su propio proyecto de vida: educación, trabajo, cuidados, ingresos y un Estado presente que acompañe y equilibre.

En nosotros encontrarán defensores firmes —pero también racionales— del rumbo adoptado. Este gobierno es el resultado de un proceso político profundo, de años de acumulación, de militancia y de construcción colectiva. Y ese recorrido compromete: a sostener el rumbo, a mejorar lo que haya que mejorar y, sobre todo, a no perder de vista para quién se gobierna.

Sobre el Diálogo y su reflejo legislativo, no imaginamos una oposición díscola en estos temas o al menos mantenemos la esperanza de un acuerdo muy amplio para apuntalar estas transformaciones. La decisión de no participar del mismo e incluso de algunas declaraciones públicas no nos impedirá sentarnos en una mesa a resolver estos temas.

El camino no es sencillo. Nunca lo es cuando se gobierna con vocación de transformar. Pero hay un rumbo, hay un proyecto y hay una convicción clara: es posible construir un Uruguay más justo.

Ese es el desafío. Y también la responsabilidad.

(*) Diputado del Frente Amplio.