Antes que nada: no podemos llamar “empresas” a instrumentos de regulación y recaudación del gobierno de turno y que se administran en base a un reparto político cada cinco años. El Estado monopoliza o tiene posición dominante en muchas actividades como, por citar algunos más conocidos, Ancap en la importación y refinación de combustibles derivados del petróleo o producción de biocombustibles; UTE en la transmisión y distribución eléctrica, con peajes que, además, lo hacen comprador omnipresente de la generación eléctrica de privados; Antel, OSE y BSE tienen sus ejemplos monopólicos también.
No son empresas las que subordinan sus propios intereses estratégicos a las circunstancias políticas y electorales o a los programas financieros de un gobierno que, a través de ministerios y varias oficinas, deciden sobre cuestiones empresariales y sus políticas de inversión y de recursos humanos.
No son empresas las gobernadas por directores que en muchos casos no tienen idoneidad (más allá de que puedan ser políticos competentes o personas exitosas en su actividad, pero sin visión de largo plazo del negocio o formación adecuada para integrar órganos de gobierno colegiados de organizaciones complejas), con aspiraciones políticas, con responsabilidades difusas, sin rendición de cuentas personal o con remuneraciones paupérrimas que, además, se comparten con los sectores políticos que los propusieron.
No son empresas las que tienen las políticas de contratación de personal limitadas por absurdas normas generalistas que no distinguen el valor de mercado de las competencias necesarias para trabajar en el corazón burocrático del Estado (en el sentido weberiano, no necesariamente peyorativo) o en la refinería de Ancap, en una central de generación, en las redes de transmisión o en una subestación de UTE o en un datacenter o área de alta tecnología de Antel.
No son empresas: son meras administraciones que actúan en sistemas globales de negocios y que gestionan activos valiosos y complejos con decisivo impacto en negocios e inversiones en el país.
Todo este entramado que se profundiza y arraiga en el correr del tiempo, esconde patologías que son parte de la causa raíz de la enfermedad de nuestro sistema de empresas estatales. Algunas de estas patologías se pueden caracterizar como sigue:
Cortoplacismo: directores con mandato de cinco años máximo, con una curva de aprendizaje de al menos 18 meses y habitualmente con 12 meses de renuncia anticipada para campaña política.
Reparto político en lugar de selección por idoneidad y experiencia en la industria.
Demasiados agentes que hacen actos de dueño, pero sin responsabilidad por ellos.
Excesiva cantidad de controles formales, con reportes e informes detallados que requieren atención, pero no llegan a controlar lo esencial; desplazan la responsabilidad final en las decisiones a cuestiones burocráticas; desbordan a las organizaciones de contralor.
Confusión de roles: directores que hacen de gerentes y que asumen responsabilidades de otros que no se controlan.
Un marco laboral genérico que no gestiona las competencias específicas ni tiene en cuenta las exigencias, dificultades, demandas y dinámicas de los mercados de trabajo y educación.
Acuerdos laborales resultantes de la presión creciente de sindicatos que apuntan su accionar a la suma de cotizantes políticos más que a los intereses generales de sus afiliados.
Con riesgo de caer en generalizaciones injustas sobre personas preparadas y de buena intención atrapadas en un sistema perverso, cuando un director se encuentra con este marco de actuación, con estas reglas de juego, no tiene otra que actuar con desapego, espíritu refundacional y defensa de su existencia. No es problema de las personas, es el sistema que las condiciona. Es el reparto cortoplacista el que hay que atacar y eliminar y del que nuestro sistema político es rehén, cómplice y sustento.
La enfermedad de la gobernanza de las empresas del Estado desvía atención y fondos para otras verdaderas prioridades del Estado y, algún día, recordaremos que nada es eterno. Cabe recordar a símbolos de otras épocas como SOYP/ILPE, Pluna, AFE, El Espinillar, ONDA, La Aurora, Campomar, Sudamtex, Metzen y Sena, Frigorífico Anglo, Paylana, Tsakos o tantas otras. Con un costo elevadísimo para la sociedad, también caerá por sí sola la validez de aquel dicho de “muerto el perro, se acabó la rabia”.
(*) Presidente del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP).