Accidentes mortales, precarización, tercerizaciones y riesgos psicosociales volvieron a colocar la seguridad laboral en el centro de la agenda pública. En ese escenario, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) impulsa una nueva estrategia para reducir la siniestralidad y reforzar los controles en todo el país.
En diálogo con CRÓNICAS, Luis Puig, inspector general de Trabajo y Seguridad Social del MTSS, afirmó que Uruguay cuenta desde hace más de un siglo con una legislación avanzada en materia de protección laboral, aunque reconoció que en los últimos años se produjo un deterioro en los niveles de prevención y control.
Recordó que la Ley 5.032, aprobada en 1914, ya establecía con claridad la responsabilidad de los empleadores sobre la organización del trabajo y la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, remarcó que el marco normativo necesita estar acompañado por “acción práctica, trabajo tripartito y presencia permanente del Estado en territorio”.
“Perdimos una década como sociedad”
A su juicio, el debate sobre la seguridad laboral comenzó a ganar visibilidad pública durante la discusión de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, entre 2011 y 2014, ya que hasta entonces las muertes ocurridas en el ámbito laboral permanecían prácticamente invisibilizadas dentro de la discusión pública. “A fin de año se hacía evaluación de homicidios, rapiñas o narcotráfico, pero los trabajadores que morían desarrollando su tarea no aparecían por ningún lado”, sostuvo.
Según explicó, aquella discusión permitió instalar la problemática y generar mayores niveles de inversión en prevención. Eso derivó, afirmó, en una reducción significativa de accidentes graves y mortales entre 2010 y 2018. Sin embargo, advirtió que esa tendencia comenzó a revertirse tras la pandemia y que desde 2021 la siniestralidad volvió a crecer de forma sostenida. “Perdimos una década como sociedad”, resumió.
Frente a ese escenario, el MTSS presentó este año el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, iniciativa impulsada junto al presidente Yamandú Orsi y orientada a reducir accidentes graves y mortales mediante inspecciones, campañas y capacitación.
Para el inspector, uno de los principales desafíos es lograr que el tema deje de verse exclusivamente desde la sanción y avance hacia un cambio cultural más profundo. “No solo con inspecciones y sanciones se arregla esto”, declaró. A su entender, todavía existe una “baja percepción del riesgo” tanto en el ámbito privado como en el propio Estado, especialmente en los procesos de tercerización.
Uno de los principales desafíos identificados por el Ministerio es la situación laboral en el medio rural. Puig describió condiciones “inaceptables” detectadas en la zafra de caña de azúcar en Bella Unión, donde inspectores trabajaron durante 11 semanas consecutivas.
“Nos encontramos con falta de agua potable, viviendas deplorables y riesgos eléctricos. Había trabajadores que no tenían siquiera garantías mínimas si sufrían un accidente”, relató. El operativo incluyó inspecciones, clausuras, capacitaciones y coordinación entre trabajadores y empleadores. “Cambió una realidad que venía desde hace décadas”, aseguró.
También identificó como áreas críticas al citrus, las canteras, el arroz, el transporte y las plataformas de reparto, y cuestionó especialmente las condiciones laborales de los deliveries y el rol de los algoritmos en la organización del trabajo. En el caso del transporte de carga y pasajeros, alertó sobre las extensas jornadas, muchas veces incentivadas por sistemas de pago por kilometraje que reducen los tiempos de descanso.
En ese contexto, recordó que durante el último trimestre de 2025 las muertes laborales bajaron de un promedio de 12 a seis casos trimestrales, aunque insistió en que la situación sigue siendo “absolutamente inaceptable”.
La otra cara de la moneda
Además de los accidentes visibles, el Ministerio de Trabajo comenzó a incorporar con mayor fuerza los riesgos psicosociales dentro de su estrategia de prevención, ya que, según el experto, la salud mental representa hoy uno de los grandes desafíos pendientes del mundo laboral. “El acoso laboral enferma y mata, aunque muchas veces pase desapercibido”, afirmó.
En ese marco, el Ministerio trabaja en la reglamentación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), orientado a prevenir situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral. También se iniciaron procesos de capacitación para inspectores y equipos jurídicos especializados.
El jerarca advirtió además sobre la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y confirmó que el año pasado se trabajó junto a Fiscalía e Interpol en un caso de trata con fines de explotación laboral en Paysandú.
Finalmente, concluyó que, si bien la reducción reciente de los accidentes mortales representa una señal positiva, la situación sigue siendo “gravísima” y requiere un compromiso permanente de todos los actores involucrados.