La construcción del Parque Eólico Coxilha Negra por parte de Brasil en el territorio conocido como Rincón de Artigas ha vuelto a colocar sobre la mesa una de las cuestiones limítrofes más relevantes para la política exterior uruguaya. Aunque el proyecto fue concebido años antes, las obras se desarrollaron desde 2021, con la instalación de decenas de aerogeneradores en una zona que Uruguay considera un límite contestado.

El Rincón de Artigas comprende aproximadamente 237 km² y se encuentra actualmente bajo administración brasileña. Sin embargo, Uruguay sostiene desde 1934 que existió un error en la demarcación de la frontera realizada en el siglo XIX, por lo que ese territorio debería integrar el departamento de Artigas. Desde 1974, la cartografía oficial uruguaya identifica la zona como "límite contestado". Para comprender la magnitud del territorio reclamado, basta señalar que sus 237 km² equivalen a casi la mitad de la superficie del departamento de Montevideo, que posee 530 km².

La instalación de infraestructura permanente, como un parque eólico de gran porte, constituye un hecho de relevancia política y jurídica. Aunque Brasil entiende que ejerce plenamente su soberanía sobre el área, Uruguay dejó expresamente establecido, mediante una nota diplomática, que dichas obras no implican reconocimiento alguno de la soberanía brasileña sobre el territorio reclamado.

Lejos de deteriorar la excelente relación bilateral, esta situación puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el diálogo y encontrar mecanismos innovadores que permitan administrar la controversia mientras se procura una solución definitiva. Un primer paso podría consistir en solicitar a Brasil que se abstenga de autorizar nuevas construcciones, ampliaciones o intervenciones permanentes en el área reclamada hasta que ambas partes acuerden un camino para resolver la cuestión de fondo. Ello contribuiría a evitar que la consolidación de nuevos hechos materiales dificulte una futura solución.

Asimismo, resultaría conveniente constituir una comisión técnica bilateral integrada por especialistas en historia, cartografía, geografía, derecho internacional y demarcación de fronteras, con el cometido de revisar conjuntamente los antecedentes documentales y elaborar un informe actualizado que sirva como base para futuras negociaciones. Paralelamente, ambos países podrían establecer un mecanismo permanente de consultas políticas que permitiera abordar periódicamente este y otros asuntos fronterizos, evitando que la controversia permanezca relegada durante décadas.

Mientras el diferendo continúe pendiente, también podrían evaluarse fórmulas de cooperación transitoria. Entre ellas, acuerdos para el aprovechamiento compartido de determinados recursos naturales o de la infraestructura instalada, siempre dejando expresamente establecido que tales entendimientos no impliquen renuncia ni reconocimiento de las respectivas posiciones jurídicas. Este tipo de soluciones provisorias ha sido utilizado en distintas controversias territoriales internacionales para preservar la cooperación sin afectar los reclamos soberanos.

Si, pese a los esfuerzos diplomáticos, no fuera posible alcanzar un entendimiento bilateral, ambos Estados podrían considerar de común acuerdo la intervención de mecanismos internacionales de solución pacífica de controversias, ya sea mediante buenos oficios, mediación, conciliación, arbitraje o, eventualmente, recurriendo a la jurisdicción internacional competente, siempre sobre la base del consentimiento de ambas partes y del pleno respeto al derecho internacional.

En esa línea, y como parte de nuestra labor legislativa, en febrero presentamos dos pedidos de informes, uno dirigido a la Presidencia de la República y otro al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de conocer las actuaciones del Estado uruguayo, las gestiones diplomáticas realizadas y las medidas previstas para la defensa de nuestros derechos soberanos.

La política exterior uruguaya se ha distinguido históricamente por privilegiar el derecho internacional, la negociación y la solución pacífica de las controversias. Mantener firme el reclamo sobre el Rincón de Artigas, sin afectar la excelente relación con Brasil, constituye un equilibrio complejo, pero necesario.

El objetivo no debe ser generar un conflicto entre dos naciones hermanas, sino lograr que una controversia histórica encuentre, finalmente, un ámbito de diálogo que permita alcanzar una solución justa, respetuosa del derecho internacional y beneficiosa para ambos pueblos. Defender con firmeza nuestros derechos soberanos y, al mismo tiempo, preservar una relación bilateral ejemplar, no son objetivos incompatibles: son, precisamente, la mejor expresión de una política exterior madura y responsable.

(*) Diputado (s) de Cabildo Abierto.