Proyectos ejecutados en 2025 

De acuerdo con la exposición de motivos del Proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Gobierno, en el año 2025 la inversión en infraestructura fue de US$ 2.064 millones, abarcando vialidad y transporte, energía, vivienda, puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, agua y saneamiento, infraestructura educativa y de cuidados, ferrocarril y otros rubros.

El principal componente fue la inversión en proyectos viales, que alcanzó US$ 623 millones (30% del total). Este monto incluye las obras de la Dirección Nacional de Vialidad, la Corporación Vial del Uruguay, proyectos de Participación Público Privada (PPP) y caminería rural. Entre las principales actuaciones se destacan la continuidad de la duplicación de la ruta 5, intervenciones en las rutas 1, 3, 6, 9, 12, 20, 25, 26, 27, 45 y 90, y la construcción y rehabilitación de puentes estratégicos en todo el territorio nacional.

Las inversiones en energía y vivienda tuvieron un peso relevante, cada una con aproximadamente 18% del total ejecutado. En energía se destacaron obras de distribución eléctrica y generación, mientras que en vivienda sobresalieron los recursos volcados a cooperativas y nuevas viviendas.

Otros rubros relevantes fueron puertos y aeropuertos, con US$ 198 millones, donde se incluyeron las inversiones en las pasarelas del puerto de Colonia y obras en el puerto de Montevideo (dragado y accesos), así como inversión privada en terminales portuarias especializadas y en aeropuertos. En telecomunicaciones se ejecutaron obras por US$ 153 millones, destinados a mejorar la calidad y cobertura del servicio mediante obras en la red central, la conectividad fija de banda ancha y la red móvil en todo el país.

Además, se invirtieron US$ 86 millones en infraestructura educativa y de cuidados, sectores en los que se prevé intensificar la dedicación de recursos en los próximos años.

Inversiones para los próximos cuatro años

En el informe presentado al Parlamento se proyecta invertir por parte del Estado uruguayo US$ 9.630 millones en el desarrollo de infraestructura entre los años 2026 y 2029, tanto en nuevos proyectos como en los que se encuentran en proceso de ejecución actualmente. Como se observa en el gráfico Inversión en infraestructura, los valores en este período oscilan entre US$ 2.325 y US$ 2.515 millones, representando valores similares en cada uno de los años.

La composición de la inversión proyectada 2026-2029 (ver gráfico Participación por sector) muestra la prioridad en los sectores de transporte y logística, que concentran el 45% del total. Esta participación refleja el énfasis de la estrategia de inversión en fortalecer la conectividad, mejorar la infraestructura vial y logística y aumentar la competitividad del país.

En segundo lugar, se ubica el sector energía, con el 21%, consolidándose como otro de los principales destinos de los recursos destinados a infraestructura. El 34% restante se distribuye entre desarrollo territorial y movilidad urbana (14%), agua, saneamiento y riego (12%) y el sector social (8%).

Proyectos planteados en el proyecto de ley

Para los próximos cuatro años el proyecto de ley plantea el desarrollo de acciones específicas en diversos sectores. A continuación, se resumen los principales en cada uno de estos:

Transporte y logística:

·                   Obras en los accesos a Montevideo y Canelones.

·                   Duplicación de la ruta 11.

·                   Finalización de la ruta 26.

·                   Obras en más de 100 puentes en todo el país.

·                   Inversiones privadas de TCP en el puerto de Montevideo.

·                   Nuevo dique flotante en Puerto Capurro.

·                   Planta de almacenaje de krill.

·                   Acceso norte al puerto de Montevideo.

·                   Extensión de la red ferroviaria al recinto portuario de Montevideo.

Energía:

·                   Tercer corredor de transmisión de 500 kV.

·                   Expansión de generación solar fotovoltaica.

·                   Programa nacional de redes y medidores inteligentes.

·                   Modernización de redes de distribución.

Desarrollo territorial y movilidad urbana:

·                   Corredor Avenida Italia-Giannattasio hasta El Pinar.

·                   Corredor 8 de Octubre-Camino Maldonado-ruta 8 hasta Zonamerica.

·                   Tramo común por Avenida 18 de Julio hasta Plaza Independencia.

·                   Estudio técnico de evaluación de la incorporación de un tren de pasajeros en el tramo Progreso-Montevideo.

Agua, saneamiento y riego:

·                   Represa de Casupá.

·                   Nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes (proyecto Arazatí).

·                   Adecuación de obras del proyecto de Universalización del Saneamiento, donde se incluye la localidad de Atlántida.

·                   Ventanilla única para nuevos proyectos privados de riego.

·                   Piloto de riego multipredial de escala para cultivos de secano en arroyo San Salvador, Soriano.

Infraestructura social:

·                   Nuevas obras educativas bajo modalidad PPP: 12 escuelas de tiempo completo, 10 liceos, cuatro escuelas técnicas, tres escuelas agrarias, tres centros educativos asociados, 10 polideportivos y dos piscinas cerradas.

·                   Hospital de la Costa.

·                   Nueva cárcel de 1.200 plazas.

También se plantean acciones para mejorar la gobernanza y la gestión asociadas al desarrollo de los proyectos anteriores. Entre estas medidas se destacan tres iniciativas. La primera es la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, encargada de planificar y gestionar el sistema como una red integrada. La segunda es la implementación de una nueva generación de contratos, denominados Contratos de Mantenimiento de Activos Sustentables (Contratos MAS), que incorporan un enfoque integral para la gestión de la infraestructura vial y cuyos primeros tres proyectos ya fueron licitados en 2026. La tercera es el programa OSE Evoluciona, que busca fortalecer las capacidades de la empresa para gestionar de forma eficiente la infraestructura construida y asegurar que el esfuerzo de inversión genere valor de manera sostenible.

Espacio para participación privada en próximos años

Al contrastar con el PIB del año 2024, los recursos canalizados a obras de infraestructura en el año 2025 representaron el 2,5% de esta variable. Si se realiza el ejercicio para los siguientes años, manteniendo el valor del PIB del año 2024, este guarismo alcanzaría su máximo valor en 2027 (3,1%). Si bien este valor se encuentra dentro del promedio histórico de los países de América Latina (1,8%-3%), se sitúa por debajo del porcentaje anual que los organismos internacionales estiman necesario para cubrir la demanda de la población (6%).

La participación privada cobra relevancia para alcanzar este objetivo ya que Uruguay dispone de distintos instrumentos que permiten ampliar su involucramiento en el financiamiento y ejecución de infraestructura. El proyecto de Rendición incluye un Anexo donde se analiza el espacio disponible para la ejecución de proyectos por PPP en función de los topes establecidos por la ley que instrumentó este mecanismo (9% de valor presente de pasivos firmes y contingentes respecto del PIB y 0,7% de pagos anuales comprometidos respecto del PIB).

Como se observa en la Tabla de Cumplimiento de los topes legales de PPP, considerando el PIB del año 2024, se encuentran disponibles US$ 3.029 millones para asignar como pasivos firmes y contingentes y US$ 140 millones de compromisos anuales en nuevos proyectos de infraestructura.

Tabla - Cumplimiento de los topes legales de PPP

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Este análisis permite inferir que el esquema de PPP dispone de un espacio fiscal para poder implementarse, donde nuevas obras podrán estructurarse bajo esta modalidad. La priorización dentro de las múltiples necesidades de la población y la evaluación del impacto en las cuentas públicas será un ejercicio que las autoridades nacionales deberán considerar para maximizar la rentabilidad social de estos recursos.

(*) Socio - Director de AIC Economía y Finanzas.