Fue en mayo del año pasado que el entonces diputado por el Partido Nacional (PN), Pablo Abdala, presentó una denuncia por supuestos ilícitos en torno a la construcción de la regasificadora. Lo hizo junto a legisladores de otros partidos que en ese momento formaban parte de la oposición. Hoy sigue de cerca el caso y está a la espera de una resolución.
En el documento se indicaba que había habido “irregularidades e ilicitudes” en la concesión a las empresas GNLS –propiedad de GDF Suez- y OAS de la construcción de la planta regasificadora de Puntas de Sayago. Esas conclusiones habían sido determinadas en la Comisión Investigadora creada en la Cámara de Diputados con el fin de indagar al respecto.
Actualmente, el caso se encuentra en plena etapa de investigación judicial en Crimen Organizado. El último movimiento realizado fue el pedido del fiscal Luis Pacheco, de que se mandara un exhorto a Brasil para que envíe toda la documentación del “acuerdo de delación” en el que se denunciaba al exministro de Desarrollo del gobierno de Dilma Rousseff, Fernando Pimentel.
El también exgobernador del Estado de Minas Gerais, fue condenado en noviembre del año pasado por el Tribunal Electoral, a 10 años y seis meses de prisión por tráfico de influencias y lavado de dinero.
Si bien no fue procesado por el tema de la regasificadora sino por otro caso –ha recibido diversas denuncias de presuntos cobros de sobornos, entre otros delitos-, reconoció que había intermediado a favor de la empresa OAS para construir un gasoducto, bajo el mandato del expresidente José Mujica. La planta, que nunca se llegó a edificar, le costó varios millones de dólares a Uruguay.
Pacheco solicitó además, a la Cámara de Representantes, todos los documentos vinculados a la investigación, incluyendo los informes que habían sido declarados reservados por la cámara con los votos del Frente Amplio, que en ese momento tenía mayoría parlamentaria.
El Dr. Abdala, hoy presidente interino del Directorio del PN, ha seguido el tema de cerca. En conversación con CRÓNICAS, lamentó la lentitud con la que se maneja la Justicia y expresó que no ha habido más avances porque se está a la espera de la respuesta de estas gestiones de Pacheco.
La expectativa que tiene es que haya consecuencias, porque desde un principio sostuvo que los hechos que se investigaron y denunciaron tenían “apariencia delictiva”. “Yo creo que la relación con OAS claramente describe situaciones de abuso de poder de quienes actuaron en aquel momento a la hora de adjudicarle a la empresa los dos contratos”, es decir, el de la construcción de la planta y el del gasoducto. Por tanto, resta que la Justicia defina si por esta conducta es imputable alguno de los funcionarios que intervinieron.
El nacionalista recordó que la expresidenta de Ancap, Marta Jara, era la gerenta general de Gas Sayago. “Obviamente hubo una responsabilidad por parte de los directorios de Ancap y de UTE de la época, porque las decisiones se tomaban o en el Directorio de Gas Sayago, donde actuaban directores de ambas empresas públicas, o en los directorios de las mismas”, explicó. Quiere decir que ellos autorizaban directa o indirectamente las adjudicaciones.
Finalmente, Abdala opinó que la regasificadora “es una perla más de un largo collar de negocios ruinosos y de proyectos fracasados que generaron pérdidas y un daño económico evidente al Estado y a muchas empresas nacionales que no cobraron sus créditos, a las cuales OAS no les pagó y que tuvieron problemas de rentabilidad y de funcionamiento muy severos”.
El coronavirus y su efecto en el sistema político
La irrupción del fenómeno del coronavirus y de la emergencia sanitaria que enfrenta el país, ha tenido incidencia en la economía, el trabajo, la producción, el comercio y también en el sector público, lo que incluye al propio Parlamento.
“Todos hemos tenido que adecuarnos a esta realidad, que nos obliga a una gran solidaridad y a actuar con mucha responsabilidad. Por supuesto, los dirigentes políticos y los gobernantes tienen el primer deber de predicar con el ejemplo, de manera que las decisiones que han tomado me parecen lógicas”, aseveró Abdala.
En el ámbito del PN se ha restringido la actividad al mínimo, por lo cual se han suspendido asambleas, plenarios y encuentros de agrupaciones y de distintos órganos partidarios que se reúnen habitualmente en la casa del partido.
El martes pasado, las autoridades de las distintas fuerzas políticas fueron convocadas por la Corte Electoral, que les transmitió su preocupación por las dificultades que enfrenta para organizar la elección de mayo en estas condiciones. La institución comunicó que no puede garantizar el normal desarrollo de la votación. Entre otras cosas, habría que movilizar a una gran cantidad de gente y capacitar a 42.000 integrantes de mesas, lo que es impensable en la situación actual.
Es por esto que los partidos tienen el desafío de analizar cómo proceder. “La primera decisión que hay que tomar es si las elecciones del 10 de mayo se ratifican o se postergan. Ese es un análisis que hay que empezar a hacer ahora con el Parlamento y los coordinadores de bancada”, comentó el exdiputado. Además, en caso de decidir la suspensión o postergación de los comicios, deberán estudiarse los posibles mecanismos legales que lo permitan sin que se agreda la Constitución.
