Las gremiales empresariales comprendidas por las disposiciones que comenzarán a regir a partir del 1º de abril, se unieron en pos de conseguir una prórroga en la implementación para incorporar modificaciones. La Asociación de Escribanos asegura que sus profesionales no soportan más carga y que el Estado no tiene la infraestructura necesaria para implementar la normativa, mientras que Ascoma y la Cámara Inmobiliaria (CIU) afirman que los artículos 40 y 41 de la Ley de Inclusión Financiera redundarán en una caída de las ventas y en un perjuicio en la operativa de las automotoras e inmobiliarias. Es por esto que la próxima semana presentarán un borrador con nuevas sugerencias. Sin embargo, el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, ratifica que las modificaciones ya fueron resueltas en reuniones previas y que, a pesar de continuar abiertos al diálogo, no habrá postergaciones.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
Desde el 1º de abril de 2018 regirán las disposiciones contenidas en los artículos 40 y 41 de la Ley de Inclusión Financiera Nº 19.210. Por un lado, se establece qué medios de pago deben emplearse para efectuar los pagos en dinero en las operaciones relativas a bienes inmuebles y vehículos, cuando el precio de la operación supere el equivalente a 40 mil UI (US$ 5.000 aproximadamente). Por otro lado, la norma exige que se contemplen determinadas cuestiones y formalidades al momento de documentar las operaciones.
Las gremiales empresariales más afectadas por la normativa se unieron en pos de solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas una prórroga por entender que las disposiciones no comprendían la casuística de los sectores lo que, a fin de cuentas, derivaría en caos administrativo y problemas en la aplicación.
El bloque empresarial está compuesto por la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma), la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU), la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), la Asociación Nacional de Rematadores Tasadores y Corredores Inmobiliarios (Anrtci) y la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu).
Los escribanos son los primeros en alzar su voz en contra de los nuevos artículos. La presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Ana Ramírez, indicó a CRÓNICAS que “el Estado no tiene la infraestructura para dar cumplimiento a la ley” y agregó que los escribanos se encuentran severamente afectados por la Ley de Inclusión Financiera y la Ley de Prevención de Lavado de Activos.
Una de las principales alertas de los notarios, según la presidente, es la consecuencia de ser inhabilitados en el ejercicio de la profesión por cuatro años, en caso de incumplir la norma.
“Somos los principales colaboradores del Estado pero se nos siguen sumando cargas que el gremio notarial ya no resiste”, apuntó Ramírez.
Para la presidente, al día de hoy es “inviable poner en funcionamiento la ley” por la importante incertidumbre que conlleva.
En lo que respecta al ejercicio de los escribanos,Ramírez afirma que no tienen las certezas suficientes y asegura que para que el sistema notarial esté listo para llevar a la normativa se requiere una prórroga de, al menos, un año más de trabajo.
Con este pedido como punta de lanza, los notarios se movilizarán el próximo lunes 19 a las 8:30 horas, en oportunidad del Consejo de Ministros, hasta la Plaza Independencia, donde leerán una proclama y extenderán una misiva al presidente de la República, Tabaré Vázquez.
Por su parte, el presidente de Ascoma, Agustín Romelli, asegura que las disposiciones afectarán directamente a los pagos en efectivo y especialmente a aquellas personas que, con el dinero ahorrado en su poder, pretendan adquirir un vehículo.
“No hay manera de que pueda aceptar efectivo”, declaró Romelli. Efectivamente, en el nuevo escenario, las formas de pago aceptadas para montos elevados, serán: letras de cambio cruzadas, que deberán estar a nombre del adquirente del negocio jurídico, cheques comunes o diferidos, cruzados y con la cláusula de “no a la orden” (admitiéndose el uso de cheques diferidos sin la cláusula de “no a la orden” hasta el 31 de diciembre de 2018) y medios de pago electrónico.
En conversación con CRÓNICAS, Romelli destacó que a pesar de la buena penetración de la inclusión financiera que derivó en que las mayoría de las compras ya se realicen con los medios de pago mencionados, “existe un porcentaje que no es pequeño, de ventas que se realizan en efectivo”.
Asimismo, el presidente de Ascoma presiente que obligar a que el dinero en efectivo pase a ser bancarizado y, por lo tanto, solicitar que se declare el origen de los fondos-algo que ya se hace con los montos elevados para evitar el lavado de activos-, redundará en un desestímulo para los compradores. “Sin dudas habrá una baja en las ventas”, confirmó Romelli.
Por otra parte, el presidente reconoce que las disposiciones serán de ayuda para eliminar un mercado negro de vendedores de autos que “tendrán que blanquear sus operaciones o dejar de hacerlo”.
Finalmente, Romelli calificó la medida como negativa por el impedimento de utilizar el efectivo y sus consecuencias en las ventas.
Otro de los sectores potencialmente golpeado por la normativa es el inmobiliario. El presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU), Wilder Ananikian, coincide con Romelli en que los puntos que comenzarán a regir en abril golpearán las ventas y también afectarán a la operativa.
“Gente que ha ahorrado y que tiene dinero bien habido en su casa no podría comprar y tendría que ir a explicar al banco de dónde sacó la plata y ahí empiezan los líos porque hoy abrir una cuenta está complicado”, reconoció el presidente de la CIU. A su vez, añadió que, en el caso de las propiedades, los escribanos deberán dejar de aceptar las señas en efectivo.
“En el borrador de los artículos 40 y 41 de la Ley de Inclusión Financiera hay ciertas cosas que tenemos que reglamentar”, indicó el presidente de la CIU y afirmó que están en contacto con el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba.
A la hora de evaluar la reunión mantenida la semana pasada entre el asesor y las gremiales, Ananikian la califica como “muy positiva” y resalta sin dudar que el equipo económico del Poder Ejecutivo fue receptivo a que las gremiales le enviaran la casuística de lo que sucede hoy en los diversos sectores y los problemas que podría haber luego de implementarse la normativa.
En la reunión se conversó, entre otros aspectos, acerca de cómo resolver las ventas encadenadas (cuando hay varios negocios y se transfieren las letras, quién es el beneficiario final)- la reglamentación establece que el escribano solo debe controlar la última transacción y no toda la cadena- y qué sucede con las permutas totales o parciales- que no se verán alteradas porque no se da un intercambio de dinero-. Asimismo, las gremiales discreparon en cuanto al monto mínimo de 10.000 UI que prevé la norma. “Intentamos subirlo”, reconoció Ananikian.
A su vez, el empresario aseguró que es fundamental tener las normas claras al momento en que entre en vigencia la ley.
Como crítica adicional, el presidente de la Cámara Inmobiliaria agregó que los problemas coyunturales que tienen los cajeros en Montevideo- producto de actos delictivos o problemas en el abastecimiento- se suman a los estructurales de aquellas localidades que no tienen cajeros o bancos cercanos, lo que dificulta el acceso a las compraventas por parte de la ciudadanía.
Asimismo, Ananikian acotó que los rematadores se verán perjudicados porque tampoco podrán aceptar el dinero en efectivo.
“Esta ley lleva dos años de postergación, el gobierno no estaba preparado para todos estos cambios. Nos hemos reunido muchas veces porque hay artículos que pueden afectar la dinámica diaria del negocio”, sostuvo.
“Ojalá se pueda prorrogar, no creo que lo hagan, pero espero que tomen nota de la casuística de cada sector”, culminó Ananikian.
Diálogo sin prórroga
El Ministerio de Economía y Finanzas no contempla la posibilidad de una prórroga. En diálogo con CRÓNICAS, el asesor del MEF, Martín Vallcorba, manifestó que en la instancia de reunión entre las gremiales y el Ministerio donde se discutieron, y resolvieron, todas las dudas planteadas hasta el momento por los implicados.
“Hubo un pedido de postergación de la norma pero les respondimos que no sucederá porque no hay razones para eso”, indicó el asesor y apuntó que se aclararon todas las dudas sin necesidad de implementar modificaciones.
“La reglamentación limita exclusivamente el pago en efectivo, y el 99.9% de las transacciones, sobre todo de las inmobiliarias, no se hace de ese modo sino con letras de cambio y eso seguirá funcionando como hasta ahora”, puntualizó el asesor.
Con respecto al incremento de la carga sobre los escribanos, Vallcorba señaló que “no hay una alteración significativa del trabajo de los escribanos, lo que van a tener que hacer es dejar constancia en el documento que respalda la operación, qué instrumento se utiliza para pagar; por lo tanto no hay una recarga excesiva de trabajo”, comentó y agregó que la verificación del origen de los fondos es algo que los profesionales ya realizan al ejercer la prevención del lavado de activos. “Más allá de que puedan discrepar con algunos aspectos de la ley, los propios escribanos reconocen que en este tema el Poder Ejecutivo y particularmente el MEF ha tenido una apertura que no es la usual”, comentó y añadió: “No debe haber antecedentes de una ley que haya sido discutida de forma tan participativa como lo ha sido esta”.
Vallcorba asegura que las gremiales harán llegar una propuesta concreta en caso de evaluar la necesidad de introducir modificaciones, algo que hasta el momento no ha ocurrido pero que las gremiales planean ejecutar en los próximos días, según comentaron a CRÓNICAS.
Legalmente
Para el socio del estudio Galante & Martins, Diego Galante, el principal cambio de estos artículos radica en la limitación del uso del efectivo, algo que va en línea con operaciones comprendidas en otros artículos de la Ley de Inclusión Financiera.
De hecho, el efectivo, que ya fue eliminado para ciertas operaciones con anterioridad al 1º de abril como es el caso de los alquileres o de los salarios. “Va a cambiar la forma en la que se hacen las operaciones en Uruguay, antes había libertad para utilizar el efectivo y ahora no podrá ser posible”, reflexionó Galante.
El ejecutivo estima que las operaciones no solo tendrán que cambiar su forma de pago sino su instrumentación ya que se deberán respaldar con documentos escritos. “Hay compraventas que se hacían incluso verbalmente y que ahora requerirán pruebas”, apuntó. “A los escribanos se les suma una cantidad de controles que la ley les obliga a hacer, deben verificar que los pagos se hagan como prevé la ley y si esto no se hace hay previstas sanciones por incumplir la norma”, puntualizó.
