El auge de las aplicaciones de reparto y transporte abrió una salida laboral rápida para cientos de trabajadores, en su mayoría migrantes. Sin embargo, detrás de la aparente flexibilidad, se esconde una realidad de desprotección: quienes manejan motos, autos o bicicletas para plataformas como Rappi, Uber o PedidosYa son considerados independientes y carecen de derechos básicos. En diálogo con CRÓNICAS, el abogado y especialista en derecho del trabajo, Federico Rosenbaum, alertó sobre los riesgos del modelo y sus consecuencias a futuro.
En julio de este año, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley N° 20.396 para regular el trabajo en plataformas digitales como Uber, Cabify, PedidosYa y Rappi. Esta normativa busca garantizar condiciones laborales mínimas y justas, aunque no zanja la discusión sobre la dependencia o autonomía de los trabajadores. Federico Rosenbaum, doctor en Derecho, profesor de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y especialista en derecho del trabajo y seguridad social, analizó en diálogo con CRÓNICAS las tensiones, vacíos y desafíos que enfrenta el país en este nuevo escenario.
Uno de los puntos centrales que introdujo el decreto es que las prestaciones en plataformas pueden realizarse bajo relaciones de carácter dependiente o autónomo. La definición jurídica del vínculo no se basa únicamente en lo que establezcan los contratos, sino también en “los hechos, circunstancias y razones que han llevado a la decisión”.
Sobre este aspecto, el abogado señaló que la primera barrera está en cómo las empresas encuadran a quienes trabajan y mencionó que “en cualquiera de esas plataformas, el punto de arranque problemático es que, cuando contratan, disponen que son considerados como independientes. Pueden llamarlos socios, conductores o repartidores, pero en el fondo son independientes”.
Esto, en la práctica, implica ausencia de derechos. “Toda la protección laboral está asociada a la categoría del trabajo dependiente. ¿Qué quiere decir? Que estos, formalmente, si no son trabajadores dependientes, la protección que tienen es cero, ninguna. Ningún derecho, absolutamente”, remarcó.
La discusión no se agota en la letra de los contratos. Para el especialista, existe una distancia evidente entre lo que dicen los papeles y lo que sucede en la práctica. “Por más que la formalidad diga eso, en los hechos el trabajo que desarrollan estas personas, en muchas ocasiones no tiene nada que ver con el trabajo independiente”, afirmó. Según explicó, las empresas de plataformas son las que organizan la actividad, controlan y sancionan cuando no se cumplen los parámetros. “Hay una gran brecha entre la realidad y la formalidad”, sentenció.
Esa brecha ha derivado en reclamos judiciales y “la justicia de nuestro país ha sido unánime” en determinar que, en la práctica, muchos de estos trabajadores cumplen condiciones propias de la dependencia.
Fiscalización insuficiente
Si bien la reglamentación constituye un avance, todavía persisten limitaciones en la capacidad de control. El abogado explicó que uno de los principales obstáculos es presupuestal y tiene que ver con los recursos disponibles. Según señaló, “el Ministerio de Trabajo tiene una barrera de recursos humanos y económicos. La Inspección de Trabajo siempre reclama más recursos y este nunca ha sido un tema prioritario para fiscalizar”.
A su vez, destacó que existen dificultades de carácter operativo. Con el caso de Uber como ejemplo, aseveró que “es muy difícil fiscalizar estas situaciones. ¿Qué tendría que hacer el inspector? Pedir un Uber y hablar con el conductor. No hay un espacio físico como en una industria donde se pueda ingresar, hablar con los trabajadores y controlar. Es una barrera bastante compleja”.
Falta de protección social
La facilidad para ingresar a estas aplicaciones también explica en buena medida el crecimiento del fenómeno. Señaló que “viene un migrante en condiciones de informalidad, con una mano adelante y otra atrás, y lo primero que hace es buscar un trabajo de fácil acceso. Estos empleos tienen barreras muy bajas, como tener un auto, una moto o una bici, una cédula y un celular con datos. Nada más”.
El atractivo de recibir ingresos semanales termina pesando más que las consecuencias futuras. “No se ven los problemas a mediano y largo plazo. No van a tener una jubilación, no van a tener protección social, nada de eso. Pero, como el contexto de esta gente es tan duro, esos problemas no entran en la balanza”, advirtió.
La dispersión de los trabajadores dificulta la organización sindical, aunque existen agrupaciones en el transporte y algunas asociaciones en el reparto. “No son técnicamente sindicatos porque formalmente no son trabajadores dependientes. Pero hay organizaciones. Y en todas ellas hay coincidencia en algo: consideran que el trabajo, como está organizado hoy, es un trabajo precario, con muchas dificultades”, afirmó.
Las posturas varían, si bien algunos reclaman ser reconocidos como dependientes con aguinaldo, licencia y salario vacacional, otros priorizan la autonomía y la flexibilidad horaria que les permite este tipo de empleo.
¿Qué pasa si se formalizan?
Rosenbaum reflexionó sobre las consecuencias de una eventual formalización generalizada: “Sin lugar a dudas, sería enormemente positivo para el sistema de seguridad social. Estamos hablando de muchísimos trabajadores informales. Cada aporte suma y también permitiría darles protección social inmediata y a largo plazo”.
Advirtió que, de no resolverse, se generará un problema futuro. “Hay que pensar qué va a pasar dentro de 25 años. Vamos a tener otro problema arriba de la mesa: cómo darle plata a esta gente que llega a la jubilación y no aportó un peso en 25 años, eso va a ser un problema”, remarcó.
