El Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) alertó sobre la puesta en peligro del secreto profesional a raíz de un pedido de lista de clientes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Como consecuencia, solicitan al nuevo gobierno que se revise la normativa para facilitar la práctica profesional.
El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) aguarda con expectativa la asunción del nuevo gobierno, con el cual esperan formar espacios de intercambio donde plantear sus opiniones.
Además de que se preparan para estudiar la Ley de Urgente Consideración y la Rendición de Cuentas previstas para marzo de 2020, la normativa referente al Lavado de Activos les inquieta y esperan avanzar al respecto junto a la nueva administración.
De hecho, los profesionales denuncian que se ha vulnerado el secreto profesional.
Desde que se estableció la ley 19.574, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en 2017 y el posterior decreto 379 al año siguiente, se estimuló que se fiscalice la actividad de los profesionales, en el marco de que se vean involucrados directa o indirectamente en negocios o transacciones que puedan involucrar capitales de dudosa procedencia. Sólo en este ámbito la Senaclaft tiene facultades de investigación.
En entrevista con CRÓNICAS, la presidenta del CCEAU, Cristina Freire, expresó que en el mes de diciembre, se realizó una serie de investigaciones a contadores por parte de la Secretaría, en las que se les solicitó aparte de los datos habituales, que presentaran sus listas de clientes y qué actividades realizaban con ellos. Para Freire el pedido de esa información es indebido porque vulnera el secreto profesional.
En el comunicado publicado se detalla que el CCEAU, desde antes de la puesta en marcha de la nueva ley, había elaborado normas para sus asociados en línea con la prevención del lavado de activos. “La inspección a colegas (sean sujetos obligados o no) requiriendo y dando plazo para la presentación de listados de clientes con detalles de su actividad, violenta el derecho constitucional de los profesionales a guardar reserva con sus clientes”, expresa el documento.
El cometido de la Secretaría es evitar el lavado de activos, por lo que puede pedir información si hay una transacción o empresa sospechosa de esa actividad ilícita. Por este motivo, Freire cuestiona que en esta oportunidad se haya solicitado información cuando no se trata de operaciones cuestionadas.
De cara al próximo gobierno
Consultada acerca de si realizarán algún planteamiento al gobierno electo, Freire confirmó que lo harán y agregó que esperan tener diálogo con la administración que llevará adelante Luis Lacalle Pou.
“Esto no termina con un gobierno y empieza con otro, esto continúa porque hay una ley y hay que respetarla. En esa medida el Colegio va a continuar brindando su colaboración, sobre todo lo que queremos es tener un intercambio de ideas”, reflexionó.
En esa misma línea, indicó que desde el CCEAU, se puede ver la parte práctica de la ley porque ellos son quienes están cerca de los empresarios, y pueden estudiar la situación. “Podemos darle una impronta que a veces a través de un escritorio no se ve”, puntualizó.
