El director ejecutivo de Audea, Alejandro Veiroj, explicó a CRÓNICAS las propuestas presentadas en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados. Incentivos fiscales para los seguros de vida y un marco legal para combatir el fraude son las prioridades. Según Veiroj, el país mantiene desde hace casi tres décadas una penetración del seguro de apenas 1,5% del PIB, lo que evidencia la falta de una política de desarrollo del sector.
El pasado viernes 26 de setiembre, la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea) compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, donde presentó dos iniciativas orientadas al desarrollo del mercado, una vinculada a la tributación de los seguros de vida y otra destinada a combatir el fraude mediante el intercambio de datos entre compañías.
En la propuesta presentada, la gremial resaltó cinco dimensiones en las que el seguro contribuye al país: apoyo a la producción —con más de US$ 140 millones indemnizados por la sequía de 2023—, protección del patrimonio —como los más de US$ 100 millones tras el incendio del shopping de Maldonado—, cobertura de la vida cotidiana —con 800 percances diarios y US$ 2,7 millones en pagos cada día—, respaldo a la inversión —con proyectos asegurados por más de US$ 2.000 millones— y solvencia financiera para responder a eventos mayores.
En diálogo con CRÓNICAS, el director ejecutivo de Audea, Alejandro Veiroj, comentó que buscan disminuir la brecha que mantiene a Uruguay rezagado respecto de la región. “Nosotros tenemos un lineamiento estratégico de desarrollo de mercado muy fuerte, dado que en Uruguay el seguro está subutilizado, hay una diferencia muy grande respecto de los demás países del mundo con medidas comparables”, afirmó.
En el caso de los seguros de vida, la propuesta apunta a generar incentivos que promuevan su contratación. “En Uruguay, los seguros de vida concentran una de las partes más importantes de la brecha aseguradora”, explicó. A su vez, mencionó que “generar incentivos al uso del seguro y a la inclusión aseguradora” es clave para lograr un mercado más dinámico.
Respecto al fraude, enfatizó que “la ley de seguros permite a las compañías crear bases de datos comunes, pero no se estableció una excepción a la ley de datos personales, esto es lo que proponemos”. Según dijo, el objetivo es que las aseguradoras puedan compartir datos sensibles únicamente con ese fin. “Cuando uno va a combatir el fraude necesita nombres de personas”, subrayó.
Hacen falta incentivos
La participación del sector asegurador en la economía uruguaya, según mencionó, sigue prácticamente estancada. “La penetración del seguro en Uruguay permanece en torno al 1,5% del PIB desde 1995”, apuntó, y añadió que la situación es el resultado de múltiples factores. La principal causa, a su juicio, es la falta de una estrategia sostenida: “Nunca hemos tenido una política activa de desarrollo de los seguros”.
En contraste, destacó que en otros países se aplican seguros obligatorios, estímulos fiscales y tarifas diferenciadas para los sectores más vulnerables. “En el mundo existe una fuerte promoción del seguro como herramienta para que las familias y las empresas gestionen sus riesgos. En Uruguay eso nunca ha existido”, remarcó.
En la misma línea, explicó que el atraso se nota sobre todo en los seguros de vida. “Ahí está el 75% de la diferencia con países comparables”, subrayó. Para revertirlo, Audea planteó un cambio tributario de bajo costo fiscal. “El impacto en las finanzas públicas es muy marginal, de como máximo US$ 10 millones a corto plazo, pero eso se compensa con el aumento de la demanda de seguros y con la disminución de la presión sobre los sistemas estatales de salud y previsión social”, sostuvo.
Un desafío a largo plazo
Las iniciativas fueron remitidas al Parlamento, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Banco Central y al Banco de Seguros. “En general, la propuesta cuenta con el apoyo de casi todos los actores desde el punto de vista conceptual”, aseguró.
Para él, el desafío está en superar la lógica del corto plazo. “El problema que tenemos es que estas iniciativas son a largo plazo. Muchas veces los efectos no se ven de forma inmediata y cuesta convencer a los tomadores de decisiones de pensar en un horizonte temporal largo”, reflexionó.
De todas formas, insistió en la urgencia de avanzar y en que “sería muy inteligente como país adoptar estas medidas desde ahora para que, dentro de 10, 20 o 30 años, tengamos una sociedad más protegida”.
En el plano político, la primera reunión dejó señales favorables. “La respuesta que tuvimos verbal es que estaban de acuerdo con que había que promover y desarrollar el mercado, y que estaban dispuestos a tener una mesa de trabajo conjunta con una agenda establecida”, relató.
Inclusión aseguradora en agenda
Para Audea, el desarrollo del mercado no es solo un tema sectorial, sino de política pública. “Desde el sector asegurador, junto con el Banco Central y el Banco de Seguros, tenemos una visión de que el mercado tiene mucho campo para desarrollarse y que eso va a mejorar la resiliencia de nuestra sociedad”, dijo Veiroj.
El objetivo inmediato es crear una comisión de promoción y desarrollo del mercado de seguros con participación público-privada. “Así como hubo una política de inclusión financiera, ahora hablamos de inclusión aseguradora”, concluyó.
