Por Raúl Viñas (*) | @Uruguay2035
Con ligeras variaciones, la creación del Ministerio de Ambiente estuvo en los programas electorales de casi todos los partidos políticos para la pasada elección. Así, la propuesta de su creación fue de los aspectos menos resistidos de la que se denominó Ley de Urgente Consideración (LUC), aunque no estuvo exenta de polémica, que comenzó con el nombre del nuevo ministerio y se extendió a su conformación.
El resultado “políticamente correcto” alcanzado no colmó las expectativas de los que impulsaban una institucionalidad ambiental más centralizada. Así, a pesar del nuevo ministerio, se mantiene la superposición de los temas ambientales, en especial el agua y el cambio climático, en varias carteras y se disocia del tema ambiental el ordenamiento territorial.
Eso porque se mantienen en el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), un ministerio de producción, áreas con funciones ambientales sobre cambio climático, recursos naturales, bosques nativos y otros. De esa forma, continúa siendo el MGAP, en algunos temas ambientales, juez y parte.
Por otra parte, el Ordenamiento Territorial, cuyos planes y directivas definen situaciones ambientales, se dejó asociado a la vivienda humana, que es menos del 2% del territorio
Serán estos, seguramente, temas de discusión a futuro, especialmente en las instancias de Presupuesto y Rendición de Cuentas.
Aun así, la creación del nuevo ministerio es una buena noticia, pero “en desarrollo”. En el proyecto de Presupuesto a estudio en el Parlamento se genera una estructura con cinco direcciones, donde las unidades relacionadas al cambio climático conforman una, se mantiene la Dirección Nacional de Aguas, se divide a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en dos direcciones, y se crea la Dirección de Secretaria.
Hasta ahí lo puramente institucional, que se refiere a la organización de la burocracia estatal con respecto los temas ambientales.
En lo normativo, el nuevo ministerio cuenta para su accionar con un conjunto de leyes destinadas al control ambiental de las actividades humanas, que en algunos casos han tenido modificaciones o agregados que redujeron su efectividad o la capacidad de fiscalizar o prevenir efectos ambientales. Un ejemplo lo constituyen las normas que han modificado la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley 18.308), como la que define condiciones especiales para las áreas costeras del Río de la Plata y el Océano Atlántico.
Algunos proyectos de ley ingresados en esta legislatura, como el de la inclusión en el código penal de delitos ambientales, o el de limitación de la plantación masiva de árboles a las zonas de prioridad forestal, podrían agregar a la institucionalidad ambiental.
Quizá el mayor desafío para el nuevo ministerio será el de operar sin tener explícitamente definida una política ambiental, para, a partir de ella, definir claramente los objetivos que se pretende alcanzar.
El agua, su disponibilidad y calidad, los suelos, la calidad del aire, así como los temas derivados del consumo humano de recursos en forma de desechos, residuos y su agotamiento; además del cambio climático, todos son temas que deberán ser atendidos por el nuevo Ministerio.
Una de las tareas más importantes es el estudio y definición sobre la conveniencia o no de que se desarrollen en el país proyectos que puedan afectar la calidad del ambiente. En esa tarea debe entenderse que el nuevo ministerio no tiene como misión la de “aprobar” ambientalmente proyectos, sino que la de estudiarlos e incluso negarles autorizaciones si no se llega a los niveles de cuidado necesarios para la sostenibilidad del ambiente y los ecosistemas.
Un caso paradigmático en el que el nuevo ministerio tendrá que actuar es el de la planta de celulosa de la empresa UPM en el Río Negro.
Sobre ella han sido numerosas las declaraciones en la campaña electoral en el sentido de que será indispensable un amplio y férreo control ambiental, no tolerándose que la planta contamine o no cumpla las normas ambientales.
En tal sentido, el nuevo ministerio se encuentra con una planta que cuenta con una autorización ambiental otorgada a UPM luego de un estudio de nueve meses, cuando en países como Finlandia un proceso similar puede llevar cinco años. En esa autorización quedaron pendientes de resolución temas de capital importancia ambiental, entre otros, la localización y forma de la producción de los químicos para la operación, la disposición final de los residuos sólidos y, especialmente, la dilución de los efluentes contaminados en las aguas del Río Negro.
En todos esos temas se verificó, mediante el acceso a los expedientes en Dinama, el incumplimiento por parte de UPM de los plazos dispuestos en la resolución autorizante y el incumplimiento también de las prórrogas concedidas.
Esto llega al punto de que en las últimas comunicaciones del proyecto desde la Dinama se habla de la conveniencia de contar con información de los temas faltantes antes de la construcción, sin especificar plazos ni hacer referencia al flagrante incumplimiento de UPM, en lo que constituye una renuncia injustificada e injustificable del control estatal a una planta que, por sus características, nunca hubiera sido permitida, por ejemplo en Finlandia, que rechazó una de la mitad del tamaño de esta en diciembre de 2019 después de, como se dijo, cinco años de estudios.
Lo que falta entregar por parte de UPM son estudios indispensables para posibilitar la cuantificación de los efectos sobre el ambiente de la operación de su planta, algo sin lo que nunca debió habilitarse autorización ambiental alguna.
Tal parece que cuando se habla de la seguridad jurídica y del cumplimiento de los compromisos, se hace unilateralmente, considerando solamente los asumidos por el Estado uruguayo, mientras que se cierran los ojos ante los incumplimientos, al nivel de burla hacia la autoridad del país, por la contraparte; en este caso, la empresa UPM.
Cosas como esa no pueden suceder, ahora que se cuenta con un ministerio específicamente dedicado a los temas ambientales, sin otras áreas que pudieran significar una distracción para los jerarcas; salvo que se acepte a la empresa UPM como con un poder superior al de las normas del Estado en cuyo territorio solicita operar.
Tienen ahora las autoridades del nuevo ministerio, que han sido informadas de la situación, la oportunidad de cambiar este estado de las cosas exigiendo el cumplimiento inmediato de los estudios faltantes, suspendiendo toda obra hasta tanto no se cumpla con la entrega de los informes y que los mismos hayan sido aprobados con criterio técnico por las autoridades competentes, que de considerarlos insuficientes o inconvenientes por sus resultados, deben negar los permisos faltantes.
No hacerlo es una señal de inseguridad jurídica al mostrar que las normas del Uruguay pueden ser “estiradas” por parte de una empresa con suficiente capacidad de presión sobre el Estado. Aceptar este tipo de trato rebaja a la República a una condición inaceptable de vasallaje.
Uruguay no es UPM y a UPM no le importa Uruguay ni los uruguayos, así como tampoco le importa Finlandia ni los finlandeses. Es en Finlandia que esa empresa multinacional está cerrando una de sus plantas, despidiendo a casi 500 trabajadores, mientras que además reduce en 15% el personal de sus líneas de producción de celulosa.
Debe quedar claro que esto no es de ninguna manera contra la empresa que así opera para maximizar sus ganancias, en beneficio de su estructura y sus accionistas, como debe ser. Tampoco contra las autoridades del nuevo ministerio de las que sólo cabe esperar defiendan los intereses de sus empleadores, que somos todos los uruguayos, en beneficio del Uruguay y de los uruguayos del futuro de quienes tomamos prestado este territorio y sus recursos.
(*) Magister en Ciencias Meteorológicas. Docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa. Integrante del Movus (Movimiento por un Uruguay Sustentable).
