Seguridad pública, garantía de libertad

Por Guillermo Maciel (*) | @macielguillermo

La seguridad ciudadana es la primera de las libertades, por cuanto ella vela y garantiza el ejercicio pleno de las demás libertades. Un Estado que no garantice la seguridad, difícilmente podrá garantizar ninguna de las otras libertades.

El derecho a vivir en paz, sin miedo y sin violencia, constituye un derecho fundamental que se debe preservar concibiendo a la seguridad ciudadana como un patrimonio nacional que permite el ejercicio efectivo de la libertad en su más amplio sentido. Es obligación del Gobierno, velar por la integridad física, la vida y los bienes de las personas, previniendo y reprimiendo el delito.

La seguridad es un derecho fundamental del individuo y un deber para el Estado. Un derecho humano exigible, que debe ser garantizado y protegido.

En este contexto, cabe señalar que la realidad indica que lamentablemente, la principal preocupación de los uruguayos, es la inseguridad y la delincuencia. Donde el reclamo, devine en que es imperioso mejorar la situación de la seguridad, si realmente deseamos construir un país moderno y avanzado, porque la sociedad no mejorará, si se encuentra en un estado de indefensión, acosada por el delito, y padeciendo la incertidumbre y el temor. La presencia o no de seguridad en una sociedad condiciona su funcionamiento, pero sobre todo, la calidad de vida de sus ciudadanos y su desarrollo humano.

En la actualidad, la ciudadanía padece y asiste a una crisis en materia de seguridad pública, como nunca se había visto en la historia de nuestro país. A una situación record de delitos y de violencia, que se puede calificar de catástrofe.

Lamentablemente y como ya sabemos, los proyectos ideológicos no entran en razón. Son dogmáticos. Y los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, se han manejado con una visión ideológica de la seguridad, lo cual no solo les ha impedido manejar el tema y los problemas de inseguridad, sino que no tienen soluciones para atenderlos. No escuchan, han fracasado rotundamente y lo que es peor, aplican un modelo que está agotado. Pese a las advertencias, los nulos o pésimos resultados y a la contundencia de la realidad, se siguió e insistió, en un rumbo equivocado. En consonancia se ha incumplido una vez más con la gente, por cuanto se le había prometido bajar un 30% algunos delitos (las rapiñas) y las mismas han aumentado más de un 55%. Y también se prometió bajar la reincidencia delictiva a un 30% y hoy supera el 62%.

En efecto, la realidad demuestra que los delitos se han disparado exponencialmente en Uruguay y hoy roban desde iglesias, merenderos, jardines de infantes, escuelas, y hasta a los propios policías.

El gobierno ha actuado, en forma improvisada, ideologizados, sin una estrategia que obtenga resultados positivos, sin coherencia, sin sentido común, sin convicción, sin sensibilidad, sin autocrítica y sin coraje. Persistiendo en el error, se ha llegado a esta terrible situación.

Caminar tranquilos por la calle; llegar a la casa y que no la hayan robado; ir a trabajar y no correr riesgo de vida; salir de noche sin miedo; todo esto y mucho más es un derecho de la gente y un deber del gobierno de brindar seguridad.

La población no quiere más explicaciones, ni diagnósticos. Reclaman no más familias presas, que deben vivir enrejadas, mientras en la calle los delincuentes caminan libremente.

El escenario es que ayer los uruguayos festejaban no los robaron, hoy festejan que los robaron y no los mataron.

Asistimos a un gobierno fallido y a un Estado ausente, en proteger a la población de una delincuencia cada vez más osada.

Donde la seguridad mejoró, pero para los delincuentes. Por cuanto, parecería que es más seguro que no los agarren, que no los procesen, que no vayan presos, que no cumplan toda la pena, que tengan mayor impunidad, que actúen con menor riesgo, y que se salgan con la suya. Hoy gana el que delinque. Y esto es intolerable.

La inseguridad es consecuencia directa de la gestión del gobierno. Y los principales responsables de la inseguridad son: los delincuentes por su accionar; el gobierno por su responsabilidad en no combatir eficazmente el delito y la impunidad.

La experiencia comparada demuestra que es posible restablecer y recuperar la Seguridad. Y en este sentido toda la oposición es casi coincidente en la mayoría de medidas que se deberían de adoptar y tiene una agenda en la materia. Sin lugar a dudas, se está en condiciones de acordar, coordinar, políticas de Estado, medidas y acciones para revertir la situación. Donde el primer paso será el respaldo a la policía, sumado a brindarles más facultades para su accionar, a restablecer la autoridad y el cumplimiento efectivo de las leyes. Donde la premisa en lugar de culpar a la víctima, sea perseguir a los responsables. Con personas idóneas al frente de la seguridad. Con fuerte y visible empatía con la gente y con las víctimas. Donde víctima y victimario no son iguales, ya que uno salió a robar y matar, mientras que el otro a trabajar, estudiar o hacer sus tareas. Priorizando vaciar las calles de delincuentes, en lugar de vaciar las cárceles. Con políticas de prevención y disuasión, que impliquen potenciar las Comisarias de los barrios, cerca de los vecinos, con más y mejor patrullaje y un nuevo esquema de  despliegue de las fuerzas policiales. Con una fuerte represión del delito por a través del fortalecimiento de las investigaciones y la inteligencia policial, de forma tal de permitir mejorar las tasas de aclaración de los delitos, combatiendo así frontalmente la impunidad y haciendo justicia. Y una enérgica apuesta a la real y efectiva rehabilitación de la población reclusa, para bajar los índices de reincidencia criminal. Y donde la imposición de las penas tenga como objetivos generales: la protección de la sociedad; la justicia a las víctimas de delito; la prevención de la delincuencia; el castigo justo al autor del delito; y la rehabilitación social del convicto.

En suma, combatir la impunidad que resulta ser la principal, mayor y la mejor aliada e incentivo de la delincuencia.

Las acciones a adoptar deberán estar dirigidas a revertir la política de las tres “i” que hoy dominan la situación y que implican: ineptitud (para llevar adelante políticas exitosas); irresponsabilidad (para cuidar a la gente); e insensibilidad (para con las víctimas).

Debe quedar claro que el problema en nuestro país no es la policía. El problema es, la conducción política y la mala gestión de la seguridad pública, por parte de gobierno.

Garantizar la seguridad es garantizar la vida y la libertad.

(*) Director del Observatorio en Seguridad de Fundapro.