Por Rafael Seijas (*) | @seijas_rafael
El presupuesto es la instancia donde la Intendencia de Montevideo (IM) proyecta para los próximos cinco años sus acciones y las metas que se propone alcanzar, disponiendo cómo va a gastar el dinero que recauda a efectos de cubrir las necesidades de los vecinos de Montevideo.
Hace poco más de una semana se aprobó el presupuesto. Mucho se ha dicho en redes y medios de prensa al respecto por distintos ediles y referentes de los partidos que somos oposición en Montevideo.
Pretendo, a efectos de realizar un aporte al lector en este espacio, mencionar las ideas centrales para que se pueda comprender este presupuesto, y posteriormente centrarnos en analizar aspectos menos conocidos.
El presupuesto se aprobó solo con los votos del Frente Amplio. Los partidos de oposición votamos en contra por entender que no resuelve varios de los principales problemas de los montevideanos, no plantea acciones para que tengamos una ciudad limpia, no mejora el estado de las calles, ni un transporte urbano más ágil y fluido.
Si comparamos la distribución del Presupuesto Quinquenal anterior con el de Cosse, el actual aumenta los gastos de funcionamiento un 26%, los sueldos se incrementan un 6% y las inversiones se reducen un 24%.
Se puso énfasis desde la oposición en el perjuicio que genera el recorte de inversiones con fondos propios de la Intendencia, que tiene como consecuencia que se van a hacer menos obras en los barrios, menos calles nuevas, menos bacheo, menos cordón cuneta, etc. Se trata de obras que no se pueden financiar de otra manera.
El gran buque insignia de la campaña de Cosse, el Plan ABC, no tiene el respaldo económico ni la prioridad en el presupuesto que se suponía que tendría.
Y desde la oposición dejamos en evidencia los gastos excesivos o llamativos en estos meses de la intendenta, las 58 contrataciones directas de compañeros frenteamplistas con importantes salarios y el millón de dólares gastado en las temporadas de la NBA.
Luego de esta breve síntesis de los principales aspectos del presupuesto, que son temas importantes, pero que para ahondar en ellos terminaría inevitablemente repitiendo un análisis que seguramente ya leyeron o escucharon, les propongo profundizar sobre aspectos pocos difundidos del presupuesto.
Nos llamó la atención uno de los programas más caros del ABC: Oportunidad Trabajo.
Al comparecer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la directora del Departamento de Desarrollo Social informó que $440.000.000 se destinan al programa ABC Oportunidad Trabajo. Este plan implica contratar a 2.000 personas por un semestre para trabajar, acompañarlas y darles herramientas para insertarse al mercado laboral. En el primer semestre se contratan 1.000 trabajadores y en el segundo otros 1.000.
En esta comisión, en respuesta a preguntas del edil Javier Barrios Bove, la directora explicó cómo funciona el programa y de qué manera se utiliza ese dinero.
A efectos de ejecutar este proyecto, la Intendencia no actuó en forma directa, sino que contrató a 25 ONG para que realicen el acompañamiento y aporten herramientas para la inserción laboral de los 2000 trabajadores. Respecto a la distribución de los gastos, el trabajador recibe por mes, como salario, $18.490, y la ONG que lo apoya recibe aproximadamente $14.010 por mes, por cada trabajador.
Terminan percibiendo casi lo mismo quienes hacen el acompañamiento, que el trabajador a quien se busca beneficiar.
Si tomamos en cuenta que cada ONG acompaña a varios trabajadores al mismo tiempo, que reciben aproximadamente $14.010 al mes por cada trabajador y que este programa abarca a 2.000 beneficiarios durante seis meses, concluimos que hay un monto muy elevado de dinero que terminan cobrando las organizaciones sin fines de lucro. Es dinero que no llega en forma directa al destinatario del plan, monto que según nuestra opinión es un exceso y podría ser destinado a contratar un número mayor de trabajadores.
El segundo aspecto que nos proponemos analizar está relacionado con la afectación al derecho de propiedad.
De parte de algunos sectores de la izquierda siempre ha existido un ensañamiento con atacar el derecho a la propiedad, y nos llama poderosamente la atención que en pleno siglo XXI se siga insistiendo en este tipo de temas.
El Departamento de Planificación de la Intendencia tiene dentro de sus metas “Disponibilizar inmuebles urbanos para políticas sociales de la IM a partir de la transferencia al dominio público de inmuebles con deudas tributarias significativas”. Esto significa expropiar a quienes tienen deudas importantes sin pagarles nada.
En la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Junta Departamental, ante nuestras preguntas sobre el tema, nos respondieron: “Concretamente, respecto al tema de los inmuebles que mencionaba recién la directora, no estamos en condiciones de indicar nada, ni cuáles ni cuántos; simplemente estamos hablando de inmuebles con deuda. Por lo tanto, en realidad son activos de la IM cuyas deudas superan el valor. Lo que tiene que hacer la Intendencia es recuperar activos que le son propios, no disponer de recursos”.
La expropiación es una potestad que tienen los gobiernos para actuar en forma excepcional, por necesidad y para utilidad de toda la sociedad, debido a que se obliga al propietario a venderle al Estado su inmueble, quiera o no.
El derecho a la propiedad privada está consagrado en nuestra Constitución como un derecho inviolable, limitado por la expropiación.
Entendemos que esto es un abuso; la expropiación no está pensada para cobrar deudas y adquirir bienes sin pagar. Existen vías judiciales previstas para cobrar las deudas de los ciudadanos con la Intendencia.
Hay un doble discurso, ya que la intendenta Cosse, hace pocos días, al conocerse los 10 años de deuda de tributos del senador Andrade con la Intendencia de Canelones, le restaba importancia y escribía en redes sociales “ladran Sancho”, pero si la deuda es de un monto mayor, de un ciudadano común en Montevideo, quiere adoptar otro criterio.
(*) Edil del Espacio 40 por el Partido Nacional en Montevideo.
