Por: Martín Vallcorba (*)
El comienzo del último año de este período de gobierno, y el inicio de un nuevo ciclo electoral, brinda una oportunidad propicia para evaluar los principales resultados económicos obtenidos por esta administración y repasar cuánto se avanzó en las reformas estructurales comprometidas al inicio de su gestión, así como también evaluar los desafíos que enfrentará el próximo gobierno.
Evaluación de resultados económicos del gobierno: luces y sombras
Teniendo en cuenta las proyecciones oficiales de crecimiento económico para 2023 y 2024, este período de gobierno concluirá con un desempeño económico muy pobre, con una tasa de crecimiento promedio anual del 1,5%, lo que se suma al bajo crecimiento registrado durante la última administración del Frente Amplio (FA). De esta manera, Uruguay habrá experimentado una década de crecimiento económico muy modesto.
En cuanto al empleo, se observa una evolución positiva a nivel agregado, con la recuperación de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia y la última administración del FA. A pesar de ello, la tasa de empleo aún se encuentra por debajo de los máximos históricos del período 2011-2014. A su vez, persisten problemas de calidad en los empleos creados, especialmente en 2023, con trabajos de pocas horas y bajos ingresos, lo que se refleja en el aumento que se observó el año pasado de la informalidad y el subempleo, aunque igualmente se mantienen por debajo de los niveles de 2019.
Con relación a los ingresos, en 2023 se registró un importante aumento del salario real, revirtiendo la caída experimentada en los tres años anteriores (2020-2022). No obstante, el salario real promedio de 2023 aún se sitúa ligeramente por debajo del promedio de 2019, además de la importante caída acumulada en el poder adquisitivo de salarios y pasividades durante los primeros años del gobierno.
La reducción de la inflación el año pasado contribuyó a que la recuperación del salario real fuera más rápida de lo esperado. Sin embargo, este logro inflacionario debe ser evaluado teniendo en cuenta que, en buena medida, ello fue consecuencia del significativo atraso cambiario generado por la política del BCU. Como se suele decir, siempre hay un tipo de cambio que permite cumplir el objetivo de inflación, pero se deben considerar los efectos negativos que ello puede generar en materia de competitividad de la producción nacional.
En materia fiscal, si bien hasta setiembre de 2022 el gobierno implementó un profundo ajuste fiscal, reduciendo significativamente el déficit, posteriormente se inició una etapa de expansión del gasto, que generó un importante deterioro fiscal y un aumento del nivel de endeudamiento. Las proyecciones recientes del equipo económico confirman este deterioro, con un aumento de la deuda en 2023 de US$ 1.000 millones por encima de lo estimado en junio pasado, y un aumento del déficit fiscal previsto para 2024 de US$ 500 millones respecto a lo estimado antes.
Reformas estructurales: avances notoriamente insuficientes
Desde la campaña electoral y el inicio de su gestión, el gobierno ha enfatizado la importancia de implementar reformas estructurales para generar transformaciones profundas en el país. Sin embargo, muchas de estas reformas han quedado en meros anuncios.
Una de las principales reformas fue la llamada «reforma de la seguridad social», que en realidad se trató sólo de una reforma previsional. Si bien presenta aspectos positivos, como la unificación de los subsistemas previsionales y una mejor focalización de subsidios en los sectores de menores ingresos, también tiene problemas derivados del aumento de la edad de retiro al barrer, además de no abordar las inequidades en el financiamiento. Por otra parte, no logró avances sustantivos en la sustentabilidad del sistema, que era su objetivo central.
Otra reforma destacada fue la «nueva institucionalidad fiscal», que incluyó la implementación de la regla fiscal que, a pesar del énfasis con que se la suele presentar, ha tenido un impacto limitado en la práctica, sin evitar el manejo discrecional de la política fiscal ni reducir su prociclicidad, ni tampoco evitar los ciclos electorales del gasto.
En cuanto a la «transformación educativa», y más allá de las valoraciones que se puedan hacer por parte de los expertos sobre sus aspectos sustantivos, se llevó a cabo en un contexto de reducción de la inversión pública en educación, lo que sin duda limita toda posibilidad de implementar una verdadera transformación en este ámbito.
Por último, varias reformas anunciadas no han mostrado avances significativos, como las reformas del Estado, la gobernanza de las empresas públicas, el mercado de capitales, el mercado de combustibles, la mejora del clima de negocios y los mecanismos de promoción de inversiones. Un destaque especial merece la ausencia de avances significativos en materia de inserción internacional, con una política caracterizada por un rumbo errático y una actitud confrontativa con los socios del Mercosur que no ha generado resultados positivos.
Desafíos para la próxima administración
La próxima administración deberá abordar la emergencia social y la creciente fragmentación, con altos niveles de pobreza infantil y un aumento significativo de personas en situación de calle, muchas de ellas con problemas de salud mental y consumo problemático de drogas. Además, será necesario implementar políticas que faciliten la reinserción laboral de las personas liberadas, aspectos todos que también se relacionan con los crecientes problemas de seguridad y convivencia ciudadana.
Asimismo, será crucial revertir el deterioro en la calidad de los servicios públicos, especialmente en salud y educación, y avanzar en una verdadera transformación educativa. Entre otras cosas, se requerirá universalizar las escuelas y liceos de tiempo completo. El modelo de clases en secundaria de tres horas y 45 minutos diarios ya no se puede sostener.
Todos estos desafíos requerirán un conjunto de reformas y políticas públicas, que demandarán un esfuerzo presupuestal importante, en un contexto de limitaciones fiscales. Por lo tanto, será fundamental llevar adelante una agenda pro-crecimiento que aumente la tasa de crecimiento potencial de la economía, con acciones decididas en cinco áreas clave: inserción económica internacional, inversión, educación, productividad y competitividad, y promoción y defensa de la competencia.
Solo así se generarán los recursos necesarios para financiar las políticas públicas requeridas, sin comprometer los equilibrios macroeconómicos, requisito indispensable para el desarrollo, ya que como solía destacar Danilo Astori, «no existen experiencias exitosas de desarrollo económico y social en el mundo sin estabilidad macroeconómica».
(*) Economista y exasesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
