Nuestra grieta

Por Felipe Schipani (*) | @FelipeSchipani

El término “grieta” se popularizó en Argentina para significar la fenomenal división social que generaron  los gobiernos kirchneristas a lo largo de una década. Afortunadamente nosotros estamos lejos de eso, desde que en el año 1904 dejaron de resolverse las controversias políticas en los campos de batalla, reina en el país la civilidad política.

Sin perjuicio de lo anterior, en el Uruguay existe una grieta que cada vez se profundiza más, y es la grieta que divide a los que alcanzan a recibir una educación de calidad y a aquellos que son expulsados del sistema educativo o ni siquiera llegan a él.

Esta situación es relativamente novedosa. Desde la escuela laica, gratuita y obligatoria de José Pedro Varela, todos nos hemos vanagloriado de nuestra educación pública en su rol de generador de igualdad de oportunidades, independientemente del lugar en donde a cada uno le tocó nacer. En los bancos de nuestras escuelas públicas se sentaban los hijos del peón rural y el estanciero, y del obrero y el patrón.

Según datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a los 22 años el abandono del sistema educativo en 2015 alcanzaba a la mayoría de los jóvenes (56%), un 7% continuaba asistiendo y solo un 37% había finalizado la educación obligatoria. Por su parte el egreso de la educación obligatoria se presenta atravesado por importantes inequidades. Mientras que entre los hogares del quintil de más bajos ingresos ha egresado un 15%, entre los de más altos ingresos lo ha hecho un 71%. Esto se traduce en que los jóvenes de niveles socioeconómicos más altos tienen casi cinco veces más chances de terminar la educación media superior que aquellos más pobres.

Un tema aparte es el de los aprendizajes, las pruebas practicadas tanto en Primaria como en Secundaria dan cuenta de un franco retroceso. En 2013, el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce) señaló que los logros de aprendizajes de los estudiantes en Uruguay eran claramente insuficientes. La proporción que se ubicaba en los niveles más bajos de desempeño (niveles 1 y 2) era de 71% en ciencias, 62% en matemática y 56% en lectura. Por su parte en las pruebas PISA también venimos barranca abajo, un 40% de los estudiantes de 15 años no alcanza los logros mínimos en lectura y ciencias definidos por PISA, mientras que un 52% no los logra en matemática. El nivel de los aprendizajes tiene su correlato con la condición socioeconómica de los alumnos, los niños y jóvenes de hogares acomodados son los que exhiben mejores niveles de aprendizaje, mientras que los niños y jóvenes de orígenes humildes son los que peores niveles tienen.

Un extranjero que analizara estos números y no conociera nuestra realidad, podría pensar que este deterioro en materia educativa se produjo en el marco de una crisis económica que trajo recortes en el presupuesto educativo, y en el plano político le ocurrió a un gobierno sin mayorías, que no pudo gobernar por los palos en la rueda de la oposición. Tamaña sorpresa se llevaría ese extranjero, si supiera que este declive de nuestra educación se ha dado en el marco de un aumento record del presupuesto educativo, como corolario de la década de mayor crecimiento económico de la vida del país, y con un gobierno que tiene mayoría parlamentaria desde hace 13 años.

Muy elocuentes al respecto han sido las declaraciones del Consejero del Codicen electo por los docentes, el colorado Robert Silva, quien ha señalado que la falta de liderazgo y la fragmentación administrativa trancan la gestión de la educación.

Los dos últimos presidentes llegaron al gobierno con la prioridad de resolver los problemas educativos. El 1° de marzo de 2010, José Mujica en su discurso de asunción estableció que su gobierno tendría tres prioridades: educación, educación y educación. Cinco años después Tabaré Vázquez prometía en campaña electoral cambiar el ADN de la educación, asesorado por el especialista Fernando Filgueira.

Luego de ganar las elecciones y anunciar el gabinete, llamó la atención que Filgueira fuera propuesto como Subsecretario de Educación y Wilson Netto continuara al frente del Codicen. Si lo que se anunciaba era un cambio tan profundo, era esperable que su ideólogo lo instrumentara. La estructura de la organización educativa en nuestro país es bastante peculiar, pues en puridad la conducción no está a cargo del Poder Ejecutivo, sino en manos de dos entes autónomos, como la ANEP y la Universidad.

Samuel Lichtensztejn, solía decir que el ministro de Educación es como un rey, pues reina pero no gobierna. La renuncia de Filgueira y de Mir, unos meses después de iniciado el gobierno confirmaron lo que era previsible, nada pudieron hacer desde el Ministerio por cambiar el ADN de la educación. La promesa que había llevado a Vázquez al gobierno había perdido a sus mentores.

En el actual contexto político es razonable pensar que ningún cambio va a ocurrir en materia educativa hasta el primero de marzo del año 2020. Sin perjuicio de lo cual, ya hay que ir planificando la transformación a instrumentar en el próximo gobierno. Dicen que los cambios en materia educativa llevan mucho tiempo, criterio absolutamente desmentido en la realidad por la última gran reforma de la educación que tuvo el país a cargo del Prof. Germán Rama. Solo se requiere un plan, un equipo, y mucho coraje y decisión.

Si algo caracteriza a la situación actual, es la existencia de abundantes diagnósticos sobre el estado de la educación, en los que la mayoría de los técnicos de todos los pelos políticos coinciden. Particular destaque merece la iniciativa del Economista Ernesto Talvi, que desde hace un año y medio la viene exponiendo en los llamados “Encuentros Ciudadanos” a lo largo y a lo ancho del territorio. Talvi propone tomar como modelo de gestión al Liceo Impulso, una institución privada, laica y gratuita, ubicada en la cuenca de Casavalle, que exhibe resultados similares a los de los mejores colegios privados del país. La propuesta plantea la creación de 136 liceos públicos, ubicados en las zonas de mayor contexto crítico del país, bajo la égida del Plan Ceibal. Económicamente ronda los 150 millones de dólares por año y atendería  a una población de 80 mil muchachos que hoy junto a sus familias están del otro lado de la grieta.

La única forma que tenemos de reducir las desigualdades es dando oportunidades y formando a esos jóvenes que en algunos casos el sistema expulsa y en otros no logra captar. Si no actuamos a tiempo no quedará el más mínimo rastro de esa República feliz y justiciera que supimos ser.

(*) Prosecretario General del Partido Colorado.