Aunque una empresa no esté obligada a presentar reportes de sospecha de lavado de activos, el hecho de verse involucrada en este tipo de delitos podría afectarla negativamente pudiendo poner en duda su viabilidad, según opinaron expertos sobre el tema. El secretario antilavado, Daniel Espinosa, explicó que la nueva normativa implica “un reconocimiento de que el Estado no puede investigar solo y pide que participen los particulares”. Además, explicó que este año Uruguay será evaluado por el GAFI, alertando que una mala calificación impactaría en la credibilidad del país, haría aumentar el riesgo país e incluso haría peligrar el grado de inversor.
Por Ricardo Delgado | @ricardo_dl
En un momento en que los principales medios informativos del Río de la Plata se enfocan en “los cuadernos de las coimas” y la denominada “Ruta del dinero K” asociado a casos de corrupción en Argentina, la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación organizó la conferencia “Incidencia práctica del régimen de prevención de lavado de activos sobre la actividad empresarial”, de la que participaron Espinosa, y los socios de la firma Rueda Abadi Pereira, Félix Abadi y Rafael Fernández.
Abadí se enfocó en los aspectos conceptuales del lavado, ya que –aseguró- se trata de un “tema complejo” donde muchas veces no están claros algunos términos y es importante “bajar a tierra” estos temas, para que el sector empresarial pueda entender sus impactos.
Explicó que la problemática del lavado de activos suele enfocarse en el narcotráfico, pero no trata solamente de ello. “La problemática del lavado de activos tiene diversos enfoques de riesgos o consecuencias”, aseguró Abadi, agregando que cada aspecto tiene “mucha relevancia para las empresas” y puede determinar “la propia estabilidad” de la firma.
Definió al delito de lavado como un proceso a través del cual es encubierto el origen de fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales, es decir, se hace ingresar a la economía formal fondos que proceden de un origen ilícito. De todas formas, Abadi aclaró que no se trata solo de la figura “del lavado propiamente dicho”, sino que también incluye la tenencia, el ocultamiento y la asistencia.
Sobre la nueva normativa, interpretó que el gobierno “le está pidiendo colaboración y participación a los particulares”, obligando a algunos actores de la economía a presentar reportes de aquellas operaciones que pueden ser sospechosas de lavado.
El experto comentó que el lavado de activos tiene una connotación negativa muy fuerte en la sociedad, porque se suelen asociar a delitos graves. Son delitos precedentes del lavado: secuestro, extorsión, tráfico ilícito, estafa, apropiación indebida, corrupción pública, quiebra fraudulenta, delitos bancarios, defraudación tributaria. Ante esta amplitud de delitos, Abadi opinó que “es importante saber con quién me estoy relacionando”.
Respecto a las consecuencias de incumplir las normas, detalló que por un lado están las sanciones como cierres, clausuras, multas, entre otras. Sin embargo, valoró que para las empresas puede haber “cosas peores” por las consecuencias éticas de estar envuelto en situaciones de lavado. Incluso si una empresa no tiene obligación a presentar reportes, si se ve envuelta en delitos de lavado puede tener consecuencias negativas en su actividad. “El daño que le puede generar a una empresa es equivalente a perder la propia empresa”, advirtió.
“Estamos rodeados”
A su turno, Rafael García se refirió a los impactos en el sector empresarial. Comenzó advirtiendo que si bien en Uruguay todavía no existe una ley de responsabilidad penal empresarial en materia de lavado de activos (sí hay en accidentes laborales) en el mundo “estamos rodeados” y seguramente en un futuro se empiecen a aplicar acá. Eso debe hacer a los empresarios poner focos sobre todas las interacciones que tiene su firma: el foco más claro siempre es el cliente, pero también se debe prestar atención a los empleados, asesores, socios-inversores, y proveedores.
Sobre los asesores, tanto financieros (bancos, casas de cambio) como no financieros (abogados, contadores), indicó que se debe contar con “información clara” porque si no el propio empresario se puede exponer a que lo reporten como sospechoso de lavado.
En cuanto a los clientes, dijo que se debe sospechar del origen de los fondos incluso si no es un sujeto obligado por la normativa. “Son situaciones en las que uno no es obligado, pero no puede cerrar los ojos porque puede verse afectado”, aseguró García, agregando que “hay que tener cuidado empresarialmente de dónde proviene el dinero” porque puede llevar a riesgos penales, administrativos y reputacionales graves.
Algo similar sucede con los socios-inversores: “Es bueno que alguien se interese por mi empresa, pero conocer la actividad y procedencia de los fondos es fundamental”.
En cuanto a los proveedores, argumentó que muchas veces comprar materia prima o mercadería por debajo del precio del mercado, puede ser muy tentador, pero al mismo tiempo podría proceder de un origen ilícito.
Por último, respecto al personal, subrayó que se trata de un “tema importante” y que “es muy delicado”. “Para aquellas empresas que tienen un gran número de empleados este tema es crítico (…) y el empresario tiene que cuidarse”, fundamentó. Señaló que los problemas de lavado pueden ser voluntarios del empleado, pero también hay casos donde el trabajador se ve forzado y se lo extorsiona para lavar dinero.
“Bajar un poco”
Luego de la disertación de los expertos, el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Uruguay (Senaclaft), Daniel Espinosa, buscó “bajar un poco” el temor existente respecto al cumplimiento de las normas. Explicó que más allá de que la letra fría pueda alarmar, desde la Secretaría se busca “hacer respetar las normas, pero en base a las lógicas y las prácticas del mercado”.
El jerarca explicó que Uruguay se encuentra dentro del sistema GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) donde “está todo el mundo, incluyendo al Vaticano, y a Cuba”. “Si uno quiere estar inserto en la comunidad internacional tiene que estar en el GAFI”, señaló. El grupo tiene cuarenta recomendaciones “que han ido cambiando” y “llevaron mucha discusión”, que van desde la prevención, la represión, a cómo intercambiar información. Defendió que “el delito de lavado de activos ha sido muy discutido” y se ha tipificado como “delito autónomo porque es necesario para el combate de un delito trasnacional”. “Si no, no podríamos decomisar nada hasta que no se configure el delito precedente”, señaló. En ese sentido, instó a enfocarse en el futuro: “miremos para adelante, no tenemos posibilidades de ir para atrás con este delito y es ineficiente ir para atrás”.
Espinosa señaló que con la nueva normativa “las autoridades reconocen que el delito no se puede investigar a través de los canales policiales tradicionales. (…) Entonces se resuelve trasladar la carga de vigilancia a los participantes”. “Es un reconocimiento de que el Estado no puede investigar solo y pide que participen los particulares”, agregó.
Respecto al comentario de que los asesores financieros o no financieros podrían elevar reportes de sospecha de lavado de activos, Espinosa recordó que “esto no involucra en nada el derecho de defensa” tanto en asuntos penales, administrativos, como civiles. Estos no están obligados a reportar.
Reconoció que en Uruguay existe riesgo de lavado, y que de acuerdo a evaluaciones recientes se constató que las principales amenazas locales son el narcotráfico, el contrabando, delitos marcarios y delitos fiscales; mientras que las principales amenazas del exterior son: narcotráfico, corrupción y delitos fiscales. Por su parte, los sectores de actividad más vulnerables son el financiero, el societario, el inmobiliario y las zonas francas.
Respecto a los hechos de corrupción recientes, indicó que ello se debió a que “Uruguay toleraba determinados fondos en efectivo” e “ingresaron porque el delito fiscal no estaba asociado al lavado de activos”. “Había una posibilidad de ingresos de esos fondos. (…) Lo que tratamos de hacer es adoptar medidas para bloquear el ingreso de esos fondos”, sostuvo.
Detalló que la Senaclaft realizó entre julio de 2016 y junio de 2018 unas 946 visitas a empresas, y hubo menos de treinta sanciones. Explicó que de momento, lo que se está buscando es informar y capacitar.
En cuanto a la presentación de reportes de sospecha de lavado, explicó que en 2013 se presentaron solo 4 y que en 2017 fueron 151. “Sigue siendo un número bajo, pero marca un cambio de tendencia”, señaló.
Espinosa también señaló que en noviembre comienza la evaluación mutua del Gafilat, que continuará durante todo el 2019. Subrayó que tener una mala recomendación nos podría dejar en una lista gris de países no colaboradores, y ello podría impactar en la “credibilidad internacional”, generar un “aumento del riesgo país” y podría incluso “hasta haber problemas con el grado de inversión”. “Es un tema que nos afecta a todos”, sentenció.
Táctica defensiva
Ante las nuevas implicancias normativas en materia de prevención del lavado de activos en Uruguay pero también a la normativa internacional en la materia –y que posiblemente Uruguay termine adoptando en un futuro-, el experto Rafael García valoró que la realización de un “compliance empresarial” es hacia donde se dirige el tema. “A nivel internacional va para ahí y nos va a llevar”.
Un compliance es un documento donde se establecen procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo de una empresa, y que en caso de ilícitos, si se entiende que la firma cumplió con los criterios establecidos, hubo un seguimiento y aún así el hecho ocurrió, puede estar exonerada de responsabilidad penal.
García enfatizó que ante la proliferación de normativas a nivel global de responsabilidad penal para las empresas, los empresarios deben tomar alguna medida. “Hay que buscar aggiornarse aunque no se esté obligado”.
