Por Victoria Martini (*)
En 1984 Ramón Díaz presentó en un seminario en Washington DC llamado “Uruguay y la Democracia”, un trabajo titulado “País pequeño debe ser país abierto”, donde buscaba argumentar a favor de mantener y profundizar las políticas hacia una mayor apertura comercial. Allí explicaba cómo una economía pequeña no tiene alternativa más que abrirse al mundo si pretende alcanzar niveles de desarrollo superiores.[i]
Al hablar de países “pequeños” se hace referencia a la población y no al territorio, ya que es el tamaño del mercado y no la superficie lo que impacta principalmente desde el punto de vista económico. Vemos varios países con menor extensión territorial que Uruguay dentro de los más desarrollados a nivel mundial: Israel, Singapur, Suiza y Dinamarca, entre otros. Tampoco estos países ostentan una población numerosa en comparaciones globales, sin embargo, tienen otro factor clave en común: son abiertos o libres económicamente. El censo de 2023 confirmará que la población oriental no supera los 3.5 millones de habitantes y las tendencias de natalidad e inmigración sugieren que esto no cambiará drásticamente en el futuro cercano. Por lo que queda claro que Uruguay puede ser considerado un país relativamente pequeño.
Los principales efectos por los cuales el libre comercio es una condición necesaria para el desarrollo de las naciones -que han sido ampliamente demostrados- es que los mercados ampliados generan ganancias de eficiencia gracias a las economías de escala y la posibilidad de especialización, también el aumento de la competencia, la consecuente disminución de costos, el acceso a los mejores insumos y una mejor asignación de recursos en general, así como el contacto con los mejores estándares y tecnologías a nivel mundial. Desde la firma del GATT, en 1947, y especialmente después de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 1995, los países han logrado este acceso ampliado a otros mercados a través de acuerdos comerciales.
Algunos economistas consideran, con buenos argumentos, que Uruguay puede ser el primer país desarrollado de América Latina. Es cierto que para lograrlo se requieren reformas estructurales que tienen sus costos (o inversión) y precisan de tiempo para implementarse y observar sus efectos. En este sentido, nuestro país tiene hoy en día una tasa de crecimiento potencial de largo plazo de PIB estimado en 2.8%, que no es suficiente para poder alcanzar un salto en su desarrollo.
Observando algunas características de su política comercial actual, vemos que Uruguay está estancado en comparación con la mayoría de los países y desfasado de las tendencias globales, y que forma parte del Mercosur que es una de las zonas más cerradas del mundo, tanto medido por su arancel promedio como por su coeficiente de apertura (comercio ponderado por PIB). La realidad del bloque ha mostrado que no ha sido un vehículo eficiente para que Uruguay persiga la inserción comercial internacional que precisa. Afortunadamente, hoy en día parece existir un consenso a nivel nacional entre la academia, el sector privado, el político y las organizaciones de la sociedad civil, de que Uruguay precisa lograr una mayor apertura comercial, sin embargo, no parece haber una postura única respecto a cómo el país debe lograr este objetivo.
Actualmente, nos encontramos con que los esfuerzos por lograr acuerdos bilaterales no han sido fáciles de concretar, como ha sido el caso del TLC con China, una aproximación de términos de referencia con Turquía, y otros acercamientos. Se entiende que en estos casos existe una reticencia a avanzar en acuerdos bilaterales con Uruguay sin contar con el aval explícito del Mercosur y el consentimiento implícito de Brasil, que históricamente ha querido presentarse a nivel global como el líder de la región.
A raíz de comentarios del canciller Francisco Bustillo en la última cumbre de presidentes del Mercosur, se ha retomado la discusión sobre la conveniencia de que Uruguay denuncie el tratado de Asunción y decida dejar de ser un Estado Parte pleno del bloque e intente negociar para convertirse en un Estado Asociado, como es la categoría en que se encuentra Chile –con preferencias comerciales, pero sin compromiso de presentarse como bloque frente a terceros países–, recuperando así su soberanía sobre la materia arancelaria de su política comercial. En este sentido, definir cuál es la mejor estrategia para lograr una mayor apertura económica resulta desafiante ya que se trata de un tema complejo, cuyo estudio debe considerar escenarios hipotéticos, y distintos efectos de corto y largo plazo, que involucran varios actores cuya reacción es difícil de predecir. Asimismo, se debe considerar que en cada escenario inciden factores de distinta índole: legales, comerciales, diplomáticos, de geopolítica, y de política interna.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que Uruguay puede resultar un socio atractivo para tereceros países para firmar nuevos acuerdos comerciales. Contrariamente a lo que a veces se piensa, que sin los socios del Mercosur nuestro país no contaría con peso suficiente para atraer nuevas negociaciones, es probable que justamente el tamaño de su mercado y las características de su producción no supongan una amenaza frente a potenciales socios, sino que puede ser un socio que cuenta con prestigio institucional y ambiental a nivel internacional y como una posible puerta de entrada a una región cerrada del mundo, con gran potencial de desarrollo.
El trabajo presentado por Ramón Díaz hace prácticamente 40 años sigue más vigente que nunca, y destaca un argumento histórico relevante: cuando Uruguay fue más abierto también fue más próspero. Por un camino u otro, nuestro país necesita avanzar hacia una mayor apertura comercial.
(*) Académico Supernumerario, Ganadora Premio Academia Nacional de Economía 2021
Referencia:
[i] Véase Hernán Bonilla, Ramón Díaz. Una biografía intelectual, 2022, p. 182
