María Fernanda Souza, directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, CRÓNICAS entrevistó a María Fernanda Souza, directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, que declaró que “es fundamental” para la región y para Uruguay en particular, construir una hoja de ruta propia hacia la sustentabilidad. Por otro lado, la jerarca resaltó que la transformación de la matriz energética de Uruguay es un ejemplo de que se pueden construir políticas de Estado con fuerte contenido ambiental y aclaró que, como unidad ejecutora de la política climática del país, la visión ambiental del Ministerio no se restringe al carbono.
-¿Cuál es el estado de situación del país en materia de ambiente?
-Tengo una visión crítica de la situación ambiental del país y del mundo. En general, han primado los intereses políticos y económicos de corto plazo, sin lograr incorporar de forma significativa los aspectos ambientales en la planificación del desarrollo social. Esa mirada reducida nos ha llevado a una crisis ecológica global. Sin embargo, creo también que hay ejemplos concretos de que es posible hacer las cosas de otra manera. La transformación de la matriz energética de Uruguay es un ejemplo claro de que se pueden construir políticas de Estado con fuerte contenido ambiental. Esa transición, que hoy permite que más del 90 % de nuestra matriz eléctrica sea renovable, no fue espontánea, sino que fue producto de decisiones políticas sostenidas, planificación pública y participación social. Este logro es reconocido internacionalmente y posiciona al país como un referente en materia de transición energética. También se ha fortalecido la institucionalidad ambiental con la creación del Ministerio de Ambiente y la incorporación progresiva del enfoque climático en diversas políticas públicas. Históricamente, el país ha implementado políticas ambientales pioneras. En 2004 eliminamos el uso de plomo en los combustibles, una medida clave para la salud pública y la calidad del aire. Asimismo, se han desarrollado planes para la erradicación de basurales endémicos con intervenciones particularmente importantes en departamentos como Canelones y Montevideo, donde se limpiaron numerosos puntos críticos y se han resignificado a través de la promoción de acciones de educación ambiental y participación comunitaria.
Al mismo tiempo, desde mi experiencia en la sociedad civil y la academia, sé que estos avances conviven con desafíos estructurales que no podemos soslayar como la presión creciente sobre los recursos naturales, los conflictos en torno al agua, la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas. La reciente crisis hídrica evidenció las vulnerabilidades de nuestras infraestructuras y la necesidad de repensar la relación entre producción, ambiente y sociedad.
Sabemos también que los impactos del daño ambiental y del cambio climático no se distribuyen de forma equitativa: las comunidades más vulnerables son las que enfrentan con mayor crudeza las consecuencias, muchas veces sin contar con las herramientas ni los espacios para incidir en las soluciones.
-En el período pasado se creó el Ministerio de Ambiente. ¿Esta administración tendrá un diferencial? ¿Dónde va a poner el foco?
-La creación del Ministerio de Ambiente fue un hito institucional para Uruguay y vino a saldar una deuda histórica con la agenda ambiental. Pero crear un ministerio no es suficiente: ahora el desafío es dotarlo de las capacidades reales para ejercer el rol estratégico que le corresponde. Eso implica fortalecer equipos, mejorar la articulación con otras instituciones y, sobre todo, contar con los recursos necesarios. Hoy estamos en esa conversación, en esa puja legítima por ampliar los presupuestos y asegurar que el Ministerio pueda cumplir con su mandato. Creemos que el Ministerio debe posicionarse como un actor clave en la planificación del desarrollo del país, no solo como autoridad técnica o evaluadora de impacto. Y eso también requiere asumir que las políticas ambientales no pueden quedar al margen de las decisiones económicas o productivas, deben estar al centro. Un ejemplo concreto es la política de Áreas Protegidas. Celebramos que se incorporen nuevos territorios, pero sabemos que declarar no es lo mismo que gestionar. Las áreas protegidas necesitan recursos, presencia estatal, coordinación con los gobiernos locales, e integración territorial para que tengan sentido ecológico y también social. Y eso vale también para muchas otras dimensiones de la política ambiental: necesitamos pasar del marco normativo a la implementación efectiva. Desde la Dirección Nacional de Cambio Climático trabajamos para que la acción climática esté articulada con una visión de justicia ambiental, participación ciudadana y sostenibilidad real en los territorios. Queremos una transición ecológica que sea justa y que reconozca que los cambios se construyen con las comunidades, con los saberes locales y con una institucionalidad pública fuerte. También estamos comprometidos con avanzar en el acceso a la información ambiental, en la transparencia y en el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú.
-Manifestaron que van a emitir bonos azules. ¿Qué novedades ha habido sobre el tema?
-Desde el Ministerio de Ambiente y junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estamos explorando con responsabilidad diferentes alternativas de financiamiento climático que permitan sostener e impulsar las transformaciones necesarias en un contexto económico restrictivo. Los bonos temáticos -como los bonos de agua o los llamados bonos azules- son uno de los instrumentos que estamos analizando junto a organismos multilaterales y actores técnicos y financieros internacionales. No hemos anunciado una emisión específica, pero sí creemos que Uruguay debe prepararse para evaluar estas oportunidades con criterios claros de integridad ambiental, trazabilidad y participación. Lo importante no es solo acceder a financiamiento, sino que ese financiamiento esté alineado con las prioridades del país, con los derechos de las comunidades y con una visión de largo plazo. Además, es clave señalar que nuestra mirada ambiental no se restringe al carbono. Entendemos que la política climática requiere abordar de forma integral los ecosistemas, el agua, la biodiversidad y las dimensiones sociales de la crisis ecológica. Por eso, cualquier instrumento financiero que consideremos tiene que estar al servicio de una transición justa, inclusiva y ecológicamente responsable. Lo central es que estos instrumentos estén al servicio de las transformaciones estructurales que el país necesita y no al revés.
-¿Cómo mira el Ministerio de Ambiente los proyectos de hidrógeno verde?
-Como directora nacional de Cambio Climático miro con atención el desarrollo de proyectos vinculados al hidrógeno verde. Es una tecnología en exploración a nivel global, con potencial en términos de diversificación productiva e inserción internacional, y por tanto merece un análisis riguroso y multidimensional. Sabemos que Uruguay parte de una posición sólida gracias a su matriz eléctrica mayoritariamente renovable, y por eso nos tomamos con seriedad el análisis de este tipo de iniciativas. En este momento se están llevando adelante estudios de viabilidad que permitirán al país contar con la información necesaria para tomar decisiones estratégicas con base técnica, ambiental y social. Desde el Ministerio entendemos que cualquier proceso de esta naturaleza debe contemplar salvaguardas claras y dialogar con los territorios. El desarrollo de nuevas tecnologías debe hacerse de manera ordenada, responsable y con mirada de largo plazo. Nuestro rol es acompañar estos procesos asegurando que se articulen con los compromisos ambientales del país, y que avancen en línea con una transición justa y sostenible para todos los actores involucrados.
-La Unión Europea y gran parte de los países desarrollados tienen una hoja de ruta clara con respecto a la descarbonización de la industria y el transporte. ¿En qué lugar está Uruguay y la región en comparación con este ejemplo?
-Uruguay ha logrado avances muy significativos, particularmente en la transformación de su matriz eléctrica que hoy está prácticamente descarbonizada. Eso nos da una base sólida, reconocida internacionalmente, desde donde proyectar nuevas etapas de acción climática. Sin embargo, aún quedan desafíos importantes en sectores como el transporte, la industria y el agro, que requieren decisión política, planificación a largo plazo e inversión sostenida. Es fundamental que la región, y Uruguay en particular, construyan su propia hoja de ruta hacia la sustentabilidad. No vamos a replicar modelos del norte global, que muchas veces han avanzado en su transición energética apoyándose en la externalización de impactos hacia el sur trasladando contaminación, extrayendo recursos naturales estratégicos o desplazando emisiones a otros territorios. Tenemos que diseñar estrategias que reflejen nuestras realidades productivas, nuestras capacidades institucionales y, sobre todo, nuestras prioridades sociales y ecológicas. Además, como unidad ejecutora de la política climática del país, nuestra visión ambiental no se restringe al carbono. Si bien la descarbonización es una meta clave, también debemos abordar de forma integral otros aspectos críticos: la conservación de la biodiversidad, la protección del agua, la salud de los suelos, la resiliencia de los ecosistemas y las condiciones de vida de las personas.
