Consciente de que en años electorales hay un afloje de la disciplina fiscal, considera que en esta última etapa de la actual administración una buena cosa sería dar señales firmes, precisamente, en materia fiscal. Cree en la necesidad de dar pasos claros en la dirección de apertura del país al mundo y apoyo a la innovación, y en este sentido, añade, es esencial adherir al acuerdo internacional de patentes. La reforma del Estado tiene su capítulo en la charla de la economista con CRÓNICAS, y en ese aspecto llama a hacer un análisis crítico de las regulaciones, de la cantidad de funcionarios públicos, de la cantidad de ministerios y de la gobernanza de las empresas públicas.
La reforma de la seguridad social y los primeros pasos dados por Milei en Argentina también forman parte de su análisis, destacando que la mayoría de las desregulaciones propuestas por Argentina hoy ya están en práctica en Uruguay, con la diferencia que nuestro vecino parte de un nivel de regulaciones muy elevado.
A grandes rasgos y sin entrar en cuestiones coyunturales, ¿cuáles entiende son los grandes desafíos que debería abordar el gobierno en Uruguay en este último año de la administración?
Es posible que la continua sucesión de eventos exógenos inesperados -y acá hago alusión a la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, la sequía, y la guerra Israel – Hamás- hayan ido posponiendo algunos de los objetivos que inicialmente pudo haber tenido el gobierno, por ejemplo, en lo que respecta a la reforma del Estado.
Entiendo que en este último año se debería dar una señal muy firme en materia de consolidación fiscal. Y este aspecto es clave por dos motivos: no sólo por la importancia de tener las cuentas públicas ordenadas, sino también porque sería una señal muy poderosa en un año electoral.
La historia económica nacional señala que, casi sin excepción -la excepción fue durante el gobierno del Dr. Jorge Batlle-, en los años electorales hay un ablandamiento de la disciplina fiscal. Si algo nos ha demostrado la administración de Azucena Arbeleche es que se puede seguir atendiendo las emergencias sociales, con más eficiencia y eficacia en el gasto público, que la regla fiscal vino para ser respetada y que el déficit estructural es el indicador que debemos seguir.
En segundo lugar, dar pasos claros en la dirección de apertura del país al mundo y apoyo a la innovación. En este sentido, es menester adherir al acuerdo internacional de patentes (PCT), que han suscrito ya 157 países. En el año 2022, la Academia Nacional de Economía organizó una mesa sobre el tema, donde el disertante principal fue nada menos que Antony Taubman, director de propiedad intelectual en la OMC; y le acompañaron el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira; Lucía Estrada, directora técnica de Propiedad Industrial del MIEM (Ministerio de Industria, Energía y Minería); Daniel Drexler, músico y empresario innovador; Ricardo Pascale, presidente del Instituto Pasteur y Académico de Honor; y Carlos Mazal, exdirector de OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) para la región y directivo de la Academia Nacional de Economía. Las conclusiones de todos los conferencistas fueron unánimes en cuanto al impulso que le daría al país la adhesión a este tratado internacional, puesto que permitiría al innovador patentar en una sola instancia su producto, y que esa patente estaría vigente en los 157 países integrantes del tratado. (Video en el canal de Youtube de la Academia y transcripción de la conferencia en: http://www.acadeco.com.uy/files/2022_crecimiento_proteccion_transcripcion.pdf
Transcripción de conferencia mencionada por la entrevistada y realizada por Acadeco
¿Cuáles serían los pasos a seguir en materia de inserción internacional?
Este paso que mencioné, que sólo depende de nosotros mismos, deberá acompañarse de un seguimiento y presión adecuados para poder ingresar al acuerdo Cptpp (Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico). La solicitud formal de ingreso, que se demoró unos meses desde el anuncio presidencial el 26 de julio de 2022 en la Unión de Exportadores, permitirá al país avanzar en materia de inserción internacional en un tratado que, en palabras del Ec. Luis Mosca, es considerado como la “ISO9000”de los tratados. Pharos, el centro de análisis y propuestas de la Academia de Economía, está por publicar un estudio realizado por un equipo liderado por el Ec. Marcel Vaillant, con profesores nacionales y regionales, sobre las oportunidades que se abren para el país por este acuerdo.
Usted ha insistido en la necesidad de reformar el Estado. ¿Por dónde debería ir esa reforma?
La reforma del Estado, comenzando por la multiplicidad de organizaciones haciendo cosas parecidas en forma totalmente ineficiente, se torna imperiosa en cuanto a las políticas de atención a la infancia se refiere. No es novedad que en Uruguay la pobreza tiene cara de niño. En este sentido, iniciativas como la de la diputada Cristina Lustemberg, destinada a unificar todas las políticas e instituciones de apoyo a la primera infancia, deberían no sólo llevarse adelante rápidamente, sino extenderse a otras áreas donde el Estado adolece de los mismos problemas.
¿Cree que la nueva institucionalidad fiscal es suficiente para garantizar un mejor manejo de las cuentas públicas?
La regla fiscal constituyó un enorme avance en materia de institucionalidad fiscal. El Consejo Fiscal Asesor, integrado por prestigiosos economistas, es una garantía de vigilancia y seguimiento de la misma. Pharos encomendó en su momento a un equipo de técnicos, liderados por el Ec. Gabriel Oddone, la realización de un trabajo sobre fiscalidad y ciclo presupuestal, donde se destaca, entre otros aspectos, la necesidad de contar con una regla fiscal y su adecuado seguimiento.
http://www.acadeco.com.uy/pharos/Fiscalidad_y_ciclo_presupuestal_en_Uruguay.pdf
Pero, las tentaciones del año electoral han marcado la historia económica uruguaya, como se señalaba anteriormente. Es necesario implementar reformas estructurales que acompañen esta nueva manera de hacer política fiscal. En este sentido, el análisis crítico de las regulaciones, de la cantidad de funcionarios públicos, de la cantidad de ministerios -¡no más ministerios, por favor!-, de la gobernanza de las empresas públicas, es clave. Pharos encomendó en su momento a un equipo del IEEM (Munyo, Regent, Delpiazzo) un estudio sobre empresas del Estado y eficiencia, donde se destaca que la mayor parte de las recomendaciones de la OCDE acerca de buen gobierno corporativo en las empresas públicas ya están previstas en la normativa uruguaya, pero, ¡simplemente no se cumplen!
http://www.acadeco.com.uy/pharos/Empresas_del_estado_y_eficiencia.pdf
¿La reforma de la seguridad social dejó de ser «un volcán a punto de estallar», como dijo en entrevista con CRÓNICAS en su momento?
Sin dudas que la reforma ayuda a tener un horizonte más auspicioso, pero la iniciativa llevada adelante por el PIT-CNT y sectores del Frente Amplio de derogarla nos puede llevar a un lugar peor que el que teníamos antes de la misma. En efecto, de prosperar esta iniciativa, se confiscarían los ahorros de más de un millón y medio de trabajadores, en un hecho sin precedentes en un país que siempre ha sido respetuoso del derecho de propiedad. A su vez, en un mundo con una expectativa de vida que gracias a Dios es creciente, rigidiza en la Constitución de la República la edad de retiro. Y lo que es tanto o más grave, vuelve a que el Estado administre los fondos de los trabajadores, repitiendo un esquema que rigió en nuestro país durante muchos años y que en la década del 50 terminó por descapitalizar a las cajas de jubilaciones (posterior BPS). Separar los ahorros de los trabajadores de las manos de los gobiernos de turno debería ser una lección aprendida y no discutida dada la historia económica nacional.
¿Cómo se logra mejorar la competitividad del país sin generar consecuencias sociales negativas?
La competitividad mejora con adecuadas regulaciones, inserción internacional, mejor capital humano, mayor inclusión, educación, relaciones laborales colaborativas y no confrontativas. Uruguay es un país caro no sólo por el valor del dólar, sino porque el sector privado carga sobre sus hombros con el pesado costo del Estado y porque el tamaño de mercado lleva a situaciones oligopólicas o monopólicas, tanto en el sector público como en el privado.
En un reciente trabajo de la Ac. Victoria Martini, en el Encuentro Empresaria Europeo 2023, se señalaba que Uruguay está muy bien ubicado en índices de democracia, transparencia y ausencia de corrupción, pero muy mal en materia de barreras de regulación al comercio y peso de regulaciones para las empresas.
¿Debería dotarse de mayor independencia al Banco Central (BCU)?
Creo que hoy tiene una adecuada independencia. Tuvo una importante reforma en 1990. Entiendo que tanto los cuadros funcionales como el directorio tienen idoneidad e independencia. Lo que se debería revisar es el alcance de la supervisión que realiza, puesto que cubre múltiples sectores y la regulación en muchos de ellos puede tener objetivos contradictorios.
En materia de regulación laboral, ¿cómo se logra mayor flexibilidad sin dejar a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad ante un empleador?
Lo primero es pensar en defender el empleo y no sólo al trabajador que ya está ocupado. Partiendo de allí, deberíamos revisar todo el esquema de regulaciones laborales, que en su mayoría data de comienzos del siglo XX y adecuarlas al mundo actual. La flexibilidad acordada entre empleados y empleadores debería ser la tónica y en esto es clave que los Consejos de Salarios establezcan sólo grandes líneas para dar libertad a las empresas y sus trabajadores, sindicalizados o no. Es necesario reconocer que en materia laboral ocupamos los últimos lugares del mundo en cuanto a exceso de rigidez, falta de colaboración y remuneraciones no acordes a productividad. No podemos seguir haciendo lo mismo de siempre, si es que queremos cambiar esto.
¿Qué rol juega el Mercosur y cómo ve el papel de Uruguay en el mismo?
Hay que avanzar todo lo que sea posible, con Mercosur y a pesar del Mercosur.
El sector productivo y los exportadores acusan de que han sufrido todo el costo de lograr una inflación baja mediante la apreciación de nuestra moneda, lo que los deja en una posición mucho más débil para competir en el mundo. ¿Hay otros caminos para contener la inflación?
En realidad, más que a la política monetaria, entiendo que la apreciación cambiaria tiene su origen en un muy buen desempeño de la inversión extranjera directa y su consiguiente ingreso genuino de divisas. La política monetaria ha dejado de ser contractiva, y sin embargo el precio del dólar se ha mantenido.
El presidente de la Unión de Exportadores, Facundo Márquez, expresó en CRÓNICAS la semana pasada que hay que ir hacia una desindexación de la economía, porque eso va a hacer que realmente exista un interés y compromiso de todos los sectores de controlar la inflación. ¿Puede ser un camino?
Desindexar es una buena idea, aunque difícil de aplicar. En otras épocas se intentó, con razonable éxito, indexar parte con inflación pasada y parte con inflación futura.
¿Cómo ve los proyectos de Javier Milei en Argentina? ¿Van por la senda correcta hacia una mayor liberalización?
Todavía es muy pronto para analizarlo. La mayoría de las desregulaciones propuestas por Milei ya están en práctica en Uruguay. Pese a que Argentina parte de un nivel de regulaciones realmente elevadísimo, los dos países tenemos mucho para avanzar en esa materia.
¿Si el proyecto Milei tiene éxito cree que podría generar que en Uruguay crezca una visión más liberal de la economía?
Uruguay es un país bastante conservador y estatista. Un estudio del Banco Mundial de hace diez años (Más allá de las Pensiones contributivas) señala que, ante la pregunta de si “cada uno debe asumir individualmente más responsabilidad para lograr su propio medio de vida”, sólo el 35,6% de los uruguayos contestó que sí. El restante 74,4% entiende que “el gobierno debería asumir más responsabilidad en proporcionar un medio de vida a todo el mundo”. Es difícil revertir esa mentalidad asentada en muchos años de intervencionismo estatal.
