El Poder Ejecutivo anunció a través de un decreto que comenzará a gravar con el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los autos eléctricos, cuyo valor de importación supere los US$ 19.000.
La medida establece dos franjas para los vehículos eléctricos de la categoría F, que refiere al transporte de pasajeros y excluye a los utilitarios. Los autos con valor de importación de entre US$ 19.001 y US$ 27.000 tributarán un Imesi del 5%, mientras que los que superen los US$ 27.001 pagarán una tasa del 9%. Por debajo de los US$ 19.000 no abonarán el impuesto.
El gobierno argumentó en el decreto que “la evolución reciente del mercado automotor evidencia un crecimiento sostenido en la importación y comercialización” de los vehículos eléctricos, pese a que aún “representan un porcentaje menor del parque automotor nacional”.
En tal sentido, fundamentó que “la estructura tributaria debe adaptarse de forma dinámica a la evolución de los mercados, tecnologías y patrones de consumo, calibrando los incentivos fiscales conforme a la disminución experimentada en los precios de las tecnologías y sin afectar significativamente las políticas energética, ambiental y de movilidad sostenible”.
“No colmó la expectativa”
Unvenu había estado reclamando modificaciones al esquema tributario que beneficiaba a los vehículos eléctricos. Sin embargo, consultado respecto a la decisión del Ejecutivo, Federico de Castro, gerente general de la gremial, comentó que “la medida no colmó la expectativa que teníamos”.
“Sí reconocemos que es un primer paso. Lo reconocemos y lo valoramos. Pero pensamos que se iba a dar más o mayor equidad entre los distintos automovilistas, independientemente del combustible que usen, sea la nafta o la electricidad”, argumentó el directivo.
De acuerdo a un estudio realizado por Unvenu, que encabezó el economista Juan Dubra, la resignación fiscal que implica la promoción de vehículos eléctricos sin cambios tributarios, implicaba entre 2026 y 2030 unos US$ 1.500 millones, es decir, unos US$ 300 millones al año. De Castro sostuvo que el Gobierno cuantificó que la medida implicará la recaudación de unos US$ 16 millones adicionales anuales, por lo que desde la gremial de vendedores de nafta, se entiende que “todavía hay espacio para mejorar un poquito ese impuesto y usarlo para bajar el Imesi a las naftas, y así beneficiar a todos los uruguayos”. “Los que usan autos eléctricos van a seguir teniendo beneficios en la compra de los vehículos eléctricos, pero que también los que usan gasolina o naftas tengan un beneficio y les baje un poco el Imesi, y por ende el precio de la nafta. En definitiva, esto es algo así como que, si todos pagamos, todos vamos a pagar un poquito menos”, dijo a CRÓNICAS.
Consultado respecto a cómo se componen los US$ 300 millones anuales de resignación fiscal estimados en el estudio, de Castro explicó que incluyen Imesi de la compra del vehículo, la tasa arancelaria del 23%, la exoneración de patentes y el Imesi que se deja de recaudar por venta de naftas. “Eso suma US$ 300 millones al año y lo que se está planteando acá son US$ 16 millones. Esto fue solamente ponerle un poquito de Imesi a algunos autos eléctricos”, lamentó.
Mal manejado
Otra visión crítica a la medida llegó desde la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), que a través de un comunicado de prensa manifestó “su gran preocupación por las medidas”.
En primer lugar, ACAU rechaza “la forma en la que fue conducido este proceso”, que es “de enorme trascendencia para el sector automotor, para miles de consumidores y para la política energética y ambiental del país”, pero de la cual tomaron conocimiento a través de los medios de comunicación, pese al compromiso de las autoridades. “Esta situación constituye una nueva señal de incertidumbre para el sector, que se suma a dos decisiones recientes que también afectan el proceso de transición hacia una movilidad más sostenible: el incremento del costo de la energía en los cargadores de acceso público y el aumento del valor de la patente de rodados para este tipo de vehículos”, detalla el comunicado.
También se indica que “llama especialmente la atención la rapidez con la que se ha impulsado esta medida”. “Entendemos que, si el objetivo fuera revisar el esquema tributario vigente, existen alternativas técnicamente más adecuadas que permiten compatibilizar la recaudación con el estímulo a la eficiencia energética, las menores emisiones y la renovación del parque automotor. Lamentablemente, dichas alternativas no fueron consideradas”, explica.
Desde ACAU se advierte que “la aplicación de nuevos gravámenes, sumada al aumento de otros costos asociados al uso de vehículos eléctricos e híbridos, dificultará el acceso de las familias y las empresas a tecnologías más modernas, más seguras, más eficientes y más amigables con el medio ambiente, retrasando la renovación del parque automotor nacional”.
A su vez, se interpreta que esta medida implica “un cambio sustancial respecto de la política de Estado que Uruguay ha sostenido durante las últimas décadas en materia de transformación de la matriz energética y promoción de la movilidad sostenible”, por lo que se exhorta al Poder Ejecutivo a “reconsiderar esta decisión, promoviendo un ámbito de diálogo con todos los actores”.