Esta semana se cumplió el primer año de mandato de la coalición multicolor. A los 13 días de haber asumido el gobierno, se detectaron en el país los primeros casos de covid-19. Tras la llegada de la pandemia se vieron afectados casi todos los sectores de actividad, aunque la opinión pública –en su mayoría- no responsabiliza a las autoridades por la crisis socioeconómica, según se desprende de las últimas encuestas sobre la evaluación de la gestión presidencial.
La aprobación del primer año de gobierno por parte de los uruguayos es favorable, tal como indican los sondeos realizados por Cifra, así como por Opción Consultores. La primera encuestadora da cuenta de que un 64% de ciudadanos aprueban la gestión, frente a un 25% que la desaprueba. En el segundo caso, el 52% de la población califica como buena o muy buena la administración liderada por el presidente Luis Lacalle Pou, mientras que para el 20%, la misma ha sido mala o muy mala.
Son varios los factores que explican por qué, a pesar de un contexto económico complicado, el saldo de aprobación es positivo. Tres sociólogos y analistas políticos consultados por CRÓNICAS coincidieron en que el principal motivo es el manejo de la pandemia, más allá del aumento de contagios dado a fines del año pasado, sumado a las demoradas negociaciones por la compra de las vacunas para combatir la enfermedad –hechos que no causaron gran impacto-.
El director del Instituto de Comunicación Política de Iberoamérica en Uruguay, Federico Irazabal, consideró que el gobierno, en términos generales, ha tenido más aciertos que errores, ha manejado “relativamente bien” los distintos problemas a los que se ha enfrentado, y “ha cumplido, dentro de sus posibilidades, con lo que ha prometido”.
Como ejemplo, mencionó que los uruguayos no pueden decir que la ley de urgente consideración (LUC) fue “sacada de la galera”, pues estaba dentro de la propuesta que el bloque multicolor presentó en la campaña electoral. De hecho, sostuvo que hay parte del electorado que apoyó esto y no se siente para nada defraudada.
A eso se le suma que el presidente ha “complacido” en buena medida al electorado cabildante y colorado, al haber realizado una marcha atrás, entre otros temas, en lo que respecta a la desregulación de los combustibles.
“Con el manejo de la pandemia también ha contentado a otros que no lo votaron, ya que tiene un margen de aprobación de la gestión superior al porcentaje de votos que sacó en la segunda vuelta”, argumentó.
La directora de Cifra, Mariana Pomiés, agregó al análisis que la gente evalúa como positiva la creación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para, de esa manera, contar con asesoramiento científico a la hora de tomar definiciones en materia sanitaria, lo cual “le ha generado mucha tranquilidad a la opinión pública”.
Dijo también que la población celebra que no se haya parado la economía. “Al principio había como un sentimiento de querer parar todo, de ir hacia una cuarentena obligatoria, y poco a poco la gente empezó a ver la necesidad de que el país funcionara y valoró que no se tomara esa medida, como sucedió en otros países”, remarcó.
Otro elemento que la experta puso sobre la mesa como factor relevante fue la comunicación permanente y la transparencia en la información brindada a los uruguayos, lo cual, según su punto de vista, genera confianza.
Por otro lado, de acuerdo con el director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, Rafael Porzecanski, a diferencia de lo que sucedía en los períodos anteriores, en este primer año de gobierno multicolor ha existido una alta satisfacción con el manejo de la seguridad. Según los datos recabados por la consultora, la ciudadanía aprueba el desempeño en dicha área, alcanzando un saldo positivo de 19 puntos.
Al mismo tiempo, el analista opinó que la pandemia ha sido un elemento fortalecedor de la imagen del gobierno, con un 71% de gente que aprueba la estrategia del combate al covid-19. Además, explicó que el liderazgo de Lacalle Pou se ha consolidado poselectoralmente, primero durante la transición y luego en la gestión gubernamental, sobre todo, considerando la emergencia sanitaria.
Trabajo en dos niveles
En lo que respecta al funcionamiento de la coalición, Pomiés y Porzecanski expresaron que el gobierno logró mantenerla unida para cumplir con los dos objetivos que se había marcado en el ámbito legislativo, que era la aprobación de las grandes leyes: la LUC y el Presupuesto Nacional.
El bloque multicolor, según la descripción de Irazabal, funciona en dos niveles. El primero es el del Poder Ejecutivo, donde la figura central es el presidente, quien dialoga “vis a vis” con cada uno de sus socios. El segundo es el del Parlamento, donde los distintos partidos integrantes han tenido la oportunidad de demostrar planteos diferentes a los que ha hecho el gobierno en determinados proyectos, que finalmente no fueron acompañados por todas las fuerzas políticas coaligadas.
Por último, los tres sociólogos coincidieron en que la salida del excanciller Ernesto Talvi del gabinete no tuvo un impacto sobre el funcionamiento de la coalición ni afectó la relación entre blancos y colorados.
“La ida del ministro de Relaciones Exteriores para cualquier gobierno en un marco de normalidad hubiese significado un trauma, pero la atención que el covid-19 tenía en la agenda hizo que eso no pesara tanto”, afirmó Irazabal, en línea con las declaraciones de sus colegas.
Pese a la crisis, más de la mitad de la población aprueba la gestión
La paradoja de que el saldo de aprobación presidencial sea favorable mientras persiste una importante crisis económica, también tiene su explicación. Para Porzecanski, el contexto pandémico “singular” que atraviesa el país, hace que la población no atribuya los resultados económicos a la gestión del gobierno, sino que más bien lo adjudica a la crisis mundial dada por el nuevo coronavirus.
En tanto, graficó que hay consenso en reconocer que Uruguay está inmerso en una crisis económica global, aunque hay quienes dicen que el gobierno podría haber atemperado la mala situación económica con un gasto fiscal más expansivo y hay quienes dicen que no tenía margen para hacerlo.
“La opinión pública atribuye las causas de la crisis económica mayormente al covid-19, en segundo lugar, a la gestión del gobierno anterior, y en última posición, al manejo de las autoridades actuales –aunque se trata de una minoría-”, indicó.
Por su parte, Pomiés aseveró que existe gran preocupación por el desempleo, que ha aumentado, y eso es problemático. No obstante, “la gente no está penalizando al gobierno por eso, lo sigue apoyando, porque entiende que la situación no es enteramente su responsabilidad y que está haciendo lo que puede para mantener sanos a todos”.
Según la especialista, los puestos de trabajo se hubieran perdido igual, sin importar quién gobernara, a causa de la pandemia. En este punto coincidió Irazabal, quien añadió que producto de dicho fenómeno sanitario, “el PIB también se hubiera achicado igual”, dado que el país perdió su principal ingreso, que era el turismo. “Acá no hay ganadores, por lo tanto, es difícil adjudicar responsabilidades al gobierno por la crisis económica”, justificó.
De todos modos, ambos analistas reconocieron que tal vez el gobierno podría haber invertido más dinero para aliviar la realidad de algunos compatriotas, más que nada, aquellos que están fuera del mercado formal y no tienen acceso a prestaciones como el seguro de paro o la asignación familiar.
Pomiés señaló que en breve va a tener que empezar a haber otro tipo de respuestas porque la gente está aguantando en pos de que le cuiden la salud, pero este escenario no se puede extender mucho más en el tiempo. En su discurso en la Asamblea General realizado el martes pasado, el presidente “comenzó a tirar líneas de acciones que ayuden a mitigar un poco toda esta situación económica que está padeciendo una parte importante de la población”, dijo.