La ley de urgente consideración (LUC) establece una serie de medidas que, según la coalición multicolor, garantizan una mayor seguridad a la ciudadanía. Sin embargo, para la oposición es fundamental que el referéndum sea aprobado y se logren los votos para la derogación de 135 artículos de la norma. Senadores de ambos sectores dieron sus puntos de vista al respecto en conversación con CRÓNICAS.
Son 33 los artículos referidos a la seguridad pública dentro de la LUC, normativa que está vigente hace más de un año y que el Frente Amplio (FA) y organizaciones sindicales prevén derogar, a través del mecanismo de referéndum. Hasta el momento, las firmas alcanzadas están siendo analizadas por la Corte Electoral.
En el capítulo sobre seguridad se le otorgan nuevas potestades a la policía y se aumenta el alcance de la legítima defensa policial, con el objetivo de que cuente con mayor respaldo a la hora de ejercer su labor.
Entre otras cosas, la ley permite a policías retirados que porten armas y actúen en casos de flagrancia con iguales facultades que los que se encuentran en actividad; posibilita a los efectivos llevar a comisaría a quien no tenga sus documentos y por ende no pueda identificarse; y habilita los registros a personas o vehículos por parte de policías y militares como tarea rutinaria.
A su vez, limita la aplicación del régimen de semilibertad; elimina la libertad anticipada en algunos delitos como rapiñas, copamientos y extorsiones; endurece las penas para ciertos crímenes como los vinculados al narcotráfico, el abuso sexual y la ocupación indebida de espacios públicos; y excluye los delitos graves de la posibilidad de redimir pena por trabajo o estudio.
Al mismo tiempo, mantiene los antecedentes de los menores de edad que cometen delitos gravísimos y les aumenta las penas en determinados crímenes, como homicidio, violación y abuso sexual.
La LUC también castiga la resistencia al arresto, el encubrimiento, la destrucción de bienes de la policía y de las cárceles, el ataque a los efectivos y las fugas de los presos.
En otro orden, crea sanciones por agresiones al personal de la educación, el transporte y la salud; establece el trabajo obligatorio para los reclusos y eleva de dos a cuatro horas el tiempo que la policía tiene para interrogar antes de comunicarse con el fiscal de turno.
Respaldo policial
Desde el oficialismo se advierten “riesgos” en caso de que los artículos de la LUC en cuestión sean derogados. Si eso sucede, “la gente volverá a ser rehén de la delincuencia”, de acuerdo con el senador del Partido Nacional, Sergio Botana.
Entrevistado por CRÓNICAS, opinó que todo lo atinente a la protección del hogar, el hecho de que no se borren los antecedentes de los menores, que no se puedan atacar los patrulleros y las comisarías, y la salvaguarda al policía en general, ha ayudado a la elevación de los niveles de seguridad.
En referencia a las señales de alarma que ha dado el FA con respecto al supuesto abuso policial perpetrado tras la aprobación de la LUC, Botana discrepó rotundamente y dijo que nada de eso ha sucedido. “El problema es que el FA le generó faltas de respeto a la policía y a la gente honrada del Uruguay, pacífica, que vive de su trabajo; el gobierno anterior no la protegió, la agredió con sus políticas”, declaró.
En la misma línea, se mostró satisfecho con las nuevas potestades otorgadas a la policía, que permiten que esta pueda defender a la gente sin presunción de culpa.
Problemas de derechos
Por el contrario, para la oposición se intenta transmitir a la policía una sensación de respaldo jurídico que, en realidad, no sucede en los juzgados, según manifestó a CRÓNICAS el senador frenteamplista Enrique Rubio.
Dijo también que la LUC ocasiona problemas de derechos, que son muy “riesgosos” y que han llegado al planteo de los defensores de oficio, quienes denunciaron excesos policiales. Por ejemplo, la posibilidad de que una persona esté detenida sin abogado y sin fiscal durante cuatro horas y sea interrogada “puede dar lugar a situaciones graves”, remarcó. Agregó que otro cambio equivocado es el rol que se les da a los policías retirados.
El legislador considera que el tema de la defensa propia también está mal planteado, dado que se presta a la interpretación de que el propietario de un bien, en caso de hurto, puede tirar a matar. Por ello entiende que en este asunto hacen falta muchos elementos penales y jurídicos, así como mayor información policial, fiscal y de defensores.
En relación al aumento de potestades a los funcionarios, Rubio cree que el accionar policial se respalda con profesionalismo y de una forma diferente a la que está establecida en la norma. Inclusive, afirmó que al personal ya se lo estaba apoyando en los gobiernos anteriores, cuando se le incrementaron los ingresos y se le brindaron instrumentos de protección, tecnología y cámaras. “Ese fue un cambio fundamental, a pesar de que hubo un aumento de los delitos, que no lo negamos”, apuntó.
El aumento de las penas
Botana sostuvo que es clave que se mantengan los antecedentes a los menores de edad, pues “se los estaba utilizando para cometer delitos, justamente, porque se borraban sus antecedentes al cumplir los 18 años”.
Asimismo, indicó que el endurecimiento de penas en algunos delitos permite tener más tiempo presos a los delincuentes y retirarlos de circulación “para que no estén dañando y aprendan”.
No obstante, Rubio aseveró que hay que estudiar caso a caso. “Puede tener sentido que no haya medidas alternativas (a la prisión) en determinadas situaciones, pero como postura general lleva a una inflación carcelaria, que nos va a conducir a un punitivismo que es récord mundial, cuando los países que lo venían practicando están desandando ese camino y se dieron cuenta de que hay que tener otras estrategias para obtener mayor seguridad”, expresó.
Récord de presos
En lo que va del período se envió a prisión a unas 2.000 personas, que se suman a las casi 11.000 que ya estaban privadas de libertad. De esa cifra de nuevos presos, unos 500 fueron imputados por delitos o agravantes creados en la LUC, tal como informó El País el mes pasado.
Consultado sobre esto, Botana dijo que, más allá de esos 500 reclusos en particular, que fueron condenados “gracias” a la normativa en cuestión, el aumento de 2.000 encarcelados se debió a un estado general de mayor seguridad, ya que “la policía no actúa con miedo ni culpa, sino con la tranquilidad de que tiene respaldo”.
De todas maneras, si bien comparte que las cárceles sean escuelas del delito –algo usualmente señalado por expertos en seguridad-, destacó el trabajo que se está realizando en dichos establecimientos por la recuperación de los internos.
En tanto, Rubio hizo énfasis en que el oficialismo plantea como un récord la suba de encarcelamientos, como si eso significara un incremento notable de la seguridad, pero “el resultado es que, en lugar de tener 11.000 presos como teníamos al principio, con 11.000 plazas –aunque mal distribuidas en algunos lugares-, hemos pasado a tener cerca de 13.000 y no tenemos dónde meterlos”.
