La Comisión especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia sesionó martes, miércoles y jueves de esta semana, aprobando 30 artículos del proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. Después de las arduas jornadas, CRÓNICAS conversó con dos de los integrantes designados para la discusión de esta materia, el presidente de Comisión y diputado colorado Conrado Rodríguez y el frenteamplista Felipe Carballo. Ambos se mostraron satisfechos, aunque reconocieron que tres artículos, en esta instancia no aprobados, serán puestos a discusión el martes en el plenario de la Cámara.
Por Matías Kapek | @matias_kb
La actual ley de financiamiento de los partidos políticos está vigente desde mayo de 2009, pero el proceso de la creación de una nueva legislación al respecto se encuentra abierto desde 2017. Específicamente, en 2018 fue aprobado en el Senado un proyecto de ley que comprendía dicho tema, el cual posteriormente se encontró truncado en la Cámara de Diputados en una votación que terminó empatada en diciembre del mismo año. El hecho tuvo como protagonista al entonces diputado frenteamplista Darío Pérez, quien no acompañó la iniciativa de su partido abandonando la sala, sumándose a la negativa de los representantes del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC).
La iniciativa, que era impulsada por el Frente Amplio (FA), oficialismo de la época, no prosperó, pero sí logró que se estableciera entre los partidos un compromiso para su tratamiento en la actual legislatura a través de una comisión especial en la Cámara de Diputados.
Semanas agitadas en Comisión
Dado ese antecedente y luego de la repercusión que generó el caso Marset, la Comisión especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia -como se denominó desde su primera sesión en julio de 2020- reactivó su funcionamiento.
Posterior al 25 de mayo había estado sin sesionar cuatro meses, retomando sus actividades el 21 de septiembre. Según la versión taquigráfica, en dicha instancia se decidió, tras la propuesta del diputado frenteamplista Mariano Tucci, cambiar el régimen de trabajo de la Comisión, suprimiendo los trabajos que hasta el momento se venían desarrollando en subcomisión. También se acordó allí el desarrollo de reuniones semanales a partir del 5 de octubre, día en el que la bancada del FA anunció que entregaría un documento con algunas modificaciones sobre el proyecto de ley que tuviera media sanción en la anterior legislatura.
Desde principios de octubre se ha acelerado el proceso de discusión con reuniones asiduas. Concretamente, en dicho mes se produjeron tres nuevas sesiones, los días 11, 19 y 24. En la primera de ellas, el presidente de la Comisión, el colorado Conrado Rodriguez, anunció que desde el PC junto Partido Independiente (PI), con la representación del diputado Iván Posadas, estarían presentando un documento con modificaciones sobre el proyecto original de la anterior legislatura.
En tal propuesta quedarían por fuera los demás partidos de la coalición, cuestión que Posadas reconoció, aunque admitió que lo importante era “generar respuestas y un avance”. Al respecto, desde filas nacionalistas y cabildantes se prometió el estudio y los comentarios correspondientes tanto a este documento como al ya presentado por el FA.
El PC, el FA y el PI presentaron finalmente un documento unificado el 9 de noviembre, aprobándose de forma general el mismo durante el pasado martes, cuando volvió a sesionar la Comisión; de igual forma, también se comenzó la discusión del articulado. Más allá de diferencias, en tal ocasión se aprobaron alrededor de 12 artículos, así como 7 artículos más en la sesión correspondiente al día miércoles.
Finalmente, ayer se aprobó el proyecto de ley luego de una extensa jornada; la misma dio comienzo sobre 10:30 de la mañana y culminó sobre el final de la tarde, con la aprobación total de 30 artículos durante la etapa. De igual forma, fueron puestos a consideración tres artículos, en relación a los cuales se espera por parte de la coalición de gobierno lograr un acuerdo antes del martes 28 próximo, cuando está convocada el plenario de la Cámara de Diputados, aseguró a CRÓNICAS Conrado Rodriguez.
Concretamente, los artículos 13, 13 BIS y 14 se encuentran anclados a la propuesta de distribución de minutos gratuitos a favor de los partidos políticos en la televisión para abonados y en la televisión abierta. Al respecto, Rodriguez comentó que desde la coalición se entendía que “esa distribución de minutos tenía que ser compensada de manera justa en virtud de que se trata de una actividad privada, regulada, que tiene como contraparte ciertos equilibrios económicos”.
El día de ayer se agregó como solución una redacción en la que se le daba la facultad al Poder Ejecutivo para que estableciera un régimen de compensación por dichos minutos gratuitos con el criterio de referencia en el costo de los minutos por el que pautan en los medios de comunicación los entes autónomos, servicios descentralizados y el dominio industrial y comercial del Estado. El FA no acompañó este agregado y por lo tanto, se decidió retirarlo e iniciar la discusión tal como se explicó.
Felipe Carballo, diputado frenteamplista, dijo que desde la coalición de izquierda se entiende que si se hacen estos cambios no se estará hablando entonces de minutos gratis, y esto, a través del aporte del Estado, se terminaría transformando en “un montón de dinero que van a terminar pagando los ciudadanos”. El representante subrayó que el Parlamento “no debería ceder a determinadas presiones”, y que, por el contrario, debería lograr obtener estos minutos, que catalogó como “uno de los insumos más caros para cualquier campaña electoral”.
La publicidad estatal en época electoral
El artículo 10, aprobado ayer en Comisión, establece que no está permitida la publicidad por parte del Estado en el periodo electoral. Esto es para las internas 30 días antes, para la elección nacional 30 días antes, para el balotaje 15 días antes y para la elección departamental 30 días antes. Se establecieron a esta disposición dos excepciones: las campañas de bien público y la publicidad de los entes que están en régimen de competencia.
