Guzmán Acosta y Lara, director Nacional de Telecomunicaciones
El próximo lunes la Cámara de Diputados recibirá el proyecto de Rendición de Cuentas. Dentro de sus cometidos se encuentra el artículo 153 que dispone la creación del Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT). En entrevista con CRÓNICAS, el director Nacional de Telecomunicaciones explicó que el FUT establece que todas las empresas del sector tengan la obligación de prestar sus servicios en las zonas que se determinen. Se trata de las localidades más remotas y, por tanto, las menos rentables para las empresas. “Se busca universalizar un derecho tan vital y tan importante como el agua y la luz: el internet”, sostuvo Acosta y Lara. Consultado acerca de la obligatoriedad que supone esta nueva ley para las empresas privadas, el director apuntó: “Si las empresas tienen interés en participar de la licitación del 5G el año que viene, esta es una de las condiciones que estamos poniendo a los efectos de poder dar una cobertura nacional”. Asimismo, aseguró que “independientemente de que no les guste”, las compañías entienden la política de desarrollo de las telecomunicaciones que quiere llevar adelante el gobierno.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
– En el marco de la Rendición de Cuentas, el artículo 153 crea el Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT). ¿Cuál es el propósito del fondo y cómo se obtendrán los recursos?
– El Fondo Universal de Acceso a las Telecomunicaciones es algo que ya se ha utilizado internacionalmente con la innovación de que no se lleva adelante mediante un impuesto como ocurre en otros países.
En este caso, el financiamiento es a raíz de las licitaciones de espectro, un bien finito que es administrado y licitado por los gobiernos de cada país.
Las empresas de telecomunicaciones compran ese espectro y el 5% de esos ingresos -que habitualmente van a Rentas Generales- quedan para las telecomunicaciones. Se estima que la mencionada subasta recaude entre 50 y 100 millones de dólares.
Lo que se pretende con esto es dar financiamiento a la Comisión de Acceso Universal a las Telecomunicaciones, que operará en la órbita de la Ursec, y que va a determinar -a través de un estudio que viene realizando Dinatel junto con Ursec- cuáles son las áreas de poca o baja cobertura de internet. De esta forma, estarán geolocalizadas las zonas a las que no ha llegado el internet. Al día de hoy se estima que hay unas 150 localidades carentes del servicio o que no cuentan con un servicio básico, aceptable.
El FUT se va a utilizar para que se llegue a esos lugares que están alejados y no son rentables para las empresas.
De esta manera, pretendemos aliviar la mochila de Antel porque hoy esas zonas son desplegadas por Antel y financiadas exclusivamente con la plata que la empresa uruguaya genera de su facturación propia.
En este sentido, cabe destacar que Antel no percibe ningún subsidio para realizar este tipo de despliegue en esos lugares, lo hace en base a su política social, pero lo ha hecho sola. Y teniendo en cuenta que además tiene que competir, de esta manera vamos a dejar recursos para que Antel pueda hacerlo de la mejor manera.
En el FUT está previsto que todas las empresas de telecomunicaciones tengan la obligación de ir a donde se determina que el fondo vaya a financiar el despliegue de esa antena.
La antena va a estar financiada por este subsidio, con lo cual lo que buscamos es transparentar de alguna manera la tarifa de Antel y fomentar que las telecomunicaciones sean accesibles y asequibles a todas las personas y en todo el país. Queremos que no exista un solo rincón del Uruguay que no tenga acceso a internet porque sabemos que, hasta ahora, ha sido desigual.
Buscamos que se universalice el acceso a las telecomunicaciones y que no dependa de una sola empresa, sino que todas las empresas estén obligadas a brindar el servicio sabiendo que van a ir a pérdida. De esta manera, el Estado obliga a las empresas privadas que no han tenido interés en ir hasta ahí a que tengan que prestar el servicio y darle el mantenimiento adecuado.
El FUT es una solución práctica y sencilla que transparenta el subsidio y por medio del cual se busca universalizar un derecho tan vital y tan importante como el agua y la luz: el internet. Es una muy buena noticia para el Interior del país y esperamos que los legisladores entiendan su importancia.
– ¿Efectivamente será de carácter obligatorio para las empresas privadas tener presencia en las localidades que defina el Comité de Telecomunicaciones?
– Es obligatorio, la ley les obliga a ir. De esa manera igualamos a las personas, porque cuando depende de un solo proveedor no existen las mismas condiciones de competitividad que cuando hay más de un proveedor y, a su vez, en estos casos no hay un tema de competencia por el cliente porque la zona no es rentable.
Es para ese tipo de zona, no para otro lugar o de tecnología, y lo dejo aclarado porque no es para que las empresas privadas compitan con Antel, sino que es para que esas empresas también vayan a zonas no rentables. Es una solución igualitaria para todos.
– ¿Hubo reacciones por parte de las empresas ante esta disposición?
– Las empresas saben que estamos generando este tema. Obviamente, ellas tienen interés en participar de la licitación del 5G el año que viene y esta es una parte de las condiciones que estamos poniendo a los efectos de poder dar una cobertura nacional.
Independientemente de que no les guste, entienden la política de desarrollo de las telecomunicaciones que quiere llevar adelante el gobierno.
– El director por la oposición de Antel, Daniel Larrosa, dijo a La Diaria que se utilizarán fondos públicos cuando a Claro y Movistar “les falta cobertura”. ¿Qué opina al respecto?
– Es verdad que son fondos públicos, no son fondos de Antel; pero no es para Antel, es para la gente. Nosotros ponemos en el centro a la gente, que queremos que acceda al servicio y que tengan las mismas condiciones que quien vive en el centro de la ciudad. Buscamos que la antena se haga mediante el sistema de subasta a la inversa, esto significa que la empresa que lo haga por menos plata es la que va a percibir el subsidio.
De esa manera, va a salir más barato para los intereses del Estado y va a ser en el tiempo que el Estado necesita que eso ocurra, es decir que habrá una respuesta rápida para tratar de eliminar la brecha digital, que es lo que nosotros pretendemos.
El director de la oposición obviamente lo ve con una visión totalmente cerrada y pensando en el statu quo al cual está acostumbrado.
– Uno de los artículos que se busca derogar de la ley de urgente consideración es el de la portabilidad numérica. ¿Por qué es importante que esta nueva disposición tenga continuidad?
– Nosotros lo miramos desde el punto de vista de un derecho digital, de un derecho a la identidad digital. Nosotros decimos que la LUC da derechos y por eso vamos a defender la ley y la portabilidad numérica en la campaña por el referéndum que se viene ahora. Pero también está vigente un proceso de selección del Administrador de la Base de Datos (ABD), y ya está siendo notificada la empresa que ganó y que será la encargada de hacer esa portación con las empresas de telecomunicaciones.
– Al respecto, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) emitió un comunicado en el que advierte que el Estado uruguayo deberá enfrentar juicios millonarios si continúa con el llamado a empresas para la administración de la base de datos en el proceso de cambio hacia la portabilidad numérica. ¿Usted descarta que pueda llegarse a esto?
– Independientemente del resultado electoral, hemos blindado al Estado de cualquier tipo de litigio que pueda ocurrir en ese sentido. Justamente era una de las denuncias que venía haciendo Sutel, es decir, qué pasaba si mañana esto no prosperaba.
Nosotros tenemos para decir que el proceso ya está en marcha. Pensábamos que estuviera funcionando en octubre, pero por temas de la pandemia se atrasó un poquito más, aunque a fin de año seguramente los ciudadanos van a tener la libertad de ser titulares de su número de teléfono y no que lo sean las empresas, y cada uno optará por la compañía que más le guste o la que mejores servicios le preste. Es un derecho pensado para la gente, no desde la óptica de las empresas.
– ¿Se puede adelantar cuál es la empresa seleccionada para la ADB?
– Será notificada en estos días por la Ursec. Es una empresa internacional, de porte, y la selección no la hizo la Ursec sino el Comité de Portabilidad Numérica, ya que quienes firman el contrato son cada una de las firmas de telecomunicaciones con ese ABD. Es una empresa con experiencia en este tipo de trabajo y con el prestigio para poder llevar a cabo este proceso.
No me llames
La Rendición de Cuentas dispone la creación del registro “No me Llames”, una nómina creada en la órbita de la Ursec por la cual los clientes de servicios de telecomunicaciones pueden inscribirse para estar amparados en el derecho de no ser contactados por campañas de marketing con incentivos que no han sido solicitados por ellos. “De esa manera, se busca terminar con una práctica que se viene incrementando, especialmente en este sector, en cuanto a promociones de marketing”, detalló Acosta y Lara.
El director Nacional de Telecomunicaciones enfatizó que tanto las empresas de telefonía como los call centers contratados por las mismas -ya sean locales o extranjeros- deberán verificar vía online, de forma rápida y ágil, que la persona a la que contactan no está inscripta en la plataforma. Por otra parte, los usuarios podrán inscribirse al registro o darse de baja en cualquier momento de forma voluntaria.
“Es un derecho a no ser molestado y no es un hecho aislado en Uruguay, sino que existe en varios países y una de las fuentes tomadas en cuenta a los efectos de redactar este artículo en la Rendición de Cuentas es la ley argentina”, remarcó Acosta y Lara.
La normativa se reglamentará entre los 120 días de promulgada la ley, y en el caso de que existan incumplimientos por parte de las empresas, la Ursec cuenta con las potestades de sancionar a la empresa de telecomunicaciones que haya contratado esta campaña.
