En contacto con CRÓNICAS, fuentes del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS) comentaron la situación que se vive en la frontera y las expectativas con las que afrontan las nuevas medidas tributarias que están en consideración. Concretamente, la principal de ellas es un proyecto de ley enviado al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo. El mismo tiene como objetivo prorrogar y ampliar los beneficios de la Ley 19.993. El alivio fiscal que se busca hace principal énfasis en las micro y pequeñas empresas.
Desde el Poder Ejecutivo, dentro de la exposición de motivos, se hace hincapié en que las poblaciones de fronteras se encuentran expuestas a una serie de inestabilidades, entre ellas, las variaciones cambiarias, el alto nivel de informalismo, la falta de competitividad y sustentabilidad y las diferencias de precios de los productos ofertados.
Esta iniciativa está basada en la Ley 19.993 del 15 de octubre de 2021, la cual tuvo una vigencia de 12 meses. Se pretende que las medidas que se habían establecido en esta sean ampliadas y prorrogadas por seis meses a partir del 1º de noviembre de 2022. Esto se entiende necesario por el hecho de que el paso del tiempo ha profundizado las dificultades.
Las medidas originales que tenía en cuenta la Ley 19.993 eran en primera instancia la exoneración del 100% de los aportes patronales obligatorios. También la exoneración del Monotributo, el Monotributo Social Mides, los anticipos mínimos IRAE y los pagos mensuales de Impuesto al Patrimonio. Por último, se tenía en cuenta la exoneración del IVA mínimo mensual para las empresas comprendidas en el régimen de “Pequeñas Empresas”.
Este nuevo proyecto tendrá en cuenta la sustitución de los literales a y c del artículo 1. El literal a señalaba que las exoneraciones allí establecidas comprendían solamente a aquellas empresas cuya actividad principal fuera el comercio al por menor en supermercados y almacenes. Ahora se pretende que esta exoneración alcance a todas aquellas empresas cuya actividad sea el comercio por menor, exceptuando solamente al comercio de automóviles y motocicletas.
El literal c, por su parte, indicaba que los beneficios de las exoneraciones establecidas en el artículo 1 eran solo para las empresas cuyo ingreso bruto previo a la vigencia de la ley no fuera superior a los UI 4.000.000. Este nuevo proyecto de ley busca extender esos beneficios a todas aquellas empresas con ingresos brutos previos de hasta UI 10.000.000.
Desde el CCIS aclararon que aunque estas medidas son valoradas, “no resuelven el problema de fondo”. En reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas, según destacaron, dejaron en claro que “es clave que lo que se logre en políticas de frontera se refleje en el precio al consumidor final”.
Señalaron que es necesario tener empresas competitivas para por lo menos lograr los objetivos básicos de subsistencia y conservación de los empleos. Consideran no suficientes las medidas, y por eso propusieron la implementación de otras, las cuales, a su entender, sí van a poder acercarlos a estos objetivos.
Concretamente, mostraron la intención de que “se evalúe ampliar el porcentaje de Imesi en las naftas”. Este planteo, según subrayan, ya fue realizado, pero no han recibido respuestas.
Por otra parte, también en la búsqueda de lograr precios competitivos, se mantuvo el pasado día martes una reunión por parte del CCIS con el BROU, en procura de poder acordar descuentos especiales para las empresas de fronteras.
En la misma, se destacó el beneficio que otorga la tarjeta BROU Recompensa en hotelería y gastronomía. Sin embargo, se mostró de forma expresa por parte de la gremial la disposición a que los beneficios sean extendidos a otros sectores.
