La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) atraviesa una de las crisis más profundas de su historia, sin certezas sobre el futuro de las pasividades. Además, el proyecto de reforma elaborado por el Poder Ejecutivo fue rechazado por su directorio. En este escenario, en diálogo con CRÓNICAS, la vicepresidenta de la institución, Virginia Romero, advirtió que en julio ya no habrá más fondos, y explicó por qué están en contra de la iniciativa del oficialismo.
El problema que padece la caja no es nuevo. Es de larga data y multifactorial. Uno de los principales factores, de acuerdo a su vicepresidenta, Virginia Romero, tiene que ver con los profundos cambios en el ejercicio profesional desde la fundación de la institución en 1954. “Cada vez son menos los profesionales que trabajan en forma independiente, y muchos optan por la relación de dependencia, lo que los lleva a aportar al BPS en lugar de a la caja”, explicó.
A esto se le suma que en la actualidad la mayoría de los afiliados aporta en las categorías más bajas, muy lejos de quienes hoy se están jubilando, que lo hacen con sueldos correspondientes a la categoría 10, la más alta. Según datos proporcionados por la directiva, una jubilación de categoría 10 ronda los $ 80.000 o más, mientras que las contribuciones mensuales de la mayoría de los aportantes no superan los $ 10.000.
Este desequilibrio entre ingresos y egresos genera un desbalance estructural que, para la entrevistada, era previsible, dado que “el instituto sabía desde hace 15 años que esto estaba ocurriendo, pero nunca tomó medidas para resolverlo”. En este marco, el principal desafío es lograr un equilibrio financiero en un sistema donde cada vez menos aportantes sostienen a más pasivos, algo poco probable dada la situación actual.
Es por ello que Romero remarcó la incertidumbre que reina al día de hoy, puesto que “en julio no habrá dinero para pagar las jubilaciones”, detalló. Agregó que, justamente, la gran incógnita es qué va a suceder cuando no haya fondos para pagar.
El rechazo del proyecto de reforma
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo fue rechazado por el directorio de la caja por considerar que carece de garantías y certezas. En primer lugar, Romero afirmó que no hay ningún estudio que respalde las medidas propuestas por el gobierno. Añadió que tampoco está claro cómo y cuándo se otorgarán los $ 110 millones mensuales que el Estado propone aportar.
Uno de los puntos de esta iniciativa que genera más polémica es el aumento del 22,5% en la tasa de aportes de los afiliados activos. La vicepresidenta de la caja considera que esa medida sería contraproducente, porque podría implicar que algunos se bajen de categoría, dejen de pagar e incluso se desvinculen del sistema en forma definitiva.
Otro de los planteos controversiales del articulado se refiere a la anticipación de la convergencia de los regímenes jubilatorios. Según comentó Romero, esa transición, prevista originalmente para 2032, se adelantaría a 2027, una medida que no aporta soluciones inmediatas y que, en cambio, “hará perder derechos a muchas personas”.
Adicionalmente, la tasa de contribución pecuniaria de los pasivos propuesta es la misma que la de la Caja Bancaria, aseguró Romero, sin distinguir entre jubilados y pensionistas. La entrevistada recordó que la iniciativa de reforma que había presentado la caja, pero no tuvo éxito, sí contemplaba esta diferencia, así como otros aspectos que no se incluyeron en el actual proyecto, como la posibilidad de jubilarse por edad avanzada.
Si bien el artículo 67 de la Constitución establece que el Estado debe asistir a las cajas para garantizar las pasividades en caso de que se queden sin fondos, la vicepresidenta dejó en claro que, sin una ley que lo habilite para ello, no podrá hacerlo, lo que hace que la incertidumbre crezca aún más.
Los aportes y una incompatibilidad
Romero aseveró que la Caja de Profesionales debe sostenerse con una propuesta de equidad como base. En ese sentido, detalló que todas las partes involucradas en el ejercicio profesional deberían aportar, cada una en su proporción.
Dijo también que los ingresos que recibe la institución tendrían que regularse con el mismo índice que los egresos. Hoy, los ingresos se ajustan por el Índice de Precios del Consumo (IPC), mientras que las pasividades lo hacen por el Índice Medio de Salarios (IMS), generando de esa manera un considerable descalce, aseguró.
Por último, la vicepresidenta remarcó que existe un problema poco comprendido fuera del ámbito profesional, que es la incompatibilidad entre el cobro de una jubilación y la continuidad en el ejercicio profesional. En esa línea, explicó que una persona no puede jubilarse por la caja y seguir trabajando en la misma profesión, aunque sea en régimen de dependencia o por cuenta propia. “Eso se ha derogado por desconocimiento del sistema”, lamentó.
