Por Felipe Carballo (*) | @fcarballo711
En nuestro país hay 980 mil personas con informe negativo en el clearing de informes. Esta situación les impide acceder a créditos, contratos de servicios, arrendamientos e inclusive les deja fuera de algunas políticas públicas fundamentalmente enfocadas en la vivienda. Más aún la situación de estar inhabilitados para acceder a nuevos créditos, implica que muchos ciudadanos se vean obligados a acudir a prestamistas que funcionan por fuera del marco legal que generan además situaciones de presión y desprotección total.
Además, el número de personas que están en el clearing con informe negativo, se amplía en los sectores con menores ingresos y pertenecientes a las clases económicas más bajas, desprotegidas y vulneradas.
Desde el año 2020 hemos venido trabajando y analizando esta situación, viendo con gran preocupación que el Estado no ha tomado cartas en el asunto y no se ha presentado ninguna alternativa que posibilite salir de esa situación a casi un millón de uruguayos. Cuando hemos analizado las cifras, encontramos que el sistema muchas veces es el que acorrala a las personas y no les permite enfrentar sus compromisos, aun teniendo voluntad de pago. En el año 2021 presentamos en Diputados un proyecto de ley que apunta a solucionar esta alarmante realidad, con la firme convicción de que el Estado debe y puede intervenir.
Nuestra propuesta plantea brindar una segunda oportunidad y por única vez a quienes se encuentren con informe negativo en el clearing, generado por deudas iniciales inferiores a las 20.000 UI (algo más de 100.000 pesos uruguayos). Debido a las excesivas tasas de interés y las multas que se aplican por mora, esos montos iniciales en poco tiempo se ven multiplicados exponencialmente. Ante una situación de enfermedad propia o de algún familiar, de pérdida del trabajo o simplemente frente a una coyuntura como la actual, donde los precios de productos y servicios aumentan, con salarios sumergidos y una recuperación salarial estancada, la imposibilidad de pago de un compromiso adquirido con anterioridad se vuelve literalmente una pesadilla para el deudor. Una vez que se ingresa con un informe negativo en el clearing, difícilmente pueda levantarlo y, aun así, si abonara, permanecerá por lo menos tres años más con ese registro en su historial crediticio.
Creo firmemente que el Estado debe intervenir a favor de aquellos que, a pesar de su buena fe y su interés de pagar, no han podido hacer frente a sus pequeñas deudas, que con el paso del tiempo se convirtieron en exorbitantes y que engrosan los bolsillos de entidades financieras y de intermediarios que compran los paquetes de deudas. Las personas que asumen deudas por montos pequeños, en la mayoría de los casos, lo hacen para cubrir necesidades mínimas, el pago de algún servicio y/o enfrentar el inicio de clases, un tratamiento de salud o directamente para llegar a fin de mes.
Es por eso que nuestra propuesta, presentada en la Cámara de Diputados y a estudio de la Comisión de Hacienda, plantea que el Estado, a través de una repartición específica para tales efectos en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se ocupe de obtener la información del deudor y sus acreedores y se genere a partir de lo previsto por la ley propuesta, una negociación entre el Estado y los acreedores por las deudas, que en su origen no excedían las 20.000 UI , donde se eliminen las multas, los intereses, los recargos y solamente se considere una tasa de interés administrativa. Una vez obtenido el monto final, el BROU a instancias del MEF abonará la deuda al o los acreedores. De esta manera, el deudor pasa a tener un solo acreedor, con una deuda disminuida considerablemente, con la posibilidad de abonar esa deuda en hasta 60 cuotas (cinco años). Nuestra propuesta también establece que quedará habilitado a contraer nuevos créditos hasta por un 30% de sus ingresos sin que los informes emitidos por los registros de deudores sean un impedimento a esos efectos.
Sabemos que existen otros proyectos parlamentarios que en el discurso parecen asemejarse a nuestra propuesta, sin embargo, se enfocan en las tasas de usura. Entendemos que ese también es un tema importante a poner sobre la mesa, pero que en definitiva no cambia la situación de quienes ya tienen un informe crediticio negativo. A nuestro entender, el Estado debe hacer los mayores esfuerzos para sacar a la gente del clearing y resucitarlos de esa “muerte civil” que enfrentan debido al peso de esos informes negativos.
Por supuesto que la propuesta que hemos presentado está abierta a modificaciones siempre que las mismas vayan en sentido de posibilitar que aquellos que han quedado rezagados, que son casi un millón de uruguayos, tengan la posibilidad de honrar sus deudas, facilitando las condiciones para ello y que no sigan siendo castigados prácticamente de por vida por no haber podido en algún momento hacer frente a las mismas.
En diferentes momentos de la historia de nuestro país, el Estado ha posibilitado la reestructuración e inclusive ha abonado las deudas generadas por grandes asociaciones de producción rural o industrial y ha sido todo el pueblo uruguayo que ha pagado esas deudas. Deudas millonarias en dólares que todos pagamos para facilitar a esas organizaciones que sigan funcionando. ¿No es momento acaso, de que el sistema político se ponga de acuerdo y actúe de la misma manera para con las clases más pobres de nuestro país?
Ya sabemos que hay quienes defienden y ponen todas sus fichas en los “malla oro”, nosotros estaremos siempre velando por los rezagados del pelotón, que en este caso son un tercio de los uruguayos.
(*) Diputado del Frente Amplio.
