Por José Carlos Mahía (*) | @JoseCarlosMahia
En los últimos años a nivel mundial ha crecido en forma sostenida la utilización de plataformas informáticas para la prestación de diversos servicios o adquisición de bienes. Se trata de un fenómeno que en medio de un mundo cada vez más interconectado ha llegado rápidamente al Uruguay.
Como cualquier novedad, representa un desafío para la sociedad que la recibe. Y la nuestra no es la excepción.
Como bien sostuvieron desde AGESIC “la prestación de muchas actividades que se desarrollan en estos nuevos modelos se beneficia de tecnologías que suponen una verdadera innovación disruptiva que, por su características y facilidades para los usuarios y consumidores, se impone frente a las tecnologías precedentes”
Frente a esto no sería bueno en nuestro país mirar para un costado como si nada pasara. El desafío que tenemos es legislar, para regular, sin afectar la llamada economía digital pero asegurar en simultaneo la igualdad de condiciones para todos los actores.
Sino lo hacemos lo que sucede de hecho es una desregulación del mercado: el consumidor se beneficia con una competencia que se realiza “de pesado” y vulnerando las normativas: entre otras eludiendo aportes a DGI así como al BPS que asegura -entre otros beneficios para el trabajador- el percibir una jubilación en el futuro.
Ante esta situación el Poder Ejecutivo envió en Marzo un proyecto para comenzar a regular esta actividad. La influencia de las plataformas informáticas en la economía es creciente y lo será cada vez más, por lo que la iniciativa nos parece sumamente pertinente.
Poco después, también en nombre de del Poder Ejecutivo, AGESIC propuso algunas modificaciones y desde la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados nos abocamos al tratamiento del tema. Luego de un largo y enriquecedor proceso de debate en el que participaron un importante número de delegaciones planteando sus puntos de vista aprobamos en la Comisión un proyecto el cual será tratado en la Cámara de Diputados.
En base a esto expondré algunos aspectos que me parecen relevantes destacar: a) la promoción que ha hecho el Uruguay para el desarrollo de un área relevante como el de la tecnología y la información; b) el impacto que el desarrollo de aplicaciones sin control puede generar; y c) un esbozo con los principales puntos de la solución que hemos planeado en el seno de la Comisión.
Tal como lo muestran diversos informes, Uruguay durante los últimos años ha desarrollado las bases para el crecimiento del área de la tecnología y la información. Algunos de ellos como el Informe de Uruguay XXI titulado “La industria TIC en el Uruguay” así como en el “Informe anual del Sector TI” elaborado por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) muestran no solo lo pujante del sector sino también las políticas que se han desarrollado para su estímulo y crecimiento. Esto ha permitido que Uruguay sea:
- el país con mayor en Desarrollo Tecnológico en América Latina, considerando penetración en Internet, cantidad de hogares con computadora, y penetración de celulares.
- el país con mayor velocidad de bajada de datos en América Latina y el 35° a nivel mundial.
- el primer país en Gobierno Digital de América Latina de acuerdo a las Nacionales Unidas.
- el primer país en proveer computadoras portátiles a todos los estudiantes, maestros y docentes de escuelas y liceos públicos (Plan Ceibal)
- el primer y único país en el mundo en asegurar la trazabilidad total de su cadena cárnica
- el primer de América Latina en habilitar una red de conectividad LTE
El desarrollo de las TICS en Uruguay lo han posicionado en los últimos años como un proveedor internacional de productos y servicios, a costos competitivos y con oportunidades de inversión.
Hacia el año 2013 el sector TIC contaba con más de 550 empresas y sus exportaciones rondaban los 300 millones de dólares. Por otro lado Uruguay es el primer exportador per cápita de Software y Servicios Informáticos para América Latina y el tercero en términos absolutos.
Para el año 2015 el sector TIC facturó 1.068 millones de dólares, lo que equivale a un 8% de las exportaciones totales del año y casi un 2% del PBI.
En relación a la institucionalidad Uruguay cuenta con una serie de actores públicos y privados que han alentado y alientan este crecimiento. Dentro de ellos se destacan: la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica de la Información y el Conocimiento (AGESIC), ANTEL, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), diferentes Direcciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), etc. A ello se suma además el aporte realizado por las Universidades del país –tanto la UdelaR como las privadas -, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), así como diversas incubadoras de empresas de base tecnológica.
Desde el punto de vista normativo además el Sector TIC ha tenido un impuso importante a partir de la Ley 16.906 de 1998, los decretos 455/007 y 002/012, la devolución del IVA pagado en las compras de ciertos insumos específicos y claves para el desarrollo del sector, la exoneración de impuesto a la renta empresarial para actividades de exportación de software y servicios vinculados, el decreto 414/009 que reglamenta la Ley de Protección de Datos Personales, entre otros.
Lo expuesto hasta ahora muestra que en los últimos años ha habido un incentivo claro al sector TIC y que el mismo ha tenido efectos positivos. Sin embargo, en el momento actual la irrupción de las plataformas de intermediación nos desafían e interpelan, porque si las dejamos libradas y sin regulación estas llevan a una situación desigual en relación a quienes realizan su trabajo respetando las normas.
Para quienes no creemos que la economía se deba regir solo por las leyes del mercado también está en juego el rol del Estado.
Si las actividades que devienen de la economía digital actuaran todas por fuera de las reglas en un lapso no muy lejano el Estado -gobierne quien gobierne – tendrá serios problemas para financiar la Educación, la Salud, la Justicia, la Seguridad, el pago de salarios públicos, jubilaciones y pensiones, etc.
Nuestro desafío es pues legislar y trabajar para promover un marco legal que por un lado siga estimulando el desarrollo de la economía digital y por otro garanticen reglas de juego parejas.
En su comparecencia en la Comisión el Ingeniero José Clastornik de AGESIC, señaló acertadamente la necesidad que “más allá de una normativa general que facilite los instrumentos para el desarrollo de estas actividades, es importante que los organismos competentes regulen cada servicio con las particularidades que presenta y teniendo en cuenta la forma en que se encuentra regulada la prestación tradicional.”
En base a ello se ha elaborado una normativa minimalista, que regula con generalidad, lógica de sistema y coherencia una cuestión que se aborda no como un problema a resolver sino como una actividad a alentar.
En este sentido el proyecto trabajado defiende la libertad de trabajo pero entiende que la misma debe ser compatible con el interés general, por ello la premisa básica que servicios prestados mediante plataformas informáticas estén sujetos a las mismas reglas que los prestados por cualquier otro medio asegurando así el respeto de las normas laborales, administrativas, previsionales y tributarias por parte de todos.
Para ello la iniciativa brinda las potestades para que los órganos pertinentes fiscalicen el efectivo cumplimiento de todas las obligaciones a las que se encuentren sujetos los prestadores de los servicios o las actividades que estos desarrollen.
De forma simultánea, y con el objetivo de brindar las mayores garantías, el proyecto prevé además en caso de sanciones que sean Magistrados (Poder Judicial) los que definían las medidas a aplicar en el marco de la normativa vigente.
Por todas estas razones, no dudamos que este proyecto es un salto de calidad para nuestro país y constituye una herramienta para la promoción de una actividad que sea respetuosa de la legalidad vigente, y vaya en sintonía con la creación de empleo de calidad para todos los uruguayos.
Una verdadera innovación legislativa.
(*) Diputado del FLS – Frente Amplio
