Diego O’Neill aseguró que el sector de la construcción sorteó el 2020 de buena forma

EDICIÓN ESPECIAL 2020

Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción (CCU)


A diferencia de otros sectores, el de la construcción sorteó el 2020 en buena forma, aunque eso no impedirá que la actividad caiga por sexto año consecutivo. Pero el 2021 aparece como más prometedor y hay confianza de que se retome la senda de crecimiento. La obra de UPM 2 representará un impulso importante aunque, la inversión pública, que siempre tuvo un peso importante, se está viendo resentida ante una ley de presupuesto austera en función de las restricciones fiscales que el país tiene.

¿Cuáles son las expectativas que tiene el sector para 2021, teniendo en cuenta el contexto por el que atraviesa el país y el mundo, como así también la desaceleración mundial de la economía?

La construcción viene transcurriendo este 2020 con bastante buen suceso. Ante la pandemia acordamos una licencia especial sobre finales de marzo y principios de abril, que se continuó con la licencia habitual de Semana Santa, volviendo a la actividad el lunes 13 de abril y desde allí hemos trabajado en esta nueva normalidad, aplicando un protocolo muy estricto de cuidado, pero hemos logrado trabajar con niveles de productividad similares a la prepandemia.

La actividad volverá a caer en 2020, completando seis años consecutivos de caída, pero las expectativas para 2021 son de comenzar a revertir ese proceso y retomar la senda del crecimiento. Esto se apoya en que vamos a tener el pico de actividad en las obras de UPM 2, el ferrocarril central, los proyectos de participación público-privada y todos los incentivos que el gobierno ha otorgado sobre la vivienda promovida y los proyectos de gran dimensión económica. Esperamos un año bueno en actividad, con la incertidumbre de cómo nos seguirá afectando la pandemia, que puede tener nuevos impactos sobre la economía del país y, por ende, sobre la construcción.

¿Cuáles son los desafíos que tiene por delante el sector en tiempos de pandemia, y qué temas preocupan a la CCU ante este nuevo escenario?

El primer desafío que tiene el sector, como lo tiene todo el mundo, es el control de la pandemia. Es decir, poder aplanar la curva de contagios y tener la posibilidad de desempeñar las actividades en un marco de menor riesgo para la salud de la gente, de baja circulación del virus. Por otro lado, la economía global ha sufrido mucho por la pandemia, lo que genera incertidumbre sobre el dinamismo de la inversión productiva y sobre la demanda efectiva para toda la producción inmobiliaria que se pueda volcar al mercado. También hay una parte de ese mercado que siempre ha sido de los países vecinos, entonces también hay incertidumbre de cómo podrá comportarse ese sector del mercado.

¿Qué evaluación hace la Cámara de la actuación de esta nueva administración de gobierno para lograr la reactivación? ¿Cuáles son los puntos altos en su gestión de cara al desarrollo del sector y, por el contrario, qué medidas o iniciativas falta aún impulsar?

La nueva administración viene impulsando las medidas que había anunciado en la campaña. La ley de urgente consideración (LUC) es un buen ejemplo, y una serie de medidas tomadas pensando en la mejora de la competitividad, en la reducción de costos, por ejemplo en el tema de los combustibles, así como la modificación de la reglamentación de la Comap. En lo especifico del sector, las medidas que se tomaron para la vivienda promovida y para los proyectos de gran dimensión económicas son muy positivas, estimulan la oferta y la producción de construcción, muestran una apuesta al sector privado, a la inversión privada y a darle las mejores condiciones para que esa inversión se concrete. Lo que nos queda en el debe va por el lado de la inversión pública, que siempre tuvo un peso importante, y que se está viendo resentida por una ley de presupuesto muy austera en función de las restricciones fiscales que el país tiene. Nosotros pensamos que deberían buscarse formas alternativas de financiamiento, extrapresupuestales para poder ejecutar obras de infraestructura que el país necesita, fundamentales para el desarrollo económico, la competitividad, la mejora de la productividad y la generación de empleo, algo que se ha agravado por la pandemia. Esperamos señales y medidas concretas de la administración en esta dirección.

¿Cuáles son las fortalezas que muestra el sector en este nuevo tiempo, denominado de nueva normalidad? ¿Cuánto mueve la aguja UPM2?

El de la construcción es un sector maduro: firmamos un convenio colectivo a tres años que da una señal de certeza y de estabilidad a los inversores; las empresas apuestan fuerte a la incorporación de tecnología con inversión en maquinaria y equipo, para mejorar la eficiencia, la productividad y las condiciones de trabajo; contamos con una capacidad instalada importante -por ejemplo, en la obra de UPM 2 las empresas nacionales son protagonistas relevantes tanto en la obra civil como cuando inicie el montaje-. Tenemos un sector muy dinámico para impulsar la economía y el desarrollo.

La obra de UPM 2 está teniendo un papel importante este año y será aún mayor en 2021. Pero, a pesar de ser la inversión privada más importante en la historia del país, precisamos mucha más inversión para el crecimiento del sector.

¿Cuáles son los grandes números de la construcción hoy?

Con los datos disponibles a setiembre, estamos en un nivel de ocupación similar a setiembre de 2019, es decir que el nivel de actividad es similar al del año pasado, aunque al cierre del año tendremos otro ejercicio con caída. Los motores de la construcción son, básicamente, tres: la inversión privada en vivienda, que representa un 20% y que está con buen dinamismo; la inversión privada productiva (no vivienda), que representa un 50% y que hoy su mayor exponente es la planta de celulosa; y la inversión pública, que representa un 30% pero que está bastante deprimida. Para que la construcción sea un motor del desarrollo y la generación de empleo, hemos propuesto al gobierno -y confiamos que avance en ese sentido- alternativas extrapresupuestales para el financiamiento de infraestructura que el país necesita.