La decisión del gobierno nacional de modificar los criterios para la devolución de aportes al Fonasa ha generado un debate político y económico en Uruguay. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la medida responde a una corrección metodológica en el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE), el parámetro que determina cuándo un trabajador ha aportado por encima de lo que necesita el sistema y, por tanto, tiene derecho a devolución.

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, defendió el cambio argumentando que “se estaba devolviendo más de lo que correspondía”, por un cálculo que consideró incorrecto hasta ahora y que afecta a las devoluciones que se realizarán a partir de setiembre de 2027 bajo el nuevo esquema.

El ajuste podría reducir significativamente el número de personas que reciben estos reintegros, estimándose una caída desde alrededor de 155.000 beneficiarios actuales a unos 81.000 bajo las nuevas reglas. La oposición ha anunciado que citará al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, al Parlamento para aclarar el impacto real de la medida y su alcance sobre derechos adquiridos.

Debate con historia 

Este debate revive discusiones previas, donde una figura clave fue Danilo Astori, quien entonces era vicepresidente de la República. En el año 2013, defendió inicialmente la idea de no devolver los excedentes del Fonasa, proponiendo que se reinvirtieran en mejoras del sistema de salud, postura que fue criticada por opositores que la consideraron una forma de retener fondos de los aportantes.

Poco después de aquella declaración, cambió de parecer y respaldó la devolución de excedentes por razones legales y normativas vigentes, destacando en diálogo con Radio Carve que debía “ser respetado” el derecho de los aportantes a recibir los recursos que hubieran excedido el costo establecido por la normativa de entonces. 

En 2017, como ministro de Economía, abordó el tema desde otra arista, centrado en la integridad del sistema. Ante el conocido caso de estafa millonaria al Fonasa, exigió una investigación exhaustiva, donde sostuvo que “esto no nos puede pasar”; enfatizó en la importancia de la transparencia y el buen manejo del fondo para proteger la confianza pública y la sostenibilidad del sistema.