En momentos en que las estafas digitales continúan expandiéndose y adoptan modalidades cada vez más sofisticadas, el diputado del Partido Colorado (Vamos Uruguay) Adrián Juri, decidió recurrir a una herramienta poco habitual para advertir sobre el problema: la inteligencia artificial (IA). A través de un video en el que aparece caracterizado como distintas figuras públicas, el legislador buscó mostrar hasta qué punto la tecnología permite manipular imágenes, voces e identidades con fines engañosos.
La iniciativa se enmarca en una preocupación que, según explicó a CRÓNICAS, viene siguiendo desde hace varios años y que motivó la presentación de un proyecto de ley destinado a endurecer las penas para los delitos de estafa. La propuesta, ingresada en febrero de 2025, plantea elevar la pena máxima de cuatro a ocho años de prisión y actualmente se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja.
“Nos dimos cuenta de que el crecimiento de las estafas era demasiado. Se estaban multiplicando de forma exponencial y había que hacer algo para solucionarlo”, sostuvo.
Detalló que el fenómeno dejó de estar asociado exclusivamente a grandes maniobras económicas para afectar cada vez más a trabajadores, jubilados y familias de ingresos medios. Entre las modalidades más frecuentes mencionó las falsas inversiones, los mensajes apócrifos y la suplantación de identidad mediante herramientas digitales.
“La tecnología está siendo utilizada para robarle a la gente. Cuando le sacan los ahorros a una persona que estaba pensando en comprarse un auto o hacer un viaje, le están robando mucho más que dinero, le están robando los sueños y la esperanza”, afirmó.
Juri entiende que la normativa vigente quedó rezagada frente a la velocidad con la que evolucionan las modalidades de fraude. A su juicio, las herramientas disponibles para jueces y fiscales resultan insuficientes ante un delito que puede cometerse desde cualquier dispositivo y alcanzar simultáneamente a cientos de personas.
“Las penas actuales quedaron obsoletas porque fueron pensadas para otra realidad. Hoy cambió todo y la legislación tiene que aggiornarse”, expresó.
El diputado aclaró que el objetivo no es equiparar todas las estafas ni aplicar automáticamente la pena máxima en todos los casos. Según explicó, la intención es ampliar el margen de actuación de la Justicia para que pueda diferenciar entre distintos niveles de gravedad.
Durante el tratamiento parlamentario se plantearon posibles ajustes, como incorporar agravantes cuando las víctimas sean adultos mayores, una posibilidad a la que se mostró abierto. Además, destacó que la iniciativa ha recibido respaldo de penalistas y otros actores vinculados al sistema judicial. “Lo que pretendemos es darle una herramienta más amplia al juez y al fiscal para que puedan actuar con mayor flexibilidad frente a situaciones muy distintas”, sostuvo.
“La estafa es un delito vergonzoso”
Uno de los argumentos centrales utilizados para impulsar los cambios legales es la evolución que registran las denuncias por estafa. Mientras delitos como las rapiñas y los hurtos mostraron descensos en los últimos años, las estafas mantuvieron una trayectoria ascendente. Los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior muestran que las denuncias pasaron de 1.926 casos en 2015 a 30.663 en 2024, multiplicándose más de 15 veces en menos de una década.
Sin embargo, considera que las cifras oficiales representan solo una parte del fenómeno. “La estafa es un delito vergonzoso. Muchas personas ni siquiera denuncian porque sienten vergüenza de haber sido engañadas, especialmente los adultos mayores”, afirmó.
En ese marco, el uso de IA en el video apunta precisamente a generar conciencia sobre esa nueva realidad. “Queríamos mostrar que detrás de un perfil muchas veces no está quien parece estar. La gente tiene que entender que hoy se pueden falsificar voces, imágenes e identidades con enorme facilidad”, señaló.
Campañas permanentes
Más allá del endurecimiento de las penas, consideró que el combate a las estafas requiere medidas complementarias, como campañas de concientización para alertar sobre las nuevas modalidades de fraude. “El Estado debería impulsar campañas permanentes para que la gente aprenda a identificar estas maniobras y no caiga en ellas”, sostuvo.
También planteó la necesidad de controlar el uso de celulares e internet en las cárceles, al señalar que muchas maniobras continúan realizándose desde prisión. A su juicio, la combinación de prevención, educación ciudadana y herramientas legales más severas es clave para enfrentar un fenómeno que continúa creciendo año tras año.