El ministro de Economía, Gabriel Oddone, aseguró en conferencia de prensa que se trata de “una modesta pero importante reforma del Estado”, que incluye una batería de medidas que apuntan a bajar los precios y costos de gestión. 

El foco está puesto en el apoyo a las pymes, el fortalecimiento de la competitividad, la promoción de la competencia y medidas para generar más y mejor empleo.

La iniciativa fue resultado de un trabajo conjunto entre los ministerios de Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Salud Pública; Turismo; Transporte y Obras Públicas; y Ambiente; pero también recogió los aportes de diversos actores de la sociedad, como cámaras empresariales, organizaciones sociales, el PIT-CNT, el Congreso de Intendentes, entre otros.

Cambios propuestos

Por un lado, se apuesta a lograr “menos burocracia”, para que el Estado “sea más ágil y preciso a la hora de responder solicitudes de empresas y la ciudadanía”. Para ello se promoverá el uso de las declaraciones juradas, el establecimiento de plazos máximos para obtener una respuesta y el establecimiento de la falta de respuesta como un consentimiento.

También se creará un programa de calidad regulatoria y agilización de trámites, para simplificar, reducir tiempos y abaratar costos, y habrá plataformas accesibles para la agilización de trámites. Asimismo, habrá “mecanismos sectoriales”, como la ampliación de la duración de los registros sanitarios o técnicos de cinco a 10 años, al igual que en Argentina y Brasil, y para la renovación se quita la obligatoriedad de la traducción para documentos en inglés o portugués. El proyecto de ley revisa distintos registros y procedimientos de los sectores agro, industria y salud, promoviendo su agilización.

Competitividad y costo de vida

Se fortalecerá y dotará de mayor independencia técnica a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia a los efectos de que tome un rol más proactivo, separando funciones investigativas y resolutorias, y fortaleciendo la función investigativa.

Para reducir el costo de vida se prevé la facilitación de importadores múltiples de un mismo producto, y se hará obligatorio que los locales comerciales publiquen un “precio por unidad”, que implica que además del precio de venta productos, deberán especificarse su precio según la unidad de medida equivalente en kilogramos, litros, metros o unidades.

Para las mipymes se prevé una “simplificación tributaria”, generando una graduación tributaria de las empresas Literal E, para acompañar su crecimiento; se creará un sistema integrado de gestión y facturación gratuito para micro y pequeñas empresas; y se reducirán los costos de registro de productos de mipymes. También está previsto facilitar la innovación en fintech.

En materia de financiamiento, para los fondos de inversión cerrados promovidos, se ampliará el abanico de lo que se puede invertir y se reducen las barreras de entrada al eliminar la garantía hipotecaria. También habrá una ampliación de las plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding).

Además, habrá incentivos tributarios a los usuarios de parques industriales y para la investigación clínica, lo que contribuiría al acceso temprano a tratamientos innovadores, impulsando la transferencia de conocimiento y fortaleciendo las capacidades científicas y sanitarias del país.

Por último, en materia de facilitación del comercio exterior se creará el “autodespacho aduanero”, donde importadores y exportadores podrán registrarse para realizar sus propias declaraciones aduaneras.

También se promoverá la agilización de procedimientos aduaneros, se realizarán inspecciones según análisis de riesgo sin controles redundantes, y se digitalizarán decenas de trámites.