En diálogo con CRÓNICAS, un primer apunte del letrado Deleón fue que CEDU, una asociación civil gremial de segundo grado que nuclea a 25 entidades y más de 8.000 socios, fue fundada en 1942 y, por lo tanto, es anterior a la Ley de Negociación Colectiva que surgió en 1943.

Lo anterior es relevante porque “la dinámica de los Consejos de Salarios determina –y eso es algo que se tiene que cambiar en el futuro– que el laudo que se fija se aplique a lo largo y ancho de todo el territorio nacional”, siendo que las realidades económicas y de mercado presentes en los distintos territorios de Uruguay son “completamente diferentes”. “Cada territorio tiene sus particularidades y por eso la idea es impulsar políticas y proyectos que se adapten a la realidad local”, dijo.

En ese sentido, llamó a “tratar de reconocer y adaptar” las normas genéricas del articulado a las realidades de cada uno de los pueblos pequeños que existen en el interior del país “para ver cómo protegemos el trabajo y protegemos a las empresas”. Fue tajante: “Sin empresas no va a haber trabajo y esa es una de las cosas con las que muchas veces uno queda sorprendido porque parece que no se está entendiendo”.

La gremial también representa a más del 50% de las micro, pequeñas y medianas empresas del Uruguay. De cara a lo anterior, planteó que podría existir “un laudo o condiciones de trabajo determinadas de acuerdo con la ubicación geográfica o con el tamaño de la empresa” para mantener las proporcionalidades.

Fortalecer a los representantes del comercio local

El evento se enmarcó en los ejes estratégicos de CEDU. Entre ellos, Deleón listó la necesidad de “fortalecer las cámaras empresariales porque son los representantes locales, los que conocen el territorio y los que están efectivamente teniendo en cuenta cuál es la realidad de cada uno”.

En el marco de esa representatividad, consideran temas como las políticas de frontera, la informalidad, el contrabando, la articulación con entidades públicas y “una agenda estratégica en lo que tiene que ver con la ley de inversiones, ANDE y los centros pymes o la ley de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”.

En ese sentido, durante el evento procuraron “dejar bien en claro” por qué es importante que “esos líderes empresariales puedan informarse y capacitarse a través de este tipo de actividades” y explicarles “cómo funciona un Consejo de Salarios, cómo funciona el Consejo Superior Tripartito y cómo efectivamente se fijan salarios que terminan aceptando”.

“Esta actual directiva de CEDU retoma de alguna forma esa forma de trabajo de capacitación que se llevó adelante, algunos años atrás, a través de charlas por Zoom y presenciales”, indicó. En ese sentido, la patronal convoca a los empresarios del país a adherirse “como forma de tener participación gremial y hacer fuerza con sus planteos”.

Hacia una nueva ley

Deleón sostuvo que el mundo laboral enfrenta desafíos en Uruguay y a nivel internacional. Entre ellos, listó la incidencia de la inteligencia artificial o “economías que en este momento están en tensión” tanto comercial como militarmente, lo que implicará modificaciones en el mundo del trabajo a lo largo de los próximos años.

“Es precisamente por ese lado que se deben articular las soluciones con una mirada basada en la negociación colectiva”, indicó. Sin embargo, consideró que eso no quiere decir que el actual sistema no deba “ser mejorado” y existan “aspectos que deban ser tenidos en cuenta por una nueva legislación que más temprano que tarde va a tener que ajustarse a esta nueva realidad”, sostuvo.

Deleón dijo que la ley “está muy cercana a cumplir los 100 años” y es preciso “tener en cuenta cuáles son los temas que se tienen que discutir en una mesa tripartita para ir hacia un nuevo tipo de legislación más acorde con lo que pasa en el mundo”. Puso la lupa en la productividad, porque “si no hay mejora en la productividad no puede haber mejora del salario teniendo en cuenta la forma en que Uruguay compite no solo con la región sino con todo el mundo”.

Otro eje es la reducción de la jornada laboral, una propuesta que impulsa el movimiento sindical e implica recortarla sin perder salario. El profesional indicó que es “un desafío muy grande” y requiere “muchas instancias de diálogo”, ya que repercute “de manera mucho más perjudicial para las empresas del interior que para las de Montevideo”.