Durante la conferencia “La dura realidad. Datos, análisis y perspectiva”, que reunió a unos 350 empresarios en el Radisson Montevideo, Munyo sostuvo que el contexto global muestra evidencia de que la geopolítica pesa cada vez más sobre las decisiones económicas, comerciales y de inversión.

La reconfiguración del orden internacional supone el funcionamiento del mundo por bloques: grandes agrupamientos de países, con un bloque democrático, uno autoritario y un conjunto de países neutrales o híbridos. Según esa visión, el bando democrático concentra la mayor parte del producto mundial y poderío militar, lo que condiciona decisiones estratégicas. “El mundo va hacia una nueva era”, sostuvo. 

Para Uruguay, este nuevo escenario implica desafíos significativos. El país mantiene relaciones comerciales tradicionales de bienes con ambos bloques, pero enfrenta una mayor intensidad en los vínculos asociados al comercio de servicios y a la recepción de inversiones, especialmente en relación con el bloque democrático.

Munyo señaló además que la economía global atraviesa un proceso de enfriamiento asociado a la dinámica geopolítica. Indicó que este proceso se explica por mayores tarifas al comercio internacional, episodios de aumento en los precios de la energía y desaceleración en las principales economías del mundo, incluyendo Estados Unidos, China y Europa.

En la región, añadió, el panorama también muestra signos de desaceleración, con la atención puesta en los procesos electorales en Brasil y en la reestructuración del crecimiento económico en Argentina, factores que inciden sobre el entorno regional inmediato de Uruguay.

Munyo advirtió que los costos de producción han crecido de forma mucho más intensa que los ingresos asociados a las inversiones productivas. Según indicó, mientras los ingresos productivos aumentaron en promedio algo más de una vez y media, los costos casi se triplicaron, lo que deteriora profundamente la opción de invertir en Uruguay, ante una opción atractiva y libre de riesgo.

También señaló que la inversión ha mostrado una evolución insuficiente, con un ratio inversión-PBI por debajo del 16%, lejos del objetivo del 20% que se plantea como referencia para sostener mayores niveles de crecimiento económico. Añadió que la inversión extranjera directa se mantiene en niveles demasiado bajos respecto de otros países de la región.

“Sin más inversión no es posible un crecimiento sostenible”, afirmó.

Competitividad debilitada

En esa realidad desafiante, identificó a la competitividad como el principal desafío económico del país y la describió como una mesa de tres patas: regulación laboral, regulación de la competencia y carga fiscal, incluyendo impuestos y tarifas públicas.

Señaló que las tres dimensiones presentan debilidades y requieren reformas de fondo. A su juicio, estas transformaciones han sido postergadas durante un período prolongado y su implementación depende no solo de capacidades técnicas, sino también de condiciones políticas y sociales.

El director de Ceres introdujo el concepto de “licencia social” como condición necesaria para avanzar en reformas estructurales. Sostuvo que, sin respaldo social y político, las transformaciones de mayor profundidad no pueden concretarse.

En ese sentido, indicó que, en el caso de la competencia, existe margen para avanzar, dado que este tema ha estado presente en las últimas campañas electorales de todos los partidos. 

Un buen ejemplo de ello es el proyecto de ley de competitividad enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el pasado 18 de junio, iniciativa que Munyo valoró positivamente por incorporar herramientas relevantes para modernizar el marco regulatorio uruguayo, y lo catalogó como un muy buen avance para la agenda de modernización regulatoria del país. 

Entre sus principales fortalezas destacó la adopción de un criterio de proporcionalidad en las regulaciones, la gestión basada en riesgos, el silencio positivo para determinados procedimientos administrativos, así como medidas orientadas a profundizar la digitalización, evitar la duplicación de información, eliminar restricciones obsoletas y fortalecer la competencia en los mercados.

No obstante, señaló que varias de las disposiciones propuestas dejan aspectos sustanciales sujetos a la reglamentación posterior, lo que podría limitar su efectividad. En ese sentido, propuso ajustes para fortalecer la iniciativa, entre ellos convertir los principios regulatorios en derechos exigibles por los ciudadanos y empresas, establecer como obligatoria la aceptación de evaluaciones extranjeras en determinados ámbitos y crear un Consejo Asesor de Competitividad con jerarquía e independencia técnica.

Respecto a los cambios que requiere la regulación laboral y la carga fiscal, advirtió que no existe actualmente el mismo nivel de respaldo social para reformas de fondo.

Con relación a la regulación laboral, afirmó que constituye desde hace tiempo una de las principales restricciones a la inversión en Uruguay. 

Sostuvo que el debate público no siempre se orienta en la dirección de mejorar las condiciones de competitividad y remarcó la importancia del rol del Ministerio de Economía y Finanzas en la conducción de esa agenda. Mencionó el impulso del Ministerio de Trabajo al preaviso de los despidos y el tope de 48 a 40 semanales, ​sin rebaja salarial​ que promueve el PIT-CNT.

Todos los problemas regulatorios, de carga fiscal y de competitividad explican por qué Uruguay es un país “carísimo”, sostuvo el economista.