El fenómeno no es exclusivo de este país. La Cepal proyecta que en América Latina y el Caribe los adultos mayores pasarán de representar el 13,4% de la población en 2022 al 25,1% en 2050(2), es decir, más del doble en menos de 30 años. Uruguay ya transita una etapa avanzada de ese proceso, es uno de los países más envejecidos de la región, junto con Cuba y Chile, con una estructura demográfica que se parece más a Europa que al promedio latinoamericano. Lo que ocurra aquí importa como experiencia y como laboratorio de políticas para el resto del continente.
En ese contexto, hablar de seguridad para la tercera edad obliga a ampliar el concepto. Se trata de algo más amplio que una cerradura de una puerta o la alarma de un edificio. Es la posibilidad de vivir con autonomía sin renunciar a la protección. Saber que, si alguien se cae en el baño a las tres de la mañana, habrá una respuesta. O tener la tranquilidad de que una persona sola en su hogar pueda salir a caminar sin que su familia viva en estado de angustia. La seguridad, entendida en sentido amplio, es una condición para la dignidad.
El problema es que la vulnerabilidad tiende a invisibilizar las soluciones disponibles. Cuando las personas mayores -y sus familias- más necesitan acceder a tecnologías de cuidado, suele ser cuando menos recursos, información o energía tienen para buscarlas. La brecha es económica pero además cognitiva, emocional y cultural. Incorporar un dispositivo nuevo, entender cómo funciona una plataforma de monitoreo, confiar en un sistema que nunca se usó. Todo requiere un esfuerzo extra para los usuarios. Es una paradoja cruel, y es el nudo que las políticas públicas y la industria tecnológica deben aprender a desatar.
La buena noticia es que las herramientas existen y algunas ya están disponibles en Uruguay. El BPS ofrece un programa de teleasistencia domiciliaria para personas de 70 años o más con dependencia leve o moderada: un dispositivo que permite contactar un centro de monitoreo las 24 horas ante cualquier emergencia, aunque alcanza a quienes cumplen criterios estrictos de dependencia. Empresas de seguridad privada operan en el mismo espacio con propuestas de acompañamiento profesional y atención continua, aunque depende de una decisión económica.
La clave pasa por entender el envejecimiento como una prioridad y no como un problema residual. El país tiene una ventaja comparativa que pocas veces se nombra: su proceso de envejecimiento es anterior al del resto de la región, lo que le da tiempo y experiencia para construir respuestas antes de que la crisis sea mayor.
Cuando en 1908 había 16 niños menores de 14 años por cada persona mayor de 65(3), el tema podía esperar. Cuando la proporción se acerca a 1 a 1, como ocurre hoy, ya no. El debate sobre cómo la tecnología puede contribuir a la seguridad y la autonomía de los adultos mayores no es del futuro. Es urgente, es posible y, sobre todo, es necesario que ocurra ahora, antes de que la magnitud del desafío supere nuestra capacidad de responder con creatividad.
(*) General manager Uruguay en ADT.
Referencias:
(1) Censo 2023: Uruguay duplicó la cantidad de personas mayores de 100 años ¿cuántos hay ahora?
(2) ECLAC Examines Current Outlook for Ageing in the Region as well as Progress and Challenges for Older Persons’ Inclusion and the Exercise of Their Rights | Economic Commission for Latin America and the Caribbean
(3) Censo 2023: Población por rango de edad | Instituto Nacional de Estadística
Fuentes:
Censo 2023 – Uruguay (INE)
Cepal – Proyecciones de envejecimiento en América Latina
BPS Uruguay – Programa de Teleasistencia