El director ejecutivo de Audea, Alejandro Veiroj, explicó a CRÓNICAS que la principal dificultad en Uruguay es que “cuando se hacen transferencias de vehículos no se registra de forma centralizada quién es el poseedor del vehículo”, lo que dificulta que los fabricantes puedan localizar a los propietarios para informarles sobre fallas que puedan comprometer la seguridad.

“Hay un artículo en la Rendición de Cuentas, el 112, que prevé una nueva forma de apoyar el tema de los recalls. En todos los países del mundo la responsabilidad central está en el proveedor del vehículo. En Uruguay, debido a que cuando se hacen transferencias de vehículos no se registra de forma centralizada quién es el poseedor, existe cierta dificultad para que los proveedores puedan rastrear a los verdaderos tenedores de los vehículos”, expresó.

En ese marco, Defensa del Consumidor propuso que las compañías aseguradoras colaboren en el proceso de comunicación de las alertas. Audea comparte esa iniciativa, aunque entiende que el mecanismo previsto requiere ajustes.

Uno de los cambios planteados refiere a la comunicación con los asegurados. El proyecto prevé que las aseguradoras entreguen datos personales a los proveedores de vehículos para que estos contacten a los propietarios. Sin embargo, la asociación considera que esa alternativa puede generar inconvenientes desde el punto de vista de la protección de datos personales y propone que sea la propia aseguradora quien contacte directamente a sus clientes.

“Nosotros entendemos que brindar información de datos personales, información incluso comercial de las compañías de seguros, es algo bastante sensible y preferimos que el contacto con el asegurado lo haga la compañía de seguros, quien tiene el trato con el cliente, de forma tal de no violentar la ley de datos personales”, afirmó Veiroj.

De acuerdo con la propuesta de Audea, una vez efectuado el contacto con el asegurado, las compañías informarían al fabricante y al Ministerio de Economía qué vehículos fueron notificados, permitiendo verificar el cumplimiento del proceso sin necesidad de divulgar la identidad de los clientes.

Sanción “excesiva”

Otro de los cuestionamientos apunta a la sanción prevista para quienes no realicen el recall, ya que el proyecto establece la pérdida de cobertura del seguro. Para Veiroj esa consecuencia es excesiva y podría dejar sin protección tanto al conductor como a terceros afectados por un eventual siniestro. “Entendemos que es algo absolutamente desproporcionado. Es posible que una persona tenga un siniestro con un vehículo que no tenga nada que ver con el tema del recall; no por eso debería dejar de tener cobertura o dejar desprotegidos a terceros”, sostuvo.

En su lugar, Audea acordó con la Unidad Defensa del Consumidor una redacción alternativa que establece una advertencia al asegurado sobre la obligación de mantener el vehículo en buen estado, sin excluir automáticamente la cobertura.

Asimismo, Veiroj aclaró que la participación de las aseguradoras no sustituirá la obligación de los fabricantes. “Lo nuevo que acá se está estableciendo es que las aseguradoras también van a informarles a sus asegurados de estos recalls. Es una forma complementaria de ayudar a que los proveedores de vehículos tengan más alcance con los propietarios”.