Edición especial 45 aniversario
“Insistimos en que el crecimiento debe ser la prioridad de la política económica: es la mejor política social”
A pesar de que en las últimas décadas Uruguay dejó atrás la inflación crónica, abrió su economía y transformó su matriz productiva, todavía enfrenta un problema estructural: crece poco y producir sigue siendo caro. Para sortearlo, desde el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) consideran que es necesario impulsar reformas que atraigan más inversiones, reduzcan el peso del Estado y mejoren la educación.
Fecha de publicación: 31/07/2026
Compartí esta nota
Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo
Por:
Redacción

¿Cuáles cree que fueron las transformaciones económicas más relevantes de los últimos 45 años y qué lecciones dejaron?

Si tomamos como punto de partida el nacimiento de CRÓNICAS, el balance es el de un país que cambió mucho más de lo que solemos reconocer. Uruguay atravesó en estas cuatro décadas y media la crisis de 1982, la restauración democrática, la estabilización de precios luego de décadas de inflación crónica, la apertura comercial unilateral y regional con la creación del Mercosur, las reformas de los años 90 —entre ellas la creación del régimen mixto de seguridad social, desmonopolización del puerto, fin del monopolio del BPS, modernización del puerto—, la crisis del 2002 y una notable transformación de su estructura productiva, con la revolución agrícola, la forestación y la celulosa, los servicios globales y el software como nuevos motores de la economía.

Las transformaciones más importantes fueron, a mi juicio, tres. Primero, la conquista de la estabilidad macroeconómica, pues dejamos atrás las discusiones sobre si se debía pagar la deuda pública o sobre si la inflación era buena o mala, y de convivir con inflaciones de dos y hasta tres dígitos a una inflación que por fin se ubica dentro del rango meta, con una institucionalidad fiscal y monetaria mucho más sólida. Segundo, la apertura de la economía: el Uruguay de los 70 era una economía cerrada y fuertemente estatizada; hoy es mucho más abierta y moderna, aunque el Estado sigue siendo demasiado pesado y queda mucho por hacer en el camino hacia la apertura. Tercero, una serie de reformas estructurales que dinamizaron la economía, a las que deben agregarse a las ya mencionadas la ley de zonas francas, ley forestal, las reformas de la seguridad social, la modernización de las empresas públicas y el cierre de algunas otras.

¿Qué condiciones debería generar Uruguay para avanzar en su desarrollo económico y traducir ese progreso en una mejora de la calidad de vida de la gente?

Uruguay tiene un problema de crecimiento estructural, ningún país mejoró de forma sostenida la calidad de vida de su población creciendo a esas tasas. Por eso desde el CED insistimos en que el crecimiento debe ser la prioridad de la política económica: es la mejor política social, porque sin crecimiento no hay empleo de calidad, ni aumento genuino de los salarios, ni recursos para financiar las políticas públicas que la sociedad demanda.

Para crecer de manera sostenida se necesita, en primer lugar, mucha más inversión privada, que es el motor de la productividad y del empleo. Eso requiere además de la estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y reglas de juego previsibles, con lo que ya contamos, una serie de reformas procrecimiento. Esta agenda implica, en primer lugar, una reducción del tamaño del Estado que permita una reducción de la presión fiscal sobre la población. En segundo lugar, una inserción internacional mucho más ambiciosa, una mayor apertura unilateral, eliminar la tasa consular, más acuerdos bilaterales e ingresar al Acuerdo Transpacífico, entre otros. En tercer lugar, una agenda de competencia y desregulación que baje el costo de vivir y de producir: hay demasiados mercados protegidos que llevan a que consumidores y empresas paguen precios muy superiores a los internacionales. Y, en cuarto lugar, modernizar la legislación laboral hacia una mayor descentralización en la determinación de los salarios, categorías de trabajo y otras condiciones anacrónicas.

Mejorar la calidad de vida exige, además, poner el foco donde está la mayor injusticia: la infancia. Que uno de cada cinco niños uruguayos viva en la pobreza es inaceptable y económicamente miope. Crecimiento y bienestar social no son objetivos en tensión, se refuerzan mutuamente cuando las políticas son las adecuadas.

¿Qué desafíos debe enfrentar la economía para lograr una mejora de la competitividad?

El problema de competitividad de Uruguay es, en esencia, un problema de costo país y de productividad. Producir en Uruguay es caro, y eso castiga a prácticamente todos los sectores de la economía que compiten con el mundo y no pueden trasladar sus costos a los precios.

Los desafíos principales son los ya mencionados, pero podemos profundizar. Primero, el peso del Estado, dado que la presión fiscal y unas tarifas públicas —energía y combustibles— utilizadas históricamente con fines recaudatorios encarecen toda la cadena productiva. En el CED hemos documentado el peso del Estado en la economía uruguaya y los costos de la burocracia, que recaen con particular dureza sobre las pequeñas y medianas empresas. Segundo, la falta de competencia en numerosos mercados internos, protegidos por barreras arancelarias y regulatorias que terminan pagando consumidores y empresas. Tercero, una regulación laboral pensada para el siglo XX, que necesita modernizarse para dar cabida a nuevas formas de trabajo y reducir una conflictividad que desalienta la inversión. Y cuarto, el capital humano. Los resultados educativos son insuficientes y profundamente desiguales según el contexto socioeconómico, y esa es una verdadera hipoteca sobre la productividad futura.

A ello se suma un desafío de superar el mercado interno: tres millones y medio de habitantes no permiten competir sin abrirse, por eso la agenda de competitividad y la de inserción internacional son inseparables. También la infraestructura y la logística requieren un plan sostenido de inversión, con mayor participación privada, para no convertirse en un cuello de botella del crecimiento.

Nada de esto se resuelve con devaluaciones ni atajos. La competitividad genuina se construye con reformas microeconómicas persistentes: más competencia, mejor regulación, infraestructura de calidad y un Estado que cueste menos y sirva mejor.

¿Qué temas deberían ocupar un lugar central en la agenda económica del país dado el contexto actual?

Destacaría cuatro grandes temas. El primero es la demografía. Uruguay tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una población que envejece con rapidez, gracias a la mayor expectativa de vida. Eso tensiona la seguridad social. La reforma de 2023 fue muy positiva, pero hoy tenemos un riesgo cierto de ir para atrás si se siguen las recomendaciones del Diálogo Social. Vamos a necesitar una política activa de atracción de inmigrantes y repensar el Estado de bienestar para hacerlo sostenible entre generaciones.

El segundo es la revolución tecnológica. La inteligencia artificial transformará el trabajo y la productividad a una velocidad inédita. Para un país pequeño, ya consolidado como exportador de servicios globales y de software, es una oportunidad enorme, pero exige un sistema educativo que forme para ese mundo, esquemas ágiles de recapacitación laboral a lo largo de toda la vida y una regulación que facilite la adaptación en lugar de bloquearla. El debate no debería ser cómo protegernos de la tecnología, sino cómo aprovecharla para dar el salto de productividad que nos falta.

El tercero es la inserción internacional en un mundo fragmentado. Las tensiones entre Estados Unidos y China y el retorno del proteccionismo son un riesgo serio para una economía como la nuestra. El riesgo mayor de Uruguay es quedarse solo, encerrado en el Mercosur. Necesitamos más acuerdos, más inversión extranjera y aprovechamiento de nichos como los alimentos de calidad, la energía renovable y los servicios.

El cuarto es la calidad institucional. Nuestra democracia sólida y nuestro respeto por las reglas son el mayor activo del país, pero hay que ponerlos al servicio de políticas en educación, seguridad social e inserción internacional, que trasciendan los gobiernos. En el CED trabajamos con una convicción que resume esta agenda: Uruguay puede ser el primer país desarrollado de América Latina. Es posible, pero requiere ideas claras y coraje político. 

Así como casi todos los uruguayos defendemos la libertad política, debemos avanzar en la comprensión de que la libertad económica es su contracara indispensable para alcanzar el desarrollo y mejorar el bienestar de nuestra población, dejando atrás atavismos de épocas doradas que atribuimos falsamente al estatismo y al proteccionismo.

 

Estos personajes aparecen en esta nota
Hernán Bonilla
Buenos Aires 484, CP 11000, Montevideo, Uruguay
Copyright (c) 2026 Crónicas Económicas. Todos los derechos reservados.