¿Qué cambios marcaron a la economía uruguaya durante las últimas cuatro décadas y media y qué aprendizajes deberían orientar el rumbo del país hacia adelante?

Según datos del Banco Mundial, entre los años 1981 y 2024 el PIB per cápita en términos reales de Uruguay aumentó 118%, con un incremento de la población de solamente del 14% (de 2,9 a 3,4 millones de personas entre ambos años). Este dato muestra el aumento en la capacidad productiva del país, reflejado en el nivel medio de ingreso de la población.

Si bien fueron múltiples los factores que explican este comportamiento, desde nuestra perspectiva se destacan cinco.

En primer lugar, el aumento de los niveles de inversión, particularmente de la inversión privada y la extranjera. La acumulación de capital constituyó uno de los principales motores del crecimiento económico uruguayo. La inversión permitió ampliar la capacidad productiva, incorporar maquinaria y tecnología, modernizar instalaciones y desarrollar nuevas actividades exportadoras. Este proceso se intensificó especialmente después de la crisis de 2002, la inversión pasó de representar aproximadamente 12% del PIB en 2002 a alcanzar un máximo cercano al 22% en 2012, impulsada en buena medida por la inversión privada y la IED, en particular en el sector forestal y de producción de celulosa. Esta última produjo un efecto cualitativo sobre la estructura productiva. Las inversiones extranjeras no solo incrementaron el stock de capital, sino que introdujeron nuevas tecnologías, formas de gestión, estándares de calidad y conexiones con mercados internacionales. En este sentido, la Ley de Inversiones aprobada en el año 1998, y reglamentada por diferentes decretos en los años siguientes, jugó un papel preponderante para aumentar los incentivos al mayor desarrollo de proyectos privados.

En segundo lugar, en los últimos años Uruguay se transformó en una plataforma para la prestación de servicios internacionales. A las exportaciones de servicios tradicionales, como turismo y transporte, se incorporaron servicios de software, TIC, administración, finanzas, logística, diseño y producción audiovisual. En 2025 las exportaciones uruguayas de servicios alcanzaron aproximadamente US$ 7.386 millones, impulsadas tanto por el turismo como por los servicios globales. La consolidación de este sector se apoyó en la estabilidad institucional, la disponibilidad de recursos humanos calificados, la infraestructura digital, la conectividad internacional, el régimen de zonas francas y los incentivos a la inversión. Uruguay logró captar centros regionales y globales de empresas que administran desde el país operaciones destinadas al mundo.

En tercer término, la globalización y la reducción de la dependencia de Argentina y Brasil. Durante gran parte del siglo XX, la economía uruguaya estuvo fuertemente condicionada por la evolución de Argentina y Brasil. La cercanía geográfica, el turismo y la concentración del comercio regional produjeron que las crisis de los países vecinos se transmitieran rápidamente a Uruguay. Desde comienzos del siglo XXI se produjo una diversificación significativa de los mercados de exportación, de las fuentes de inversión y de las relaciones financieras externas. Esta mayor inserción global redujo la vulnerabilidad directa frente a los ciclos económicos regionales y permitió aprovechar el aumento de la demanda mundial de alimentos, celulosa y servicios.

El cuarto punto es el aumento de la productividad en sectores clave, particularmente en el agro. El crecimiento de Uruguay destacado al inicio se explica, en parte, por una mayor productividad en sectores estratégicos. En el sector agropecuario se incorporaron maquinaria, genética animal y vegetal, sistemas de información, tecnologías digitales, trazabilidad, mejores prácticas sanitarias y nuevas formas de organización empresarial. Estas transformaciones permitieron elevar los rendimientos, mejorar la calidad de los productos y cumplir con los estándares exigidos por los mercados internacionales.

Por último, mecanismos de participación privada en el desarrollo de infraestructura. En la década del 1980 las inversiones de infraestructura se generaron mayormente bajo mecanismos de obras públicas. En los primeros años de los 90 comenzaron a implementarse las concesiones en algunos sectores, como el vial y los servicios portuarios. A partir de mediados de los años 2000 comenzaron a profundizarse algunos esquemas de contratación con mayor participación del sector privado en el diseño, financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestructura. Mediante estos instrumentos se incorporaron recursos financieros, capacidad técnica y experiencia de gestión del sector privado en proyectos claves para Uruguay, y permitieron ejecutar inversiones de gran escala distribuyendo sus costos a lo largo del tiempo y vinculando los pagos al cumplimiento de estándares de disponibilidad y calidad. La participación privada también fue determinante en la transformación de la matriz eléctrica. Este último cambio también representó uno de las grandes transformaciones que atravesó nuestro país, volcándose a la generación mediante recursos renovables.

¿Qué condiciones considera indispensables para que Uruguay logre un crecimiento económico sostenido que se traduzca en una mejora del bienestar de su población?

El desafío de todo gobierno consiste en identificar y aplicar las políticas capaces de articular ambos propósitos. Uruguay necesita crecer para disponer de más recursos y oportunidades a través de mejores empleos, mayores ingresos, servicios públicos de calidad. Durante la última década, la economía se expandió a tasas moderadas, insuficientes para acelerar de forma significativa la mejora de los ingresos y financiar las crecientes demandas sociales. Aunque son numerosos los factores que pueden contribuir a alcanzarlos, existen tres elementos que resultan especialmente relevantes.

Primero, Uruguay necesita mantener niveles elevados y estables de inversión pública y privada para ampliar su capacidad productiva y mejorar la infraestructura económica y social. Esto comprende inversiones en diferentes sectores, las cuales deben priorizar proyectos con alta rentabilidad social y capacidad para reducir costos, mejorar la conectividad territorial y fortalecer el bienestar de la población. También es necesario mantener condiciones que favorezcan la inversión privada, como estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, reglas claras, acceso al financiamiento y procedimientos administrativos eficientes. Ante las restricciones fiscales, pueden utilizarse esquemas como los PPP, siempre que demuestren una adecuada relación entre costos, riesgos y beneficios.

Segundo, dado el bajo crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población de nuestro país, será necesario producir más y mejor con los recursos disponibles. Para esto se deberá elevar la calidad de la educación, fortalecer la formación técnica y adecuar las competencias laborales a las necesidades de los sectores productivos. También es necesario acelerar la incorporación de innovación, digitalización y nuevas tecnologías en el sector empresarial, en particular en las de menor tamaño. Mejorar la productividad del sector público es otro factor que permitiría reducir costos, mejorar los servicios y destinar los recursos disponibles hacia actividades de mayor impacto económico y social.

Tercero, la competitividad de Uruguay no debería depender únicamente de incentivos fiscales, sino de la capacidad de ofrecer bienes y servicios de calidad, con mayor contenido tecnológico y un entorno institucional confiable. Para lograrlo, es necesario reducir costos logísticos, energéticos, regulatorios y administrativos, así como continuar mejorando el acceso a servicios como transporte, logística, conectividad, telecomunicaciones, entre otros. Uruguay también debe profundizar su inserción internacional, diversificar los mercados de destino y avanzar hacia actividades de mayor valor agregado.

¿Qué factores son determinantes para que Uruguay pueda elevar la competitividad de su economía?

Mejorar la competitividad es un factor determinante para asegurar el crecimiento económico sostenido. Desde el Estado uruguayo lo entienden así y en los últimos 45 años se han producido algunos cambios desde la gestión pública que han contribuido a mejorar esta situación.

Uno de los principales desafíos es reducir los costos internos que enfrentan las empresas, especialmente aquellos vinculados con tarifas, impuestos, regulaciones, logística y funcionamiento del Estado. Por su reducido mercado interno y su distancia de los principales centros de consumo, el país necesita compensar estas desventajas mediante servicios públicos eficientes y una estructura de costos que no limite la producción ni la exportación. La competitividad también depende de la velocidad en la toma de decisiones, tanto para habilitar inversiones como para ejecutar proyectos. Uruguay debe avanzar en la simplificación normativa, la revisión de procedimientos, la interoperabilidad de los organismos públicos y la definición de plazos claros de respuesta.

Profundizar la inserción internacional del país será otro factor determinante, considerando que, por su reducido tamaño, Uruguay necesita ampliar su acceso a los mercados externos para sostener el crecimiento.

La incorporación de tecnología, automatización e inteligencia artificial representa una oportunidad para aumentar la competitividad. Uruguay cuenta con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024 a 2030 y con una base institucional favorable, donde el desafío es trasladar esas capacidades a las empresas y organismos que todavía presentan bajos niveles de digitalización. Este elemento también deberá comprender la eventual sustitución de tareas y modificar las ventajas competitivas de sectores como los servicios globales.

¿Qué prioridades debería tener Uruguay hacia las próximas décadas frente a los cambios tecnológicos, las transformaciones demográficas y las nuevas tensiones del escenario internacional?

En los próximos años la agenda económica de Uruguay deberá centrarse en las políticas mencionadas anteriormente, donde el objetivo deberá ser sostener el crecimiento en un contexto marcado por cierta incertidumbre. Para ello, será necesario mantener niveles adecuados de inversión pública y privada, mejorar la productividad y la competitividad, al mismo tiempo que deberá apuntar a profundizar la educación y elevar los niveles de formación de las personas, fortaleciendo la educación técnica, científica y tecnológica, la capacitación permanente y la reconversión laboral. Esto en un contexto fiscal restrictivo pospandemia y ante cambios tecnológicos cada vez más vertiginosos.

La sostenibilidad deberá incorporarse como un componente transversal de la política económica. Uruguay tendrá que adaptar su infraestructura y sus sistemas productivos a los efectos del cambio climático, proteger sus recursos naturales y avanzar hacia actividades con menores emisiones y mayor eficiencia energética. Al mismo tiempo, deberá aprovechar ventajas como su matriz eléctrica renovable, la trazabilidad de la producción agropecuaria y su estabilidad institucional para posicionarse en mercados que valoran cada vez más los atributos ambientales.