Si observa la evolución del empresariado uruguayo durante los últimos 45 años, ¿cuáles considera que fueron los cambios más profundos en el sector?
Creo que el mayor cambio del empresariado uruguayo en estos 45 años fue que dejó de mirar principalmente hacia adentro y empezó a competir con el mundo. Pasamos de una economía más cerrada, con empresas orientadas al mercado interno, a un país mucho más expuesto a la competencia regional y global. Eso obligó a profesionalizar la gestión, incorporar tecnología, mejorar procesos, controlar mejor los costos y desarrollar una cultura empresarial mucho más exigente.
También cambió la composición del sector privado. Uruguay mantiene sectores tradicionales muy relevantes, como el agro, la industria, el comercio, los servicios, la construcción y el turismo, pero en estas décadas crecieron con fuerza la tecnología, los servicios globales, la logística y la economía del conocimiento. Esto demostró que el país puede competir en actividades de alto valor agregado cuando genera las condiciones adecuadas.
Otro cambio relevante fue la internacionalización. Muchas empresas comenzaron a pensar en la región y el mundo, exportando bienes, servicios, software o conocimiento. Ese proceso marcó un cambio cultural: hoy el empresario uruguayo sabe que crecer implica mirar más allá de nuestras fronteras.
También hubo una evolución institucional. Las cámaras empresariales se fortalecieron y aprendieron a trabajar coordinadamente. La creación de la CCE refleja esa evolución: construir una agenda común para contribuir al desarrollo del país.
Finalmente, también cambió la forma de entender el rol de la empresa. Hoy existe mayor conciencia de que sin empresas dinámicas no hay inversión, empleo formal, innovación ni bienestar sostenible. La empresa no es un actor separado de la sociedad; es una condición necesaria para su desarrollo.
Hoy se habla mucho de productividad y competitividad. ¿Qué entiende que necesita Uruguay para que sus empresas puedan crecer, invertir y generar más empleo de calidad?
Uruguay necesita asumir que la productividad y la competitividad no son conceptos abstractos. Son las condiciones que permiten que una empresa invierta, incorpore tecnología, pague mejores salarios y genere empleo formal. Cuando enfrenta costos elevados, exceso de regulaciones, dificultades para acceder a talento o limitaciones para competir internacionalmente, su capacidad de crecer se reduce.
Por eso necesitamos una agenda de competitividad de largo plazo. Uruguay cuenta con fortalezas muy importantes como estabilidad institucional, seguridad jurídica y una buena reputación internacional. Pero debemos transformar esas fortalezas en crecimiento sostenido. Eso implica reducir el costo país, mejorar la infraestructura, aumentar la eficiencia del Estado, fortalecer la educación y acelerar la inserción internacional.
También debemos consolidar un clima atractivo para invertir. La inversión necesita reglas claras, estabilidad macroeconómica, agilidad administrativa y un Estado que facilite el desarrollo de la actividad productiva.
La productividad también depende del capital humano. No alcanza con discutir normas laborales; debemos invertir en capacitación, tecnología, innovación y una mejor articulación entre el sistema educativo y las necesidades de las empresas. El empleo de calidad nace de empresas competitivas y productivas.
Como país pequeño, además, necesitamos integrarnos mejor al mundo. Más acuerdos comerciales, más apertura y mejores condiciones para exportar son parte de la solución.
En definitiva, Uruguay necesita una agenda moderna basada en inversión, innovación, talento, apertura y un Estado que facilite el crecimiento del sector productivo.
Las empresas enfrentan desafíos muy distintos según su tamaño y el sector en el que operan. ¿Cuáles son hoy las preocupaciones que más se repiten entre las cámaras que integran la confederación?
Cada sector tiene realidades diferentes, pero cuando escuchamos a las cámaras que integran la confederación aparecen preocupaciones comunes.
La primera es el costo de operar en Uruguay. Costos laborales no salariales, energía, logística, combustibles, financiamiento, tributos y cargas administrativas afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas y reducen la capacidad de competir.
La segunda es la burocracia. Aunque Uruguay ha avanzado en digitalización, todavía existen demasiados procesos lentos, permisos que demoran y trámites repetidos. En ese sentido, el proyecto de ley de competitividad presentado por el Poder Ejecutivo, con medidas de simplificación administrativa, representa un primer paso en la dirección correcta. El desafío ahora es profundizar ese proceso y construir un Estado cada vez más ágil y orientado a facilitar la actividad productiva.
La tercera preocupación es el talento. En prácticamente todos los sectores cuesta encontrar personas con las competencias necesarias. Debemos conectar mucho mejor la educación y la capacitación con las necesidades reales del aparato productivo.
También preocupa la escala. Uruguay necesita que más empresas puedan internacionalizarse y para eso hacen falta mejores acuerdos comerciales, infraestructura, financiamiento e instrumentos que acompañen la inserción internacional.
Otro tema recurrente es la regulación laboral. Las empresas necesitan reglas modernas y previsibles que protejan los derechos de los trabajadores, pero que también contemplen las distintas realidades productivas y las nuevas formas de trabajo.
Finalmente, existe una preocupación transversal: el crecimiento. Cuando la economía crece poco, disminuye la inversión y resulta mucho más difícil generar empleo de calidad. Por eso insistimos en que Uruguay necesita una agenda de desarrollo sostenida y de largo plazo.
Si pudiera dejar una recomendación para quienes tendrán la responsabilidad de conducir la economía y el sector empresarial en las próximas décadas, ¿cuál sería?
Mi principal recomendación sería construir acuerdos de largo plazo sobre los temas que determinan el desarrollo. Uruguay tiene una fortaleza institucional que pocos países poseen, pero muchas veces le cuesta transformarla en decisiones estratégicas sostenidas.
Precisamente por eso, desde la CCE participamos activamente en la Estrategia Nacional de Desarrollo impulsada por la OPP y la ANDE. Creemos que el crecimiento sostenible requiere una visión compartida que trascienda los períodos de gobierno y genere consensos sobre los grandes desafíos nacionales.
Necesitamos menos discusión de corto plazo y más decisiones estratégicas. El país debe definir qué lugar quiere ocupar en el mundo, cómo aumentar su productividad, cómo formar el talento que necesitará la nueva economía y cómo potenciar los sectores con mayor capacidad para generar inversión, empleo y exportaciones.
A quienes conduzcan la economía les diría que vean al sector privado como un socio imprescindible para el desarrollo. Las mejores políticas públicas nacen cuando se construyen escuchando a quienes producen, invierten, exportan y generan empleo.
A los empresarios también nos corresponde asumir responsabilidades. Debemos seguir innovando, profesionalizando la gestión, invirtiendo en tecnología y apostando a la mejora continua.
El país necesita dar un nuevo salto en su desarrollo. No desde los discursos, sino desde los resultados: crecer más, exportar más, innovar más, atraer más inversión, generar más empleo formal y mejorar el ingreso de los uruguayos sobre bases sostenibles. Para eso se requiere confianza, diálogo y decisión política.
¿Qué papel considera que tiene el sector empresarial en el desarrollo y el futuro del país?
Hablar de competitividad empresarial es hablar del futuro del país. Una empresa competitiva genera empleo, invierte, innova, exporta, forma personas y crea oportunidades.
Uruguay debe superar la falsa dicotomía entre empresa y sociedad. No existe desarrollo social sostenible sin un sector productivo fuerte y competitivo.
Desde la CCE buscamos aportar una visión que represente la diversidad del sector privado, pero con un objetivo común: contribuir a que Uruguay vuelva a crecer de forma sostenida.
El país conoce bastante bien sus desafíos. Ahora necesita perseverancia para transformar los diagnósticos en políticas de Estado y en resultados concretos. Si logramos construir esos acuerdos, Uruguay tiene todas las condiciones para dar un salto importante en las próximas décadas.