¿Cuáles fueron, a su entender, los cambios más importantes de la economía uruguaya en estos 45 años y qué lecciones cree que dejaron para las próximas décadas?

En los últimos 45 años el país procesó numerosas reformas y mejoras de las políticas públicas. La principal lección es que fueron muy pocas las reversiones de esas políticas, que se consolidaron como políticas de Estado.

Una línea de reforma fue la gradual apertura de la economía, que comenzó en la liberalización financiera de los 70 y que siguió en varias “olas” de apertura comercial en las décadas siguientes: acuerdos Cauce y PEC con Argentina y Brasil en los 80, apertura unilateral y Mercosur en los 90. Aunque el país no logró avanzar en la concreción de más acuerdos comerciales profundos hasta la reciente aprobación del tratado Unión Europea-Mercosur, las políticas tuvieron un foco importante en la promoción de exportaciones y en el acceso a mercados.

La década del 90 trajo una ola de desregulaciones. Se desregularon los mercados agropecuarios, se desmonopolizaron los seguros, se modernizó la regulación de los puertos. Se estableció un marco regulatorio del sector eléctrico, que muchos años después sería clave para el cambio de la matriz energética.

Otra línea de política fue la atracción de inversiones: Ley de Zonas Francas de 1987, política de promoción del sector forestal, acuerdos de inversión que posibilitaron las dos primeras plantas de celulosa, expansión de los beneficios fiscales a la inversión que se puso en marcha en 2007, más tarde la promoción de la construcción de viviendas y también la incorporación de inversión privada en proyectos de infraestructura a través de varias modalidades contractuales (concesiones, PPP, leasing, Cremaf).

En la primera década de este siglo hubo una reforma y modernización del sistema tributario y un conjunto de políticas con foco en una mayor equidad social: el Sistema Nacional Integrado de Salud, la conformación del Ministerio de Desarrollo Social, la reforma y extensión de cobertura de la negociación salarial colectiva y la inclusión financiera son algunos ejemplos importantes.

Por último, a lo largo de estos 45 años hubo una mejora paulatina pero muy significativa de la calidad de las políticas macroeconómicas. Fuimos comprendiendo la importancia de la disciplina fiscal; el Estado mejoró de modo sustancial la calidad y estructura de su endeudamiento luego de la crisis del 2002; la LUC de 2020 trajo una nueva institucionalidad y una regla fiscal que, con modificaciones, se mantiene con un gobierno de distinto signo político. El país también fue incorporando la importancia de contar con una inflación baja y actualmente tenemos los registros de inflación más bajos en 70 años. El régimen de objetivos de inflación se está consolidando, junto con la flotación limpia de la moneda.

Emparentado con las políticas macro, se fortaleció la regulación del sistema financiero, cuyas fallas amplificaron el impacto de shocks externos adversos que derivaron en dos grandes crisis (1982 y 2002).

¿Qué factores entiende que son fundamentales para que Uruguay pueda crecer de manera sostenida y, a la vez, mejorar la calidad de vida de su población?

En los últimos 45 años Uruguay ha mejorado la calidad de sus políticas, pero el ritmo al que avanzamos es muy lento y no alcanza para lograr tasas de crecimiento satisfactorias.

Contamos con una democracia sólida, pero está faltando en nuestros dirigentes una agenda ambiciosa de reformas y una vocación de persuadir a los votantes sobre los cambios que son necesarios.

Necesitamos más inversión y más productividad. Necesitamos entender que la rentabilidad empresarial en Uruguay es insuficiente y necesitamos comprender mejor que son los mercados, orientados por señales de precios y rentabilidad, quienes tienen el papel central en la asignación de recursos y en la canalización del ahorro en inversión y crecimiento.

Cuando miramos las políticas públicas con ese cristal, lo que vemos es una tendencia sistemática a más regulaciones y más costos para las empresas y un reflejo también sistemático a otorgar exoneraciones tributarias. Y ese modelo está agotado, tenemos una infinidad de exoneraciones tributarias, con la inversión en apenas 16% del PIB y la economía creciendo a tasas bajas.

Además de poner el foco en la rentabilidad de las empresas, necesitamos mejorar mucho la calidad del gasto público. Esto requiere una revisión grande de la asignación de recursos para enfocarlos en los asuntos clave (educación, seguridad, pobreza y marginalidad) y que la ejecución de las políticas sea mucho más eficaz y eficiente.

¿Cuáles son hoy los mayores retos de la economía uruguaya para mejorar la competitividad?

En el frente microeconómico, es necesario reducir una serie de regulaciones que agregan costos sin generar valor a la sociedad y una mayor apertura de la economía. El proyecto de ley de competitividad va en la dirección correcta, pero sus efectos van a depender de la reglamentación. Es necesario una mayor apertura de la economía; Uruguay debería proponerse eliminar la tasa consular y reducir todos sus aranceles a valores muy bajos (3%-5%) en un plazo máximo de 10 años. También debería revisar, simplificar y eliminar un montón de controles a las importaciones que realiza el LATU antes de que ingresen los productos a los mercados y fortalecer los controles posteriores (en el mercado).

Asimismo, debemos fortalecer la competencia en los mercados. Para captar inversiones intensivas en energía y avanzar en la electrificación del parque automotor es clave mejorar la regulación del mercado eléctrico, introduciendo más transparencia en las tarifas que aplica UTE. Con la LUC se introdujo más transparencia en la determinación de los precios de los combustibles que cobra Ancap, pero es fundamental terminar con las restricciones a la competencia entre los sellos y entre las estaciones de servicio.

Tenemos que modernizar las relaciones laborales, que están de espaldas a la productividad, a la innovación y a la rentabilidad empresarial. Solo por poner un ejemplo, los convenios salariales vienen aprobando aumentos sistemáticos del salario real en la industria manufacturera, que está estancada hace 15 años y que destruye empleos al mismo ritmo en que se incrementan los salarios. No es posible pensar en incrementos de salarios que no encuentren fundamento en incrementos de la rentabilidad empresarial.

Pero la falta de competitividad también tiene un origen en políticas macroeconómicas inadecuadas: expansión continua del gasto público, que refleja la incapacidad del sistema político de establecer prioridades y de reasignar recursos, y aumentos de salarios sin correlato en la productividad. Es necesario revisar el funcionamiento de la negociación colectiva, ya sea permitiendo el descuelgue de las empresas para introducir disciplina en los reclamos sindicales y en las pautas del Poder Ejecutivo, o estableciendo que el techo de la negociación se acuerde en los sectores exportadores. También es necesario revisar el alcance de lo que se negocia en los convenios colectivos; está bien establecer salarios mínimos, pero carece de sentido estipular también incrementos salariales cuando las empresas ya pagan más que los laudos negociados.

¿Qué prioridades debería incluir la agenda económica del país a futuro?

La reducción de la natalidad y el envejecimiento de la población plantean desafíos que hacen todavía más necesario aumentar la productividad, con inversión, innovación y relaciones laborales modernas. Con una población pequeña y que envejece, el país debe mejorar su inserción internacional, con políticas de apertura comercial y con políticas de atracción de inversiones y de inmigración de personas jóvenes y de personas calificadas.