La tasa nini (proporción de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan, según la definición de la Organización Internacional del Trabajo) bajó de 14,3% a 12,6% entre 2022 y 2025, unas 60.000 personas. Sin embargo, en Montevideo la tasa es de 10,2% y en Río Negro, por ejemplo, llega a 20%. “Montevideo y Canelones concentran cerca de la mitad de la población; si ambos mejoran, arrastran el promedio nacional, aunque otros departamentos se mantengan estables o empeoren”, explicó Silva Sandes en diálogo con CRÓNICAS.

Estos datos surgen de la ficha temática “Jóvenes que no estudian ni trabajan (nini). Análisis comparado de los departamentos del Uruguay, 2022-2025”, que el Observatorio elaboró con datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística.

Según el investigador y doctor en Ciencias Sociales, en los departamentos más afectados inciden mercados laborales poco diversificados, centrados en ganadería, agricultura extensiva y forestación, con empleo zafral que desvincula a los jóvenes cuando termina la temporada. A eso se suma una oferta educativa escasa, en especial a nivel terciario, lo que obliga a migrar o abandonar los estudios. El trasfondo educativo condiciona: solo 45% de los jóvenes egresa a tiempo de la educación media a los 19 años (51,6% si se mide a los 23) y el desempleo juvenil ronda el 25,7%, tres veces más que el general.

El efecto de la frontera

Los cuatro departamentos con peor desempeño (Río Negro, Tacuarembó, Cerro Largo y Artigas) tienen una vida cercana o totalmente ligada a las dinámicas fronterizas. Las diferencias de precios relativos, que llegaron a superar 200% con Argentina y 80% con Brasil, golpean el consumo y el empleo local, razón por la cual el gobierno empezó a implementar en 2025 un paquete de medidas de competitividad fronteriza. “Durante esos períodos, el desempleo en el litoral creció hasta 14%, y afectó particularmente a los jóvenes. Cuando los precios se estabilizan baja, pero no todos los departamentos se recuperan al mismo ritmo”, detalló.

El investigador remarcó que la mirada sobre la frontera suele limitarse al comercio, cuando también hay oportunidades de complementación educativa y social que hoy se aprovechan poco. Además, reclamó una política de frontera más integral y cohesiva, ya que las medidas vigentes, aunque “muy importantes”, “no llegan a cubrir todas las problemáticas”.

Los casos de recuperación

Del otro lado están Treinta y Tres, Soriano, Durazno y Salto, que redujeron su tasa significativamente desde 2022. Silva Sandes atribuye la mejora a que partían de niveles muy altos, a la recuperación económica pospandemia en construcción, agro, logística y agroindustria, y a una articulación estatal más eficaz en esos territorios: “Las políticas nacionales aterrizan de forma distinta según la capacidad de cada oficina local para coordinar con el resto de la sociedad”.

Destacó especialmente el caso de Salto, con oferta universitaria diversificada y de alcance regional: “Es un caso paradigmático. Paysandú viene en un proceso similar, aunque más reciente”. También pesa un factor demográfico, ya que en departamentos chicos la migración de jóvenes hacia otros destinos de estudio o trabajo puede mover la tasa sin que cambie la situación de fondo.

Políticas a medida para una realidad heterogénea

Para el investigador, la conclusión central de la ficha es que la diversidad territorial exige políticas focalizadas y tiene aplicaciones concretas, como ampliar y diversificar la oferta de UTU y UTEC en los departamentos críticos, sumar becas, transporte educativo y centros de cuidados, y vincular la formación técnica con la matriz productiva de cada zona.
El obstáculo de fondo, advirtió, es institucional, dado que “Uruguay es un país unitario donde los organismos actúan verticalmente y pocas veces coordinan de forma horizontal en el territorio. Ese es el principal desafío para que estas políticas funcionen”.