Entre el cierre de 2025 y junio de 2026, la deuda bruta del Gobierno Central pasó de 59,8% a 61,2% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras la participación de la moneda local en ese stock avanzó a 56,6%, cerca ya de la meta de 57% que el equipo económico se fijó para el final de su período de gestión. Son datos que surgen del último Reporte de Deuda Soberana de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas, publicado el 10 de agosto.
Pampín, economista y gerente de PwC Uruguay, ilustró su interpretación de estos datos con una imagen: “Yo siempre lo trato de comparar como si fuera una naranja”, explicó, refiriéndose al conjunto de datos que hacen a la deuda pública. Por un lado, su volumen como porcentaje del PBI tiende a crecer, y eso, consideró, “no es un dato bueno”. Pero, si se corta transversalmente y se mira la gestión de esa deuda (plazos, monedas, residencia de los tenedores), aparecen algunos datos auspiciosos: los vencimientos a menos de un año representan apenas un 6,5% del stock total y la madurez promedio de la deuda ronda los 12 años. Sin embargo, advirtió: “No porque la gestión sea buena debés quedarte con una evaluación positiva”.
Pampín hizo énfasis en señalar que no toda desdolarización es igual. Buena parte de la que exhibió Uruguay en los últimos años se hizo indexando la deuda a unidades de cuenta como la Unidad Indexada (UI), y no directamente en pesos libres. En este informe, aseveró, se ve reflejado que el avance reciente se dio sobre todo en pesos nominales a tasa fija: en los primeros siete meses de 2026 los pesos nominales representaron 57% de la emisión doméstica de Notas del Tesoro, contra 19% en igual período de 2025. “La desdolarización fue nominal”, resumió Pampín.
Según explicó el economista, emitir en pesos indexados protege al inversor de la inflación, pero prestarle al Estado en pesos sin ese resguardo solo tiene sentido si se confía en que los precios seguirán controlados. En ese sentido, señaló el contexto inflacionario actual, de inflación baja y estable, como un fenómeno relativamente reciente. Recordó que el país dejó atrás los dos dígitos de inflación anual en 1998, y que el cumplimiento consecutivo de la meta de inflación es una novedad de estos últimos años.
El peso de las AFAP
El informe también dedica un apartado al rol de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) como inversoras institucionales de la deuda en moneda local justo cuando el gobierno trabaja una reforma del pilar de ahorro individual, surgida del Diálogo Social.
Para Pampín, sin las AFAP no existiría otro actor capaz de ofrecer una demanda doméstica estable y de largo plazo en pesos del volumen que manejan las administradoras; lo describió prácticamente como una condición de necesidad para que la estrategia de desdolarización pueda sostenerse en los términos que la está planteando el gobierno.
La relación con el dólar
Consultado sobre si Uruguay protagoniza ya un cambio estructural en su relación con el dólar, fue cauto: “No creo que haya un cambio estructural todavía”. Argumentó que estos procesos son, ante todo, culturales y, por lo tanto, lentos. Puso como ejemplo el debate sobre la cotización de los inmuebles en dólares. Aclaró también que la desdolarización no debería maximizarse al límite: la moneda en que se toma deuda es, dijo, una cuestión de balance entre costo y riesgo en la que “tenés que tener la flexibilidad para saber manejarte” con distintas herramientas.
Los números del reporte
La deuda neta del Gobierno Central se ubicó en 57,6% del PIB a junio, todavía por debajo del ancla de mediano plazo que el equipo económico fijó en 65%. Entre enero y julio, el gobierno captó en total US$ 4.005 millones (96% en los mercados de bonos y el resto en desembolsos de organismos multilaterales), de los cuales el 54% quedó denominado en moneda local.
El costo relativo de cada estrategia también queda expuesto en el reporte: la tasa promedio del stock de deuda en pesos nominales es de 8,4% anual, contra 5,2% de la deuda en dólares.
En el plano institucional, el 20 de julio Moody's publicó una Opinión Crediticia (sin acción de calificación) que mantuvo a Uruguay en Baa1 con perspectiva estable, y el país alcanzó además el estrato superior del ranking 2026 del Institute of International Finance sobre relaciones con inversores y transparencia de datos de deuda soberana, con 47,4 de un máximo de 50 puntos.