Aprobado por la Dirección General Impositiva (DGI), el plan establece un cambio en la gestión tributaria, al pasar de un enfoque centrado en controlar incumplimientos a un modelo basado en riesgos, la asistencia y el acompañamiento a los contribuyentes.  

Silvia Leal, presidenta del Cceau, señaló que el nuevo esquema tendrá consecuencias concretas para las empresas. “Hoy no alcanza únicamente con presentar las declaraciones juradas en fecha”, dijo. Una empresa puede cumplir formalmente y, sin embargo, mantener diferencias entre su contabilidad, su facturación y la información que la DGI ya recibió. 

En ese sentido, sostuvo que “la coherencia no puede construirse recién cuando llega el vencimiento de una declaración. Tiene que trabajarse y existir desde el momento en que la empresa factura, contrata, paga o registra”.

La DGI cuenta con información proveniente de declaraciones juradas, pagos, facturación electrónica, retenciones, compras, ventas, proveedores, clientes y terceros, entre otras fuentes. El cruce de estos datos permite detectar inconsistencias con mayor rapidez, incluso antes de una fiscalización tradicional. 

El nuevo escenario que enfrentan las empresas 

Según sostuvo la presidenta, “el respaldo documental no debería ser solamente una factura”. El nuevo enfoque no supone necesariamente un aumento de las inspecciones, sino controles más focalizados según el nivel de riesgo. En ese escenario, las empresas que mantienen su información coherente y respaldada reducen su exposición, mientras que las diferencias reiteradas o difíciles de justificar pueden ser detectadas con mayor facilidad. 

La digitalización y las declaraciones precargadas no eliminan la necesidad del asesoramiento profesional. Aunque estas herramientas facilitan el cumplimiento tributario, se basan en la información disponible para la DGI y en criterios generales, por lo que los datos pueden requerir correcciones o complementos según la realidad de cada empresa. “Una declaración precargada es un punto de partida”, advirtió Leal. 

Para fortalecer el control tributario, las empresas pueden aplicar tres medidas. La primera es conciliar ventas, facturación electrónica, contabilidad, declaraciones de IVA e ingresos registrados. La segunda es revisar compras y gastos, considerando el proveedor, el concepto, su vínculo con la actividad, la forma de pago y la documentación respaldante. Por último, realizar una revisión tributaria integral antes de presentar las declaraciones, para verificar la coherencia entre IVA, IRAE, retenciones y demás información enviada a los organismos públicos.

En este contexto, el rol del contador también cambia. A medida que la DGI automatice controles, el profesional tendrá menos tareas operativas y mayor responsabilidad en ordenar e interpretar la información, prevenir riesgos y asesorar en decisiones empresariales. “La tecnología procesa información, el profesional debe determinar qué significa esa información para la realidad concreta de cada empresa”, concluyó Leal.