-¿Qué evaluación hace del estado actual de la macroeconomía?

-La economía está estancada en el mismo nivel de actividad que hace 18 meses. Es probable que veamos en el tercer y cuarto trimestre un rebote, pero no será nada extraordinario, principalmente porque la base de comparación es baja. Ese rebote en el segundo semestre permitiría cerrar el año con crecimiento, pero de forma muy acotada: será menor al 1% y lejos del 1,6% reestimado por el gobierno en la Rendición de Cuentas. Y, más allá de los decimales del resultado, lo que preocupa son los fundamentos del crecimiento.

-¿Qué aspectos estructurales considera que están impactando en esto que menciona?

-Hay que separar lo estructural y lo cíclico. Desde el punto de vista estructural, los motores de crecimiento de largo plazo tienen bajo vuelo, por el bajo dinamismo de la inversión privada en particular, porque falta rentabilidad en los proyectos, por el poco dinamismo de formación de capital humano por temas demográficos y educativos y por el bajo crecimiento de la productividad de los factores. Entonces, desde el punto de vista estructural, no parece muy probable que la economía alcance tasas de crecimiento del orden del 2% en los próximos años si estos factores se mantienen, en particular la inversión, que es el principal driver del crecimiento de corto plazo, que está en el 16% del Producto Interno Bruto (PIB), que es baja en comparación con un conjunto de países con los que nos queremos comparar.

-El crecimiento ha sido uno de los desvelos de Gabriel Oddone, tal como quedó de manifiesto en la Ley de Presupuesto. ¿Qué se puede hacer en este período para revertir el bajo crecimiento?

-La inversión es baja porque la rentabilidad es baja, porque hay una serie de costos que en Uruguay hacen que la inversión esté disminuida. Me refiero a los costos energéticos, los temas portuarios, la forma que adopta la negociación salarial, los aranceles a las importaciones e incluso los temas tributarios. Creo que Uruguay, de alguna forma, va a seguir siendo caro para producir y poco rentable para invertir si no corrige estos temas. Creo que la Ley de Competitividad es un instrumento valioso porque pone una serie de temas sobre la mesa vinculados a la competencia y a la simplificación de trámites, pero el nombre en la ley quedó un poco grande, porque ninguno de los factores importantes que influyen en los costos y que hacen al Uruguay caro están contemplados allí y seguimos arrastrando esas dificultades que conspiran contra las rentabilidades esperadas más altas y, por lo tanto, para la concreción de proyectos de inversión provenientes del sector privado.

-¿Qué quedó por fuera de la Ley de Competitividad?

-Quedaron afuera los temas energéticos, los temas portuarios y la forma que adopta la negociación salarial. Son cosas que hacen al Uruguay caro para producir y poco rentable para venir a invertir. Y, a su vez, también veo algunas señales que van en sentido contrario y que compensan negativamente la buena dirección de la ley. No habrá mejor competitividad en el corto plazo ni mayor inversión si se propone una reducción de la jornada laboral sin ninguna contraprestación, si persisten los paros en el puerto, si continúan las señales en algunas empresas públicas, como el caso típico del portland de Ancap. Creo que esas señales también son negativas y van en contra de la buena intención que tiene esta ley.

-¿Sería bueno pensar en incentivos fiscales ligados a las tarifas energéticas para determinadas inversiones privadas?

-Sí. Creo que en este punto hay varios temas. Uruguay necesita una reforma desde el punto de vista de los energéticos que minimice los costos. Y eso implica que Ancap se abra a la competencia y elimine sus ineficiencias, que UTE se abra al mercado de capitales y pase de transferir una renta monopólica del gobierno a los consumidores, vía menores tarifas en general, tanto en tarifas domésticas como industriales. Y creo que también hay un tema del que se habla poco, que es la carga tributaria. Estoy convencido de que Uruguay necesita liberar recursos hacia el sector privado y, para eso, se necesita reducir la carga tributaria. Y para reducir la carga tributaria, no hay otra forma que recortar el gasto público.

-Alejandro Sánchez el año pasado se refirió a la posibilidad de abrir las empresas públicas a accionistas. ¿Cómo entendés que debería articularse esto en caso de llevarse a cabo?

-La propuesta que el año pasado se esbozó no fue exactamente una apertura hacia el mercado de capitales, sino más bien distintos instrumentos de emisiones de deuda con participación de privados. La apertura al mercado de capitales implica mejoras en términos de gobernanza y desregulatorios, y creo que hay algunas empresas que están más preparadas para eso y UTE es un ejemplo. Pero, al mismo tiempo, para que eso ocurra, o como condición necesaria, hay que sincerar que no podemos pensar en una UTE distribuyendo utilidades extraordinarias al gobierno central todos los años. Una forma de hacer más eficiente la cuestión energética es que esas rentas monopólicas, que hoy UTE observa en sus balances y distribuye a rentas generales, terminen concretándose en una disminución en las tarifas para los usuarios y, por lo tanto, una disminución de los costos productivos del país.

-Hace años se habla mucho de la desmonopolización y desregulación, pero son grandes reformas que terminan frenándose pese a que existan consensos, con ciertos matices, del impacto que pueden tener en la economía. ¿Por qué ocurre esto?

-Hay intereses genuinos, corporativos, sindicales y políticos. Creo que ha faltado voluntad política para llevar adelante estos cambios y, a medida que pasa el tiempo, se vuelven más imperantes. En Uruguay hay bastante consenso sobre cuál es la agenda sobre la cual hay que construir, pero el disenso está en la velocidad a la que hay que ir. Y ha quedado claro que, con 10 años de crecimiento al 1%, esa agenda debe acelerarse. Esto es algo que el sistema político deberá empezar a internalizar.

-¿Qué postura tiene sobre la Rendición de Cuentas que salió aprobada de la Cámara de Diputados y que se encuentra en tratamiento en el Senado?

-El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró contener aumentos de gasto sustantivos, y eso tiene su valor en un contexto de restricción fiscal. Luego, la discusión, como siempre, se da en el margen de los aumentos, que en este caso son US$ 30 millones en un presupuesto de US$ 23.000 millones. Por el lado de las proyecciones fiscales, suponen que no habrá desvíos a las metas de la regla que se fijaron en el Presupuesto, pero el riesgo de que ello ocurra en la segunda mitad del período es alto, principalmente si la economía sigue performando por debajo de lo esperado o la recaudación incremental prevista para los nuevos impuestos y la mejora de la eficiencia no se materializan en su totalidad. Por otro lado, creo que la unificación de transferencias y priorización de la infancia es algo positivo, pero veo señales contrapuestas. Porque, mientras la infancia es una prioridad, lo cual comparto plenamente, Colonización sigue comprando tierras o los contribuyentes aumentan su financiamiento a la Caja de Profesionales.