El mecanismo de reestructuración previsto en el proyecto de ley es un procedimiento especial orientado a deudas de consumo sin garantía, que prevé quitas o esperas pactadas entre las partes con intermediación administrativa de la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Si no hay acuerdo, se puede recurrir a un juez para que resuelva el conflicto. Los acreedores que no entreguen la información pedida o falten a la audiencia deberán afrontar multas. Si tampoco se llega a un acuerdo en la instancia judicial, explicó Lorenzi, el juez debe imponer una reestructuración forzosa, aunque solo para deudas de capital inicial menor a unos US$ 8.000. El mecanismo, en consonancia con el espíritu de la ley, está reservado para quienes no tengan inmuebles (o cuenten solo con una vivienda familiar con un valor de hasta US$ 115.000) o bienes muebles por menos de US$ 12.000, e ingresos líquidos anuales que mensualizados no superen los $ 80.000. 

Lorenzi puso en duda la validez de estos números para segmentar a personas de bajos recursos. “El salario mínimo nacional ronda los $ 25.000. O está muy bajo el salario mínimo o está muy alto este tope”, planteó, y agregó que no encontró en la exposición de motivos la base estadística que justifique esos parámetros.

Tras la negociación por la Rendición de Cuentas, Cabildo Abierto pidió sumar expresamente al proyecto la posibilidad de incluir las deudas con entes públicos al mecanismo de reestructuración en discusión. La abogada matizó la relevancia de esta incorporación al afirmar que, según su lectura, el proyecto en su redacción original no distingue entre acreedores públicos y privados, por lo que las deudas de consumo con empresas públicas, por ejemplo, entrarían al sistema sin necesidad de modificar el texto actual.

Menor margen para el crédito

La segunda reforma que Lorenzi señaló como determinante para el negocio del crédito es la modificación a la ley de usura. El proyecto baja del 55% al 35% el margen que una tasa de interés puede superar por encima del promedio que publica el Banco Central del Uruguay (BCU) para no ser considerada usuraria, y reduce del 80% al 60% el tope de los recargos por mora. Además, para el cálculo de la tasa, se eliminan exclusiones que hoy permiten dejar fuera ciertos gastos administrativos, comisiones y primas de seguro. “Estás bajando la tasa y ensanchando la base con la que se mide si hay usura”, resumió. El resultado, para las empresas que hoy trabajan cerca de esos límites, podría ser una reducción de su margen de ganancia, lo que puede llevar a retraer la oferta de crédito.

La especialista advirtió, sin embargo, que es muy poco probable que el proyecto llegue a votarse sin cambios sustanciales; ya pasaron por la comisión el MEF, el BCU y las aseguradoras, cada uno con objeciones puntuales a distintos artículos. Tampoco identificó herramientas adicionales que debiera incorporar; lo consideró “bastante abarcativo y ambicioso”.

Otras modificaciones en defensa de los deudores

La abogada destacó otras modificaciones que amplían los derechos de los usuarios del crédito. Una es la exigibilidad anticipada: hoy alcanza con el atraso de una o dos cuotas para que el acreedor pueda exigir el pago de toda la deuda; el proyecto eleva a cuatro cuotas consecutivas y obliga a dar antes una oportunidad de regularizar. La otra es la prohibición de prácticas de cobro abusivas o intimidatorias que Lorenzi calificó como “desagradables” desde un punto de vista humanitario: amenazas, llamados constantes en horarios inapropiados y el envío de documentos que simulan ser de la justicia, por ejemplo.