Esta situación plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo un país pequeño, estable y con instituciones relativamente sólidas terminó de pivote en una ruta de máxima importancia en el comercio ilegal global?
La respuesta no está en lo que Uruguay produce, sino en lo que puede transportar. En el mundo actual, tanto el comercio legal como el ilegal dependen de complejas redes de transporte, almacenamiento y distribución. Uruguay presenta una serie de características estructurales que contribuyen a su atractivo como punto de articulación dentro de estas redes: su ubicación estratégica en el Atlántico Sur, la presencia de un puerto con conexiones internacionales, una economía altamente integrada al comercio exterior, mecanismos de control portuario que enfrentan importantes desafíos de modernización y un elevado flujo de mercancías.
Desde la perspectiva económica, el narcotráfico puede entenderse como una actividad empresarial ilícita que busca maximizar beneficios y minimizar riesgos. Las organizaciones criminales toman decisiones similares a las de cualquier empresa: evalúan costos, comparan alternativas, analizan rutas y seleccionan aquellos puntos donde la relación entre rentabilidad y riesgo resulta más favorable.
En este contexto, Uruguay ha adquirido cierta importancia como plataforma logística. Diversas investigaciones internacionales han identificado cargamentos de cocaína que partieron desde Montevideo o que utilizaron al país como etapa dentro de un recorrido más amplio hacia puertos europeos. El mecanismo más frecuente consiste en ocultar droga dentro de contenedores que transportan productos legales. Cuanto mayor es el volumen de comercio legítimo, más difícil resulta detectar operaciones ilícitas específicasUn problema que va más allá de los controles físicos
En julio de 2025, la Organización Mundial de Aduanas publicó el informe Infiltración de las cadenas de suministro de carga marítima. Delincuencia organizada, cocaína y el conspirador interno. El estudio analizó más de 2.600 incautaciones realizadas entre 2023 y 2024 en el transporte marítimo a nivel mundial. En conjunto, representaron 1.347 toneladas de droga, de las cuales el 97% correspondió a cocaína.
Pero existe un dato particularmente relevante para entender el problema: aproximadamente el 68% de los casos analizados involucró a algún tipo de conspirador interno dentro de la cadena logística. Esto se explica porque la 'seguridad' en todas las etapas y en todos los intermediarios es fácil de corromper.
La cifra cambia la forma de mirar la seguridad portuaria. Las organizaciones criminales no dependen exclusivamente de esconder droga en un contenedor y esperar que los controles fallen. También pueden intentar infiltrarse en las personas y procesos que hacen posible el movimiento de la carga. Por otro lado, la inspección de los contenedores en el puerto es a su vez aleatoria, lo que dificulta la detección sistemática.
Operadores portuarios, estibadores, técnicos, tripulaciones y personal vinculado a la logística pueden convertirse en puntos vulnerables de una cadena extraordinariamente compleja. A esto se le agrega la presencia de grupos relativamente pequeños y fragmentados que suelen participar en actividades como almacenamiento, distribución local o apoyo logístico.
Estas organizaciones funcionan como proveedores de servicios dentro de una cadena criminal más extensa. Mientras algunos grupos controlan la producción en los países de origen y otros gestionan la distribución en los mercados de destino, los actores locales aportan infraestructura, contactos y conocimiento territorial. Se trata de una lógica de especialización similar a la que existe en muchas cadenas productivas legales. Las cárceles, por ejemplo, son altamente permeables y funcionan muchas veces como una base de operaciones, aun así sin albergar altos cargos de la mafia y el narcotráfico.
La creciente participación de organizaciones extranjeras, por su parte, refuerza esta dinámica. Grupos criminales de alcance regional buscan reducir riesgos descentralizando operaciones y utilizando socios locales para determinadas etapas del proceso. Desde el punto de vista económico, esta estrategia permite distribuir responsabilidades, disminuir la exposición y aumentar la eficiencia operativa.Uruguay ya ha enfrentado este problema
En mayo de 2023, las autoridades aduaneras interceptaron en el puerto de Montevideo un camión que pretendía cargar 1.4 toneladas de cocaína ocultas en 32 tarrinas de plástico y cuatro tanques metálicos. El cargamento estaba destinado a un buque RORO con destino a Europa.
El país posee características que han contribuido históricamente a diferenciarlo dentro de la región: estabilidad institucional, seguridad relativa, infraestructura y conexiones comerciales internacionales. Estas condiciones son activos para la economía formal y para la vida cotidiana. Pero precisamente por eso resulta importante evitar que sean aprovechadas por actividades ilícitas.
Esto no significa que la estabilidad uruguaya sea, por sí misma, una causa del narcotráfico. La evidencia disponible en el informe de la OMA no permite establecer una relación causal de ese tipo. Sí permite observar algo más concreto: las redes criminales buscan aprovechar las cadenas logísticas existentes y, para hacerlo, pueden recurrir tanto a mecanismos de ocultamiento como a la infiltración de actores que participan en ellas.
El costo no termina en el puerto
El tránsito internacional de drogas genera efectos internos que afectan a la sociedad. Uno de ellos es el fortalecimiento de mercados ilegales locales. La circulación de recursos provenientes del narcotráfico puede incrementar la competencia entre grupos criminales y contribuir al aumento de la violencia asociada al microtráfico.
Otro impacto relevante se observa sobre las instituciones. Los sistemas penitenciarios, los controles fronterizos y las infraestructuras logísticas enfrentan presiones crecientes cuando organizaciones criminales de gran capacidad económica intentan influir sobre ellos. El desafío no consiste únicamente en interceptar cargamentos, sino también en preservar la integridad de las instituciones encargadas de combatir estas actividades. La laxidad de Uruguay para reglamentar y castigar actividades de este tipo no parece ayudar en este aspecto. Aun cuando lo normativo pudiese ayudar, el país tampoco posee los medios físicos para afrontar este problema. Uruguay no tiene, por ejemplo, radares para detectar o interceptar avionetas que aterrizan en pistas cortas en zonas profundas del país, ni inteligencia preparada profesionalmente, ni la tecnología ni equipamientos necesarios.
Además, el narcotráfico genera costos económicos que muchas veces pasan desapercibidos. La inseguridad desalienta inversiones, aumenta gastos en vigilancia y obliga al Estado a destinar recursos significativos a tareas de control y represión. A ello se suman los costos sociales derivados de la violencia, la exclusión y el deterioro de determinadas comunidades.
La experiencia internacional demuestra que las respuestas exclusivamente represivas suelen tener resultados limitados. Cuando una ruta se vuelve demasiado riesgosa, las organizaciones criminales tienden a desplazarse hacia otras alternativas. Por esta razón, numerosos especialistas sostienen que las políticas más efectivas combinan distintas herramientas: fortalecimiento institucional, cooperación internacional, controles tecnológicos, investigación financiera y estrategias de prevención social.
En el caso uruguayo, la cooperación con otros países resulta especialmente importante. El narcotráfico es un fenómeno transnacional por definición. Ningún Estado puede enfrentarlo de manera aislada cuando las etapas de producción, tránsito, financiamiento y consumo se encuentran distribuidas entre múltiples jurisdicciones.
El problema no surge únicamente de las debilidades locales. Uruguay forma parte de una economía global donde existen enormes diferencias entre los costos de producción de la cocaína y los precios que alcanza en los mercados consumidores. Mientras esa brecha continúe siendo tan elevada, seguirán existiendo fuertes incentivos para que organizaciones criminales busquen nuevas rutas y nuevas formas de eludir los controles.
Por eso, el verdadero desafío consiste en evitar que las ventajas logísticas que contribuyen al desarrollo económico del país sean aprovechadas por actividades ilícitas. Los mismos puertos, rutas y conexiones internacionales que facilitan el comercio y la inserción internacional de Uruguay también pueden ser utilizados por redes criminales. La cuestión no es restringir esa apertura, sino fortalecer la capacidad institucional para administrarla. Actualmente, Uruguay es un blanco débil, fácil y poroso en todos los aspectos que resultan atractivos para dejar de ser solo un país de "tránsito" de droga pesada a Hamburgo o Rotterdam a ser, quizás prontamente, un distribuidor en Mercosur.
La historia reciente demuestra que el narcotráfico ya no puede entenderse únicamente como un problema policial. Es también un fenómeno económico, social e internacional. Analizarlo desde esta perspectiva permite comprender mejor por qué determinados países adquieren relevancia dentro de las cadenas criminales globales y cuáles son los desafíos que enfrentan para proteger sus instituciones y su desarrollo.
Estudiante Lic. Economía, Académico Supernumerario, Ganador Segundo Premio Academia Nacional de Economía Edición XIX.