El país usa su reputación para buscar inversores: estabilidad, cumplimiento, baja corrupción, grado inversor, libertad económica y disponibilidad técnica. Además, ofrece una red con 98% de fuentes renovables, altísima calidad en el suministro y potencial de 300 GW para más generación renovable, envidiable para muchos países del mundo y enorme frente a una red nacional de 5.2 GW, con 48% de generación eólica y solar.

Pero si Uruguay fuera tan atractivo, ¿por qué desde 2014 no hay una invasión de industrias electrointensivas de gran porte en el país?

Porque descuida la mecánica sistémica del mundo y solo atiende el mercado local: combustibles para que el país no se detenga y toda la electricidad que los consumidores conocidos pudieran requerir, condicionado a un Estado con déficit creciente (salvo en el gobierno del Dr. Batlle) que necesita que Ancap (con impuestos en combustibles) y UTE (con versión de ingresos excesivos a Rentas Generales) financien cerca del 5% de su presupuesto.

Más allá de discursos y propaganda, la energía en Uruguay es muy cara. Peor, el sistema opera desalentando las grandes inversiones, especialmente en el sector eléctrico en el que UTE es omnipresente y actúa de manera monopsónica y monopólica.

La Ley de Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional de 1997 fija las políticas y el Dec. N° 276 de 2002 las regula en busca de un sector eléctrico atractivo y pujante. Separa los roles normativos, reguladores y empresariales del Estado, creó la Ursea y la ADME (Administración del Mercado Eléctrico) y dejaba a UTE solamente en su rol empresarial en igualdad con los demás actores. Desde el primer momento el rumbo fue duramente resistido por actores políticos y corporativos y el espíritu transformador fue sucumbiendo. Poco de lo previsto se cumplió efectivamente.

La Comisión Multipartidaria de Energía de 2009 mantuvo el rumbo y sentó la base de la transición energética como política de Estado. Con horizonte 2029, constaba de cuatro ejes: institucional (con la gobernanza de la energía), oferta (diversificación), demanda (promover la eficiencia) y social (con las expectativas del derrame de las acciones). A 2026, hay sobrecumplimiento en algunas dimensiones, pero nulo en otras. Básicamente, lo hecho se relacionó con gastar o generar buena prensa, pero lo que suponía cambiar el statu quo, lo sustancial como el rol del Estado y la participación de privados, retrocedió.

Las empresas con más de una actividad en el mercado deben llevar contabilidades separadas para evitar el abuso de la rentabilidad de actividades reguladas (transporte y distribución) en detrimento de actividades competitivas (generación y comercialización). Imprescindible para garantizar un sector sano, transparente, sin subsidios cruzados y sin barreras entre actores. UTE no cumple.

“UTE distribuidor” (vende a hogares, comercios e industrias) no cumple con la obligación de precontratar parte de la potencia que va a usar (para clientes libres es 50% de la potencia prevista y 70% para distribuidores) y complementar el resto a un precio que determina la Ursea. Si lo hiciera, debería dejar libre su capacidad de generación remanente para otros agentes. “UTE generador” renuncia a una fuente de ingreso para establecer una barrera técnica insalvable para grandes consumidores y barrera de entrada a grandes generadores, afectando a grandes industrias que podrían instalarse en el país. Un abuso de su posición en el mercado, apartándose del espíritu y letra de la normativa vigente.

La incorporación de capacidad de generación requiere de un procedimiento competitivo dictado desde el PE. Sin embargo, la ampliación es planificada como inversión de UTE, ya sea directamente o a través de licitaciones para que privados instalen capacidad a ser vendida en exclusividad a UTE. Fatal desincentivo a la instalación de generadores privados independientes.

UTE domina el mercado de varias formas: tiene información y capacidad de análisis y de contrapropuesta técnica muy superior a Ursea o ADME; ADME contrata a UTE la infraestructura y gestión del Despacho Nacional de Cargas, organismo donde UTE posee un lugar en el directorio junto a consumidores, generadores, el PE y Salto Grande, que solo le puede vender a UTE; el PE, a su vez, define a su conveniencia las tarifas y directrices de grandes inversiones energéticas de UTE. Entrevero lapidario.

Así, UTE actúa como ventanilla única para cualquier inversor desprevenido que llegue atraído por las ventajas que tanto se promocionan. Es un interlocutor que en su propia interna tiene una tensión superlativa entre tres negocios que deberían actuar de manera independiente y competitiva: generación, transmisión y distribución. Al disimular sus fronteras internas en la burocracia estatal, el conjunto actúa en función de lo que más necesita, pero limitado a criterios fiscales de OPP y MEF, no de las necesidades y oportunidades del país. La atracción de inversiones queda rehén del corporativismo de una empresa estatal con posición omnipresente y subordinada a la captura de renta monopólica para financiar las arcas de un Estado enfermo.

No falla UTE, sino la política, que desconoce lo evidente: la necesidad de crear un mercado eléctrico libre, altamente competitivo y decididamente atractivo, que promueva el desarrollo, no el statu quo.

(*) Presidente del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP).