Las actuaciones que afectan a médicos colegiados permanecen reservadas hasta que el fallo quede firme; las partes asumen un compromiso expreso de confidencialidad. La reserva protege la intimidad y evita anticipar conclusiones; también permite defenderse y que el TEM valore la prueba con independencia.
El Tribunal examina posibles faltas a la ética, deontología y diceología médicas, conforme a la ley y al Código de Ética Médica. Es funcionalmente independiente. Sus decisiones se basan en las actuaciones, pruebas y normas aplicables. Esa autonomía exige que sus integrantes trabajen sin presiones ni condicionamientos y garantiza imparcialidad real.
Cada integrante tiene el deber personalísimo de abstenerse si concurre una causal prevista que afecta su imparcialidad. Denunciante y denunciado también pueden recusar por las causales previstas. Disentir de una opinión o decisión no basta: el planteo debe fundarse y tramitarse según las reglas.
La denuncia debe presentarse por escrito: identificar al denunciante, describir los hechos, individualizar al médico denunciado si es posible, indicar la prueba y precisar lo solicitado. Debe estar firmada e incluir los datos de contacto y domicilio electrónico previstos en el reglamento. Quien denuncia debe ratificarla personalmente ante el Tribunal. No corresponde agregar canales o requisitos no establecidos en la normativa.
Recibida la denuncia, el TEM revisa las formalidades y resuelve si corresponde admitirla. Si solicita aclararla o completarla, permite al denunciante precisar su planteo para que una omisión o redacción confusa no impida el análisis. Así, además, el médico conoce qué se le atribuye y puede defenderse. Admitida, se da traslado al denunciado para contestar; luego se fija el objeto del proceso y se convoca a audiencia de prueba. Las partes pueden ofrecer y controlar pruebas y presentar argumentos. El médico tiene derecho a ser oído y contar con asesoramiento legal. Las decisiones deben fundarse y respetar la igualdad procesal. La denuncia no determina por sí sola responsabilidad ni sanción.
Es necesario distinguir los distintos planos de responsabilidad. La responsabilidad ética examina si la conducta se ajustó al Código de Ética Médica. La Comisión de Salud Pública puede actuar como tribunal disciplinario ante faltas profesionales que impliquen apartarse de normas, ordenanzas o reglamentos. La responsabilidad administrativa refiere a deberes frente a una institución o a la Administración; la civil puede implicar reparar daños y la penal determina si se cometió un delito. Cada ámbito tiene autoridades, reglas y consecuencias propias. Que los mismos hechos se analicen en varias sedes no convierte al TEM en instancia penal o administrativa ni le permite sustituir a la Comisión o a la Justicia. Su competencia es determinar si hubo falta ética.
Las sanciones previstas van desde la advertencia y amonestación hasta la sanción educativa y la suspensión temporal del registro profesional. La medida depende de lo probado, la gravedad y una decisión fundada. Si se dispone una suspensión, interviene el Ministerio de Salud Pública según la ley. Firme el fallo, rigen las reglas de publicación y los resguardos de identidad e intimidad del reglamento.
Aunque es joven, el CMU ha acumulado experiencia. El 8 de noviembre de 2023 presentó al Parlamento un proyecto de reforma de su ley de creación y del Código de Ética Médica. La iniciativa pasó a la Comisión de Salud del Senado, pero no prosperó. En esta comparecencia, reiteró su disposición a proponer mejoras y concurrir cuando sea necesario. La reforma debe preservar la independencia del TEM y los derechos de denunciantes y denunciados.
La confianza en la medicina requiere vías claras para denunciar, procesos que permitan conocer y controvertir la prueba, decisiones fundadas y sanciones proporcionales si se comprueba una falta. Explicar las reglas permite que el debate público conviva con un proceso justo y el respeto a las decisiones. El Tribunal de Ética debe trabajar sin presiones.
(*) Presidente del Colegio Médico del Uruguay.